El Fiscal de Estado aceptó el criterio del Superior Tribunal de Justicia.

Rodríguez Signes aceptó el criterio expuesto por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que fijó que mientras la Corte defina qué fuero debe proseguir la investigación -el ordinario, como hasta ahora, o debe trasladarse a la Justicia Federal- los plazos procesales quedan suspendidos y no se puede avanzar con ninguna medida.

Indica el portal ERA que el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, actor civil en representación del Estado provincial en la investigación penal que busca desentrañar si hubo un perjuicio millonario al fiscal con la operatoria de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana, planteó una posición diferente respecto de lo resuelto por la jueza de Garantías, Marina Barbagelata.

La magistrada decidió no suspender los plazos procesales, pese a que el caso está en la Suprema Corte de Justicia para dirimir una cuestión de competencia.

Rodríguez Signes aceptó el criterio expuesto por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que fijó que mientras la Corte defina qué fuero debe proseguir la investigación -el ordinario, como hasta ahora, o debe trasladarse a la Justicia Federal- los plazos procesales quedan suspendidos y no se puede avanzar con ninguna medida.

“A partir del temperamento expuesto por el STJ y de la fuerza vinculante de sus decisiones, va de suyo que la problemática luce ya dirimida en sentido suspensivo del proceso, no correspondiendo explayarme en demasía sobre el tópico”, planteó el fiscal de Estado en un escrito que presentó a la jueza Barbagelata.

El brete se produjo tras la resolución que adoptó el 16 de junio último el juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, que introdujo una cuestión de competencia en  la causa contratos:  le pidió a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata las actuaciones.