La frase pronunciada en 1953 —“lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos”— condensa un momento histórico en el que el capitalismo norteamericano todavía podía presentarse como un sistema articulado entre producción, empleo y Estado. No era una verdad empírica, sino una ficción eficaz: la gran empresa industrial aparecía como garante indirecto del bienestar social y el interés corporativo podía confundirse con el interés nacional. Ese relato fue posible mientras el capital permaneció anclado al territorio, a la producción y a una fuerza de trabajo organizada.
A partir de mediados de los años setenta, ese equilibrio se rompe. El capital se desplaza hacia su forma financiera: la acumulación deja de organizarse en torno a la inversión productiva y pasa a girar alrededor de la valorización financiera, la especulación y la movilidad global del dinero. No se trata de un ajuste técnico, sino de una mutación estructural que redefine la relación entre empresas, Estados y geopolítica.
En este nuevo régimen, las grandes corporaciones energéticas ya no pueden pensarse como “empresas nacionales”. Su propiedad, dominada por fondos de inversión y gestores de activos globales, expresa con claridad el cambio de época. Estos actores no producen energía ni gestionan territorios: administran carteras, índices y expectativas de rentabilidad. Su horizonte no es el desarrollo de un país, sino la estabilidad del valor accionario en los mercados financieros internacionales.
Esta estructura define la racionalidad empresarial. El petróleo y el gas funcionan como soportes materiales de una lógica donde lo decisivo es asegurar activos, contratos y previsibilidad política. La fórmula de 1953 se invierte: ya no es la empresa la que promete bienestar, sino el Estado el que debe garantizar las condiciones exigidas por el capital.
Aquí aparece una de las paradojas del neoliberalismo. Lejos de retirarse, el Estado se vuelve más activo allí donde debe proteger, disciplinar o intervenir. Pero esa intervención ya no se legitima en nombre del desarrollo o el empleo, sino a través de un discurso de seguridad. En el caso venezolano, la acción empresarial se articula con narrativas de “lucha contra el narcoterrorismo”, “combate al crimen organizado” o “estabilidad regional”, que funcionan como marcos policiales de legitimación. La política exterior adopta así un lenguaje de seguridad interna: sanciones, licencias selectivas y control de flujos energéticos se presentan como medidas técnicas o preventivas, cuando en realidad organizan una forma de intervención permanente.
Desde América Latina, esta lógica resulta clara. La empresa opera como bisagra entre capital financiero y coerción estatal, mientras el discurso policial reemplaza al viejo relato del bienestar. El pasaje de General Motors a Chevron nombra, entonces, una mutación más profunda: el momento en que el capital dejó de necesitar integración social para legitimarse y encontró en la seguridad —y no en el trabajo— su nueva coartada ideológica. El resultado es palpable: el bienestar social deja de ser horizonte y la soberanía se convierte en variable de ajuste.
Julián Noriega
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