Bordet presentó un proyecto para suspender embargos y ejecuciones de deudas de familias por 180 días.
El diputado nacional entrerriano propuso declarar la emergencia financiera para los hogares argentinos en un contexto de recesión, alta inflación y creciente endeudamiento. Indica diario Uno que la medida alcanzaría a personas con ingresos de hasta diez salarios mínimos y a monotributistas hasta la categoría G.
La iniciativa apunta a brindar un alivio temporal frente a la presión del sistema crediticio y judicial sobre los sectores medios y trabajadores.
El proyecto se inscribe en un escenario donde cada vez más familias recurren al endeudamiento para cubrir gastos básicos, lo que —según sus fundamentos— convierte la problemática en una cuestión colectiva que requiere intervención del Estado para resguardar la continuidad económica de los hogares.
El proyecto
La iniciativa contempla la suspensión por 180 días de ejecuciones judiciales, extrajudiciales, administrativas y fiscales vinculadas a deudas comerciales, bancarias, crediticias, fiscales y tributarias. Además, frena medidas cautelares como embargos, inhibiciones y secuestros de bienes, evitando que miles de familias queden expuestas a una situación de mayor vulnerabilidad económica y social.
La propuesta alcanza a personas físicas cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y también a monotributistas hasta la categoría G.
Bordet remarcó que “la proliferación de ejecuciones y embargos profundiza la crisis económica porque deteriora aún más el consumo y debilita el mercado interno”.
“El Estado tiene la responsabilidad de generar herramientas excepcionales para proteger a quienes atraviesan una situación de fragilidad financiera”.
El proyecto excluye de la suspensión a las obligaciones alimentarias, créditos laborales, indemnizaciones por daños a la persona y casos de insolvencia fraudulenta, garantizando así la protección de derechos esenciales.
Entre sus fundamentos, la iniciativa advierte sobre el crecimiento de la litigiosidad vinculada al cobro de deudas y plantea que la judicialización masiva no constituye una solución eficiente ni equitativa en contextos de crisis económica generalizada.
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