N. Bellini

Este lunes 2 de mayo comenzará a desarrollarse un nuevo capítulo de la ¿disputa? que ¿mantienen? el poder político y el poder judicial, en la provincia. Así, ambos en minúsculas porque no se está refiriendo a la naturaleza republicana de sus competencias y mandatos, sino a sus intereses. Será en el jury contra la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche. Será juzgada por el presunto mal desempeño en sus funciones en la denominada causa Contratos en la Legislatura.

Una noticia que se conoció a través de los medios informó que Goyeneche solicitó al Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE) que el proceso se transmita por el canal de YouTube del Poder Judicial (PJ) y que no haya ningún tipo de restricción para seguir online las instancias del proceso que se sustancia en su contra.

El jueves a la noche, este periodista recibió la información de que el HJE resolvió transmitir sólo los alegatos de apertura y de cierre del jury. La noticia se confirmó, también por medios de comunicación, al día siguiente.

Si bien Goyeneche no hizo su pedido específicamente refiriéndose al PJ, citó como antecedentes el juicio contra el ahora condenado ex dos veces gobernador de la provincia y ex embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri, y del destituido juez de Paz de Gualeguay, Sebastián Salem.

Goyeneche destacó los beneficios del “positivo efecto” de difundir de cara a la sociedad este tipo de proceso. En el comienzo del juicio contra Urribarri, la fiscal anticorrupción argumentó en contra de lo ahora reclamó para sí.

La trasparencia de los actos de gobierno no es solo “cosa” de funcionarios, sino de toda la sociedad. Goyeneche dirigió su pedido al Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE). Allí pidió que se disponga la transmisión en directo, via streaming, de las audiencias.

Hasta el jueves, solo se nombraba al Poder Judicial, pero el HJE está integrado por dos estamentos más: legisladores y abogados de la matrícula. Los órganos que comprenden a los primeros, y la institución que lo hace con los segundos, tienen sus respectivos canales.

Ellos también deberían haber acompañado el pedido de la Fiscal y poner a disposición de la sociedad los recursos necesarios para poder seguir las instancias de tan importante acto público.

Finalidad

EL DIARIO fue el único medio que en el juicio contra Urribarri, ex ministros, ex funcionarios y particulares, señaló la gravedad de la “sugerencia” del Tribunal, integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, que a través del primero, propuso y puso a consideración de las partes, como una “medida saludable”, que las declaraciones testimoniales no se transmitan en directo por el canal de Youtube del Poder Judicial, con el fin de prevenir que la posible comunicación entre testigos interfiriera en el normal desarrollo del proceso.

Chemez cerró la sugerencia manifestado: “Creemos que hace a la buena finalidad de este proceso”.

La sugerencia se realizó después de resolver rechazar los pedidos de las defensas de suspender el juicio por la situación de pandemia. Las defensas la cuestionaron.

Finalmente el juicio se transmitió para toda la sociedad. Esto fue -y es- importante también, y tal vez sobre todo, porque los ciudadanos tuvieron la oportunidad de realizar por sí mismos una evaluación de los desempeños de todos lo que estuvieron en ese histórico juicio, abogados, fiscales, y especialmente, los jueces.

Oportunidad

Goyeneche pidió para sí, y es genial, el derecho a hacer uso de herramientas extrajudiciales –la transmisión online de la audiencia- para acceder a garantías constitucionales elementales como la de defensa en juicio.

En este sentido cabe preguntar si la fiscal anticorrupción pudo reflexionar sobre la gravedad de lo que antes apoyó, cuando argumentó para que no se transmitieran las audiencias del juicio a Urribarri, ex ministros, ex funcionarios y particulares.

Según se publicó, Goyeneche expuso su “honda preocupación” ante el anuncio que dio cuenta de que a partir de la apertura de Tribunales, tras las restricciones por la pandemia, se dejaban de transmitir por el canal de YouTube del Poder Judicial las audiencias en Tribunales de Paraná. Entendió que era bueno que la sociedad se enterara lo que se estaba juzgando sin -¿molestas?- intermediaciones.

Cuando no creía que era preocupante que la sociedad pudiera sacar sus propias conclusiones, Goyeneche manifestaba: “Nos parece bien que no se transmita y que puedan acceder los periodistas sin posibilidad de grabar”, y cerró con un “por supuesto”.

Más allá de la especial situación por la que atraviesa Goyeneche, que no está obligada a decir la verdad para defenderse, es para reflexionar el uso que hace de la oportunidad.

Aquello se podría relacionar con el principio de objetividad que determina la función de los fiscales. Así, surgen preguntas. Algunas pueden ser ¿se puede confiar en funcionarios que, como se dice en la calle, usan una situación “cuando les conviene” y la niegan cuando no, aunque signifique disminuir la posibilidad del acceso a la información de actos públicos, entre otras cuestiones tan importantes como la defensa en juicio? ¿se puede confiar en lo que sucede en las famosas “entrevistas” informales en las que los fiscales dialogan con testigos que luego van al debate? ¿Alguien puede sostener sin ningún tipo de dudas que las defensas son notificadas de la existencia de un testigo que podría beneficiar al imputado?

La ciudadana o ciudadano de a pie puede decir, desde su lugar, que los fiscales “están para acusar, no para defender”. Nada que adversar en aquel punto, solo recordar que a los fiscales les compete el principio de objetividad.

Ese que todos, cuando son recusados o se les pide que se excusen, ponen sobre la mesa con algún gesto de perplejidad. Lo hacen como si fuera un derecho divino que no se puede cuestionar.

La fluctuante dinámica judicial

Fuentes judiciales de frecuente consulta deslizaron que el pedido de Goyeneche, “atento al notorio interés público” de la causa en su contra, abreva en intereses relacionados con la fluctuante dinámica judicial.

Así, enigmáticamente, mencionaron que “quienes ayer eran enemigos, hoy no lo son aunque parezcan”. Otro, de mejores vinculaciones con legisladores y funcionarios, instó a recordar al exdiputado “(Félix) del Real”, y añadió que lo hacía “por la inesperada panquequeada” del ex legislador justicialista que, a principios de siglo, tuvo un vuelco sorpresivo en el juicio político que se intentó sustanciar contra el ex gobernador, Sergio Montiel.

(*) Especial para El Diario