M. Puella

Las demandas purgan entre la remoción o el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte, pero ¿por qué?

Desde distintas agrupaciones y sectores sociales convocamos a la marcha del 1 de febrero (1F) a la Corte Suprema de Justicia. Estamos tratando de nuclear, conformar y aunar el criterio, que es amplio, valorando los diferentes actores que participarán de ella y su concurrencia. Las demandas purgan entre la remoción o el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte, por los motivos que ya se conocen: haberse avenido, ingresar por decreto por fuera del mecanismo constitucional que establece el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, por auto votar su propia presidencia y vicepresidencia, por las demoras en sus sentencias. Hay entre 50 a 55 causas que están a la espera de resolución por delitos de lesa humanidad.

La mayoría de los abogados laboralistas que integran nuestro espacio saben que desde noviembre de 2015, cuando ya sabían de la asunción de Mauricio Macri, se dictaron fallos laborales absolutamente regresivos en materia de derecho de huelga, de indemnizaciones por accidentes y enfermedades profesionales en sintonía con la modificación legislativa que se hizo en este sentido para favorecer a las aseguradoras, como así en que el trabajador pague las propias costas del juicio.

Otro cuestionamiento es que la Corte debería intervenir en casos extremadamente circunscriptos como los que involucran normativa constitucional o internacional, pero fue ampliando desde toda su historia su competencia a través de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia.

Otra cuestión que integra el reclamo es el haber hecho caso omiso a la vulneración del Estado de derecho, como son las interceptaciones telefónicas que afectan directamente al derecho de defensa cuando fueron entre abogados y detenidos, conociendo por anticipado la estrategia de defensa, violando el debido proceso.

La Dajudeco (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), que es la oficina de escuchas, pasó en diciembre de 2015 (y por un decreto de Macri) de la esfera de la Procuración encabezada en ese momento de la Cristina Caamaño y la ex procuradora Alejandra Gils Carbó a la Corte Suprema, duplicando su personal y aumentando el presupuesto a pedido de la misma Corte. Allí era empleado el hijo de Carlos Stornelli, por ejemplo.

Todos los que ahora se quieren limpiar del tema de las escuchas, tuvieron que recibir al comisionado de la ONU en materia de independencia del poder judicial para decir que habían aumentado exponencialmente las interceptaciones telefónicas, que es una herramienta restrictiva en materia de investigación penal y que es otra de las modificaciones que se hizo en la ley de inteligencia del presidente Alberto Fernández para prohibir que la AFI tome investigaciones criminales.

Esto se ve también con lo que se descubrió de la Gestapo antisindical. Entonces la Corte, recién ahí, cuando ya estaban en caída y se sabía que ya habían pasado las Elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias, dicta una acordada para hacer notar esta situación y le pasa la pelota al Consejo de la Magistratura en la fiscalización y a la Comisión Bicameral de Inteligencia actual.

Con respecto a la ampliación del número de integrantes de la Corte, que es otro pedido a realizar, el juez Horacio Rosatti le dijo que paradojalmente, si se amplía el número de sus integrantes, las sentencias van a ser aún más lentas. Algo increíble.

Básicamente es ese panorama, que resumo en fallos absolutamente demorados, omisivos y contrarios en materia de lesa humanidad, con más de 50 causas que esperan resolución, muchos recursos de queja, incluso el de Milagro Sala para revisar su detención actual desde marzo de 2020. Casos así hay miles. Incluso el hermano de Santiago Maldonado expresó hace unos días que le habían cobrado una tasa de $100 mil por un recurso de queja, y que aún no se había resuelto. Esta suma que se debe abonar para que un caso llegue a la Corte es total y profundamente anti obrera. Recordemos también que Ricardo Lorenzetti se reunió en 2018 en el Jockey Club para anticiparle a los empresarios que los fallos iban a ser “en favor de la inversión de la industria” e iban a modificar la doctrina en materia de derechos laborales.

Por este tipo de situaciones es que tenemos un compromiso desde la dirigencia política con la sociedad en ponernos a la cabeza del reclamo de sus derechos constitucionales.

* Analista político y presidente del Frente de Agrupaciones Peronistas