La Justicia Federal dictaminó para que se transfieran a la provincia fondos del impuesto a los combustibles.
La presentación, impulsada por los legisladores nacionales peronistas Beto Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, solicitó que el Ministerio de Economía y la Dirección de Vialidad Nacional retomen el mantenimiento vial. El juez federal de Victoria, Federico Martin, le dio trámite y pidió informes a los organismos.
Podemos leer en Análisis que en el marco de la causa 12957/2026 (“BAHL, ADÁN HUMBERTO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”), la Justicia Federal habilitó el trámite de un amparo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Entre Ríos, financiados con fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.
El fallo del juez Martin ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes a los organismos del gobierno nacional.
El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos.
A este respecto, Michel explicó que: “Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales”.
“Más de $1,5 billones de pesos que se deberían haber destinado a las rutas fueron a parar a sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno, cuando se deberían haber destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia”.
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