Escucho a una rectora explicar cómo hacen para que las meriendas escolares alcancen todo el mes. Habla del precio de la leche en polvo, de las galletas compradas por cantidad porque reducen costos, de las cuentas permanentes para repartir lo poco disponible entre muchos chicos. Explica cómo ajustan porciones y reorganizan recursos para sostener cierta dignidad alimentaria dentro de presupuestos cada vez más insuficientes. La escena transcurre con una naturalidad inquietante, desde hace largos años administrar carencias se ha convertido en algo cotidiano del trabajo educativo. Sin embargo, en esa conversación aparentemente doméstica aparece condensada una transformación social mucho más profunda: la crisis alimentaria infantil ya no se expresa solamente como ausencia extrema de comida, sino como deterioro estructural de las condiciones de nutrición.
El reciente mapa de malnutrición infantil elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires vuelve visible precisamente esa inscripción territorial de la desigualdad sobre los cuerpos infantiles. El estudio muestra que hambre, baja talla y obesidad ya no son fenómenos separados, sino dimensiones simultáneas de una misma crisis alimentaria. Allí donde el mercado expande alimentos ultraprocesados baratos y el Estado retrocede en infraestructura social, emergen cuerpos nutricionalmente deteriorados aun dentro de escenarios de aparente abundancia calórica. El viejo paradigma que asociaba pobreza únicamente con falta de comida comienza a fracturarse. Hoy la precariedad también adopta la forma del exceso degradado: niños con sobrepeso conviven con déficits vitamínicos, alteraciones metabólicas y dificultades en el desarrollo físico.
La escena escolar permite comprender cómo esa estructura se traduce en experiencia cotidiana. Las meriendas dejan de organizarse según criterios nutricionales y comienzan a hacerlo según criterios de supervivencia presupuestaria. Importa menos qué alimenta mejor que qué rinde más. Las calorías baratas desplazan lentamente a los alimentos de mayor calidad nutricional porque la inflación, la precarización laboral y el deterioro de ingresos reducen los márgenes reales de elección. El cuerpo infantil se transforma así en archivo biológico de una desigualdad persistente: allí se inscriben políticas públicas debilitadas, mercados desregulados y condiciones materiales cada vez más frágiles para sostener la vida cotidiana.
La dimensión territorial del fenómeno intensifica todavía más el diagnóstico. El mapa sanitario revela que las formas más graves de malnutrición se concentran en regiones periféricas y contextos urbanos empobrecidos. Pero lo que allí aparece distribuido de manera desigual no son solamente alimentos, sino también acceso a agua segura, infraestructura sanitaria y redes comunitarias de cuidado. La alimentación deja entonces de ser un acto puramente individual para convertirse en resultado de una trama económica y política compleja. Cuando desaparecen políticas alimentarias robustas o se debilitan sistemas públicos de protección social, el consumo termina organizado por aquello que resulta más barato y accesible.
Reducir esta situación a “malos hábitos” familiares implica ocultar su dimensión histórica. La expansión de alimentos ultra-procesados baratos forma parte de un modelo económico que mercantiliza la alimentación y distribuye desigualmente las posibilidades materiales de la vida. La rectora que calcula meriendas insuficientes no administra solamente un presupuesto escolar; administra diariamente los efectos concretos de esa desigualdad estructural. Porque cuando el deterioro nutricional comienza a naturalizarse en la infancia, lo que entra en crisis no es solamente la alimentación, sino también la capacidad colectiva de imaginar un futuro común donde ciertas vidas pueden ser cuidadas.
J. Noriega
imagen. IA
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