¿Qué significa ser soberano cuando los recursos de un país despiertan el interés de las grandes potencias, las decisiones políticas quedan condicionadas por el capital internacional y las élites locales facilitan esa subordinación? La pregunta recorre las intervenciones de Marilena Chaui, filósofa brasileña que advierte sobre los riesgos que la extrema derecha representa para la autonomía de Brasil. Su planteo excede la disputa electoral: señala una estructura de poder que articula intereses económicos, intervención extranjera y debilitamiento de las instituciones democráticas. La soberanía no consiste solamente en controlar un territorio. También supone decidir qué hacer con sus recursos y en nombre de quién se gobierna.
Brasil ofrece un escenario sensible. Sus reservas de petróleo y tierras raras lo convierten en actor estratégico en una economía mundial atravesada por la competencia tecnológica y energética. Chaui vincula esa disputa con el bolsonarismo y los intereses estadounidenses en la región latinoamericana. También advierte sobre los riesgos de equiparar narcotráfico y terrorismo para habilitar eventuales intervenciones militares extranjeras. Estas advertencias deben distinguirse de la comprobación de operaciones concretas. Sin embargo, el problema es reconocible: una potencia no necesita administrar directamente un país si consigue condicionar sus decisiones fundamentales. A veces, la dependencia llega con lenguaje jurídico, promesas de inversión y acuerdos presentados como oportunidades inevitables.
Chaui describe el neoliberalismo como una forma de dominación que traslada la lógica empresarial a la existencia. Los derechos se convierten en costos, los ciudadanos en responsables de su rendimiento y la política en administración de recursos escasos. La democracia formal conserva sus instituciones, pero pierde capacidad para discutir los fines colectivos. Pensemos en una comunidad que observa cómo se extraen sus riquezas mientras el empleo precario y los servicios deteriorados marcan la vida. Un país puede exhibir indicadores favorables y, sin embargo, reducir la capacidad de sus habitantes para intervenir en las decisiones sobre su futuro. ¿De qué sirve la soberanía económica si la mayoría no participa de sus beneficios?
En ese marco, la presunta fuga de Flávio Bolsonaro adquiere una dimensión simbólica evidente. Tras la derrota electoral del bolsonarismo, circularon informaciones sobre una posible salida del país, pero las versiones sobre su paradero y un eventual desplazamiento al extranjero no quedaron confirmadas concluyentemente. La cautela periodística es necesaria: una noticia difundida no equivale a un hecho comprobado. La escena permite preguntar. ¿Qué sucede con un movimiento que invoca la patria y reivindica el orden nacional cuando sus dirigentes quedan envueltos en versiones de salida después de una derrota? Esa contradicción no demuestra las advertencias de Chaui, pero invita a examinar la distancia entre el nacionalismo proclamado y las prácticas de quienes dicen representarlo.
Lula obtuvo una victoria y enfrenta el desafío de convertirla en una política de autonomía, capaz de combinar desarrollo, derechos sociales y control democrático de los recursos estratégicos. Derrotar electoralmente al bolsonarismo no significa desarmar las condiciones que hicieron posible su crecimiento. América Latina conoce victorias políticas que dejaron intactas las estructuras de dependencia. Por eso, la discusión no termina en quién gobierna en los próximos cuatro años. Empieza cuando una sociedad se pregunta quién decide sobre su riqueza, quién obtiene sus beneficios y quién paga los costos. Quizá la fuga más importante no sea la de un dirigente hacia otro territorio, sino la de los recursos, las decisiones y las posibilidades colectivas fuera del alcance de un pueblo que aspira a elegir por sí mismo.
J. Noriega
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