El proyecto de combustibles sintéticos reabre tensiones binacionales y expone el reclamo de comunidades entrerrianas y orientales por mayor control ambiental.
La posible relocalización de la planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, impulsada por el intendente Nicolás Olivera y evaluada por el presidente uruguayo Yamandú Orsi, lejos de cerrar el conflicto, vuelve a poner en el centro del debate el impacto ambiental sobre el río Uruguay y las ciudades ribereñas de Entre Ríos.
El experimento empresarial, considerado una de las mayores inversiones en la historia de Uruguay, contempla la producción de e-combustibles a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono «capturado». Su localización original —sobre la costa del río Uruguay, cercana a localidades turísticas argentinas y uruguayas— generó una fuerte resistencia social y política en la región.
El intendente Olivera propuso trasladar la planta dentro del mismo departamento de Paysandú, buscando “mejores condiciones logísticas” y, al mismo tiempo, descomprimir la tensión con Argentina. La iniciativa, respaldada con cautela por el gobierno de Orsi, también responde a advertencias técnicas sobre impactos “potencialmente significativos” en el sitio original.
ARGENTINA
Del lado argentino, la «relocalización» en la misma región no es vista como una solución definitiva. En ciudades como Colón y otras localidades de la costa del río Uruguay, persiste la preocupación por los efectos acumulativos de un mega-proyecto industrial de más de 5.000 millones de dólares, tanto en el ambiente como en la economía regional, fuertemente ligada al turismo.
Organizaciones sociales y sectores políticos entrerrianos advierten que el cambio de ubicación dentro de Paysandú no elimina los riesgos de contaminación visual, emisiones industriales o alteraciones en el ecosistema compartido. En ese sentido, reclaman una evaluación ambiental integral, con participación binacional y mecanismos de control más estrictos.
CELULOSAS
El antecedente del conflicto por las plantas de celulosa entre Argentina y Uruguay —que incluyó cortes de rutas, judicialización internacional y una prolongada crisis diplomática— reaparece como una advertencia latente. Para muchos actores locales, el escenario actual podría reactivar tensiones similares si no se garantiza transparencia en los estudios de impacto y participación ciudadana efectiva.
El gobierno oriental sostiene que el desarrollo de los llamados e-fuels posiciona al país como un actor relevante en la «transición» energética y abre oportunidades de «inversión y empleo». La planta podría producir cientos de miles de toneladas de combustibles sintéticos al año, consolidando una nueva matriz productiva.
El dilema, entonces, no es únicamente energético ni económico, sino profundamente político y ambiental: cómo compatibilizar proyectos de escala global con derechos internacionales negados y territorios locales que exigen ser escuchados.
MODELO CANADIENSE
En la costa del río Uruguay, donde la historia reciente dejó cicatrices por conflictos similares, la discusión por HIF Global vuelve a plantear una pregunta clave: cómo desarrollarse sin sacrificar el equilibrio ambiental y las economías regionales (modelo canadiense).
El llamado “modelo canadiense” suele ser citado como referencia en la materia: combina desarrollo industrial con estándares ambientales estrictos, evaluaciones de impacto acumulativo y una fuerte participación ciudadana en la toma de decisiones. En varias provincias de Canadá, los proyectos de gran escala deben someterse a controles independientes, instancias de consulta pública vinculante y mecanismos de monitoreo permanente, lo que busca garantizar no solo la viabilidad económica sino también la justicia ambiental y la protección de las comunidades locales.
imagen. IA
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