El Dr. Rubén Pagliotto postula la inmediata renuncia del Procurador Dr. García.

ESCRITO COMPLETO

“Frente a los incalificables hechos de vandalismo y violencia patoteril de un grupo organizado de personas que propician la restitución al cargo de la Procuradora Goyeneche y repudian al Ex Gobernador Uribarri, consistentes en haber agredido bienes públicos del municipio y escrachado con inusitada violencia a un grupo de respetados y caracterizados colegas que ejercen defensas de ciudadanos imputados por supuestos hechos de corrupción, llegando incluso a provocar daños en el inmueble donde funciona el estudio de los estimados Dres. Barrandeguy, Pérez y Méndez, correspondía que algunos de los tantos fiscales que integran el MPF o el mismísimo Procurador General (tan proclive a dar instrucciones a sus subordinados hasta en temas ínfimos e intrascendentes) procedieran a abrir de inmediato una Investigación Penal Preparatoria (IPP) tendiente a identificar personas intervinientes en los gravísimos desmadres aludidos, la intensidad de los mismos y el nivel de participación que cada persona tuvo en los hechos acometidos en contra de bienes públicos y de los abogados agredidos verbal y gestualmente con frases propias de autoritarios y antidemocráticos, que exhibieron, como nunca, una intolerancia extrema y una irracionalidad preocupante. Y lo peor de todo, que muchas de esas frases son la réplica exacta de las que ha pronunciado y pronuncia a diario la destituida Fiscal Goyeneche en su raid mediatico de mentiras, injurias y ocultamiento de la verdad. El Procurador, en este caso, con la misma inercial quietud y absoluta falta de compromiso que lo caracteriza, miró para otro lado, cerró los ojos y la boca, como que aquí no hubiese pasado nada. Seguramente que si los mismos hechos se hubieran producido en un caso de gente común, en una actitud de plagiada sobreactuación, García hubiera dado un encendido discurso achacándoles a los revoltosos un “desprecio por lo que comunica la norma y que excediendo el riesgo permitido, conociendo y sabiendo que despreciaban lo prohibido, pusieron en jaque la paz social y bienes públicos y privados, con lo cual se comprometia esa Procuración a iniciar las actuaciones correspondientes….”.

No ha sido este el caso. Aquí están en juego intereses inherentes al MPF y en especial el del Procurador y su ex segunda, hoy destituida por haber sido responsable de graves desórdenes de conducta.

Esa falta de reflejos del Procurador que más se parece a impunidad que a desidia no puede ni debe tolerararse. Al día de la fecha de inmediato deberia iniciarse una causa penal por ostensible incumplimiento funcional al Sr. Procurador, quien tiene posición de garante de la legalidad y por ello o debe evitar que estas cosas ocurran o bien que, ocurridas, debe de inmediato ordenar el inicio de una investigación de oficio.

Es por lo que no ha hecho que se le debe iniciar una causa penal en su contra y, a la par, ante la absoluta pérdida de autoridad y confianza de los ciudadanos en su figura institucional, debería presentar su renuncia, contribuyendo con ello a restaurar el orden alterado y la institucionidad perdida. Quizas su renuncia sea la mayor contribución que pueda hacerle a la provincia y sus habitantes. Si en casi 15 años de permanencia (no honró su cargo, sólo permaneció en él atado a sus privilegios y altísima cuota de poder) no fue capaz siquiera de escribir a lápiz un borrador de Política Criminal, menos lo hará en este momento, donde su figura y autoridad están altamente deterioradas y desjerarquizadas por su propia inacción y por querer jugar a la política sin tener cabal idea de ello ni se sus deletéreos riesgos. Fue un Procurador que todo el tiempo, fiel a su narcisismo patológico, se miró su propio ombligo y construyó un inmenso poder a partir de ser un iniciador de causas contra funcionarios que jamás avanzaban o lo hacían muy poco y a paso de tortuga renga, con lo cual llegó un momento que propios y extraños, entre los que no me incluyo, comenzaron a temerle hasta llegar a lo reverencial, lo que significó generar una suerte de cambalache discepoleano alrededor de su figura. Fue así, por caso, que disponia de dineros públicos para honrar compromisos y obligaciones que debía saldar con recursos propios; inventaba teorías desopilantes para dar impunidad a algunos y repartir castigos a otros (Caso Contratos truchos); conceder plazos a ciertos funcionarios para que pongan sus papeles en orden para no tener que iniciarles causas; ignorar ciertas denuncias a funcionarios con los que mantenia ciertos vínculos amistosos, manteniendo pisadas esas causas; o instruyendo a algún fiscal, para que adelante fecha de indagatoria de un ex gobernador, trasladándola para un día y horario inhábiles; o el súper favorable acuerdo de juicio abreviado que defendió hasta donde más pudo a favor de José Allende, tarea que llevó adelante junto a su segunda a la sazón Procuradora adjunta Goyeneche; nombramientos sin concurso a troche y moche y traslados arbitrarios de quienes habían rendido y ganado para una jurisdicción y que ejercieran a su antojo en otras; el mantenimiento impune en sus puestos de fiscales denunciados por acoso sexual de colegas y otras gravísimas irregularidades y así un cúmulo aún mayor al referido de irregularidades y desmanejos.

El Procurador, además, ha permitido, al menos tácitamente, que dependientes de su organismo, raiz de la destitución de Cecilia Goyeneche, hagan declaraciones que exorbitan las propias de un integrante del MPF o que otros porten carteles con acusaciones injuriantes a miembros del Poder Judicial y al propio servicio de justicia o que falten a sus trabajos para oficiar de clacke decadente de la destituida fiscal Goyeneche o firmar comunicados agresivos y calumniosos contra profesionales del foro y Magistrados de la provincia. En fin, no le han quedado heces por hacer al Procurador General, habiendo permitido todo tipo de relajamiento dentro de su organismo, estando más dedicado a hacer politica y lobby que a diseñar una política criminal y cumplir con los deberes que las normas le imponen, despreciándolas y desoyéndolas de modo inexcusable, provocando con ello daños inconmensurables a la institucionalidad y alterando la paz social.

En aproximación típica y a la luz de los acontecimientos revoltosos de las últimas horas y también días, acaso el Procurador debió advertir y mandar a pesquisar la posible comisión del delito de Alzamiento público. Esto es, “alzarse sin armas con el propósito de impedir la ejecución de las leyes u órdenes” (art. 230, inciso 2 del CP). Este delito importa la violación del orden constitucional y así debe considerarse a estos conatos, urdidos e ideados por gente con profundos conocimientos jurídicos, como se supone tienen los fiscales.

Es decir, tenemos por un lado estos hechos que constituirian el injusto antes referido y por el lado del Procurador General, su ostensible incumplimiento de positivos deberes a su cargo.

Está claro entonces que le ha llegado la hora inexorable al Procurador de renunciar a su cargo y poder oxigenar un espacio institucional muy importante y necesario. Es hora también de que nuestros dirigentes politicos y funcionarios, asuman sin beneficio de inventario su responsabilidad y propongan para esos cargos a gente proba, comprometida, independiente y con los que hay que tener, para hacer las cosas como se deben y no como se quieren. Es hora de que la Procuración esté ocupada por personas que honren y enaltezcan el organismo, devolviéndole el prestigio que alguna vez tuvo pero que hace ya muchos años perdió. Ojalá asi sea. Por el bien de todos y el mal de ninguno.»