Se activa el Jurado de Enjuciamiento de Entre Ríos

Jury: analizan descargos de García y Goyeneche.

El Jurado de Enjuciamiento de Entre Ríos, tribunal a cargo del juzgamiento de los miembros del Poder Judicial, comenzó con el proceso de análisis de las denuncias -y sus correspondientes descargos- por presunto mal desempeño contra el Procurador General Jorge Amilcar García; y la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche.

Según informó el secretario del organismo, Eduardo Rodríguez Vagaría, el «expediente está a despacho para resolver» y corre el plazo judicial para que haya un dictamen. Los integrantes tienen 60 días para analizar el caso.

La denuncia contra Goyeneche fue presentada en julio, primero, por el abogado Guillermo Reggiardo –conocido por defender al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi- y, luego, por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet –quienes, entre otras causas, son conocidos denunciantes del exgobernador Sergio Urribarri-. El primero denunció sólo a Goyeneche, mientras que sus colegas lo hicieron también contra el Procurador General Jorge Amílcar García. Ambos expedientes fueron acumulados por el Jurado de Enjuiciamiento.

El Jurado está integrado por el presidente del STJ, Martín Carbonell, los vocales del STJ Daniel Carubia, Miguel Ángel Giorgio, el senador provincial Armando Gay, el diputado provincial Gustavo Zavallo, y las abogadas Sonia Mabel Rondoni y Elsa Margarita Jachuk.

Consultado sobre en qué etapa se encuentra el procedimiento, Eduardo Rodríguez Vagaría, secretario del Jurado, sostuvo que «el expediente está a despacho para resolver desde el 24 de agosto» y explicó que el Tribunal debe expedirse sobre el rechazo a la denuncias que expresó Goyeneche; y sobre un planteo de competencia que formuló García. Desde entonces pasaron 47 días hábiles, pero hay que descontar los inhábiles judiciales como el del 29 de agosto, que fue el Día del Abogado.

«El doctor García consideró en su descargo que el Jurado de Enjuiciamiento no es el organismo competente para tramitar el juicio político, sino la Legislatura. Y respecto de la doctora Goyeneche está para resolver si aceptan la denuncia y si le dan tramite a partir de la formación de causa. Ambos expedientes están acumulados por haber conexidad subjetiva», señaló Vagaría en diálogo con Entre Ríos Ahora.

En ese sentido, agregó que el hecho de que el expediente esté a despacho para resolver «significa que los denunciados fueron notificados, presentaron sus descargos y, a partir de ese momento, el jurado debe resolver la formación o no de causa respecto a Goyeneche y la competencia o no respecto a García».

En cuanto a los plazos para que el dictamen del Jurado se conozca, indicó que «hay un plazo de 60 días hábiles, como lo marca la Ley Nº 9283, modificada por la Ley Nº 9513. Esta última es importante porque es la que estableció los plazos para esta instancia procesal que son de 60 días hábiles desde la puesta a despacho. Son 20 días hábiles para quien encabeza la votación, porque es a quien le corresponde hacer las resultas del expediente; y seis días hábiles para cada uno de los otros integrantes».

Finalmente, refirió que «luego de la emisión de los votos hay que ensamblarlos y reunir al jurado o recolectar las firmas». En ese caso, advirtió que «se da la particularidad que no todos los integrantes del Jurado residen en Paraná, como el caso del legislador Gay o la abogada Rondoni, porque lo que se altera el plazo judicial un par de días por el ir y venir del expediente que sale de la jurisdicción Paraná».

La acusación

Pagliotto y Mulet acusaron al Procurador y la Procuradora Adjunta de mal desempeño, incumplimiento de deberes funcionales y graves desórdenes de conducta.

Entre otras cosas, los abogados Pagliotto y Mulet le endilgan a la Fiscal Anticorrupción, Goyeneche, su participación en la causa Contratos en la Legislatura. La acusación, dice: «En fecha 7/12/2018, en ocasión de llevarse a cabo ante la jueza María Carolina Castagno la audiencia pública y videograbada para tratar el recurso de apelación deducido por las defensas técnicas de los ciudadanos imputados Gustavo Pérez y Ariel Faure con motivo de haberse dictado la prisión preventiva de ambos por parte de la jueza de Garantías Marina E. Barbagelata, la Procuradora Adjunta Cecilia A. Goyeneche, fungiendo a unísono de Fiscal Anticorrupción (designada por el propio Procurador General, obviando la clara manda constitucional local del art. 208º), enfáticamente niega, a la vista y oídos de todos, tener vínculos comerciales o societarios de ninguna naturaleza con el imputado en esa causa, Cr. Pedro Eduardo Opromolla, a raíz de una nota publicada en fecha 05/12/2018 en el matutino El Diario de Paraná (escrita por el periodista Néstor Bellini) en la que se daba cuenta de que el aludido encartado y la referida Procuradora Adjunta, eran condóminos o copropietarios de un inmueble (departamento) sito en calle 9 de Julio Nº 165 de la ciudad de Paraná, lo que la Dra. Goyeneche atribuyó enfáticamente a una furibunda campaña de desprestigio montada contra los investigadores de este caso por parte de las defensas y ciertos medios de prensa, habiendo usado en la ocasión la estridente frase: ´Es falso su señoría´, discurso que es de público y notorio conocimiento y que se acompaña como prueba con este memorial de promoción de Jury».

En tanto, a García le endilgar que «falta de vigilancia del movimiento general de la causa a cargo de su subalterna, y de no ejercer los inexcusables deberes a su cargo al no apartarla para que continuara con la investigación» de la causa Contratos.

Como contó Entre Ríos Ahora, la funcionaria judicial planteó en su descargo que la denuncia está plagada de datos falsos e inexactitudes, y que el fin de la presentación es intimidar a los integrantes del Poder Judicial que investigan delitos de corrupción.

Además, sostuvo que nunca tuvo una relación comercial con el imputado en la causa de los contratos en la Legislatura, Pedro Opromolla, y que éste tuvo un vínculo de amistad con Luis Sebastián Orlando Bertozzi, su esposo, a fines de los noventa. También explicó que participó de dos fideicomisos de construcción en los que estaba el contador Opromolla, pero que no se trató de una relación comercial.

Por otro lado, negó haber tenido un trato diferencial entre Opromolla y otros acusados de la causa Contratos y recordó que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry piden 6 años de cárcel para el contador en el escrito de remisión de la causa a juicio. Asimismo, rechazó la acusación de que amenazó al abogado Miguel Ángel Cullen (defensor de Gustavo Pérez, exadministrador del Senado, imputado en la causa Contratos) durante una audiencia celebrada el 7 de diciembre de 2018.

Los dichos públicos de García

El 5 de agosto, el Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, defendió el rol de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal en medio de las denuncias en su contra. Fue la única delcaración pública al respecto. Lo hizo en el marco del acto de juramento a los fiscales que concursaron a través del Consejo de la Magistratura.

“Nos bancamos la mala prensa y el enojo. Nos bancamos las denuncias difamatorias porque en realidad esas denuncias no están dirigidas contra nosotros, contra los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Para nosotros es un elogio que personas de laya moral muy baja nos denuncie”, dijo García en la ceremonia que fue trasmitida vía Zoom.

Foto. ERA