La Justicia prohibió las fumigaciones en protección de vecinos de Colonia Ensayo y zonas aledañas.
La Justicia entrerriana dictó un nuevo fallo que prohíbe fumigaciones con agrotóxicos en áreas lindantes entre el campo y sectores poblados de Colonia Ensayo y zonas aledañas, en el departamento Diamante. La resolución vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de priorizar la salud humana y ambiental frente al avance de las pulverizaciones fitosanitarias.
La medida fue tomada por la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná, a cargo de la vocal María Fernanda Miotti, quien hizo lugar a acciones de amparo ambiental impulsadas por vecinos y vecinas de la zona. El fallo ordena el cese de fumigaciones terrestres y aéreas cercanas a viviendas y sectores urbanos, retomando criterios ya establecidos por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en 2024.
El eje central de la resolución es la protección de la salud pública y del ambiente. Según trascendió en las actuaciones judiciales, estudios médicos y ambientales presentados durante el proceso detectaron situaciones de contaminación y efectos biológicos relacionados a la exposición a agroquímicos. Uno de los elementos más sensibles mencionados en la causa fue la detección de daño genético adquirido en una niña expuesta ambientalmente a fumigaciones cercanas.
La disputa judicial por las fumigaciones en Entre Ríos lleva varios años y ha tenido distintos capítulos. En 2024, el Superior Tribunal de Justicia declaró inconstitucionales normativas provinciales que habilitaban aplicaciones a escasa distancia de viviendas y cursos de agua, al considerar que los márgenes de seguridad establecidos eran insuficientes para proteger a las personas. En aquel momento, el máximo tribunal provincial amplió las distancias de resguardo en Colonia Ensayo hasta alrededor de 1.100 metros para aplicaciones terrestres.
También debemos mirar la problemática de las fumigaciones con drones — una modalidad que comenzó a expandirse bajo el gobierno de los hermanos MIlei — en distintas regiones agrícolas y que genera preocupación en organizaciones ambientales y vecinales por la dificultad de controlar la deriva de los productos químicos. La Justicia entendió que el principio precautorio debe prevalecer cuando existen riesgos potenciales para la salud y el ecosistema.
Organizaciones ecologistas consideran que la resolución representa un precedente importante para otras localidades entrerrianas donde existen conflictos similares entre producción agroindustrial y poblaciones rurales o periurbanas. En Entre Ríos, las discusiones sobre fumigaciones han involucrado históricamente a vecinas, vecinos, docentes rurales, médicos, científicos y entidades ambientalistas que reclaman mayores distancias de protección y controles más estrictos sobre el uso de pesticidas.
Sectores ligados al agronegocio sostienen que las aplicaciones son «necesarias» para mantener la productividad agrícola y cuestionan algunas restricciones judiciales. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento reafirma una tendencia creciente en tribunales provinciales: colocar el derecho a la salud, al agua limpia y a un ambiente sano por encima de cualquier interés económico cuando existen evidencias de riesgo ambiental.
F. Castro
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