En una escuela rural, dentro de un establecimiento de doce mil hectáreas, Nancy Godoy intentaba hacer algo que debería ser habitual: enseñar. Las noticias sobre su trabajo dieron cuenta de las dificultades que había denunciado y de las condiciones deplorables en que funcionaba la institución. Después llegó su muerte y comenzó la investigación judicial. Pero antes de eso ya había una escena que merecía atención: una escuela pública en medio de una enorme propiedad privada. No era solamente la historia de una docente. Era también una pregunta sobre la tierra, el trabajo y los derechos de quienes viven en ese territorio.
Mientras tanto, la conversación económica gira alrededor de los dólares. Se habla de exportaciones, inversiones, reservas y liquidaciones. En este cuadro, hay algo que suele quedar fuera de escena: quiénes se benefician con esa riqueza y quiénes la producen. Los grandes grupos económicos presentan sus resultados como si fueran los resultados del país. Pero la Argentina no son doscientos grupos económicos. También son los trabajadores rurales, los docentes, los obreros, los pequeños productores, los comerciantes, los jubilados. Millones de personas que sostienen, con su trabajo, la vida de todos los días. Cuando la economía se cuenta desde la perspectiva de los grandes propietarios, el resto del país queda reducido a paisaje.
El caso de Nancy Godoy vuelve visible esa desigualdad. En un mismo territorio conviven una propiedad de doce mil hectáreas y una escuela pública. Pero no tienen el mismo poder ni las mismas posibilidades de decidir sobre sus condiciones. El latifundio tiene dueño; la educación es un derecho colectivo. Los chicos que debían asistir a esa escuela pertenecen a familias vinculadas al trabajo rural. No se trata de atribuir mecánicamente a esa estructura las causas de un crimen que debe investigar la Justicia. Se trata de mirar el contexto y preguntar quiénes organizan la vida en esos territorios, quiénes toman las decisiones y quiénes deben acomodarse a ellas. La desigualdad también consiste en que unos deciden y otros se adaptan.
El modelo primario-extractivo genera exportaciones y permite el abundante ingreso de divisas. Pero una cosa es producir riqueza y otra muy distinta es apropiarse de ella. La producción necesita trabajadores, caminos, energía, agua, conocimiento, transporte e instituciones. Nada de eso aparece por generación espontánea ni es obra exclusiva de los grandes propietarios. Sin embargo, cuando llegan los dólares, la atención se concentra en los exportadores, sus negocios y sus balances. Las condiciones de vida de quienes trabajan y habitan esos territorios quedan en segundo plano. Acumular dólares no significa necesariamente -lo sabemos sobradamente- mejoras concretas en la vida cotidiana. La discusión no pasa por exportar o no exportar, sino por saber quién se queda con los beneficios y qué recibe a cambio el conjunto social.
El feminicidio de Nancy no puede quedar reducido a una noticia policial. Tampoco corresponde utilizarla para anticipar responsabilidades que deberá establecer la Justicia. Pero su historia no puede separarse de la escuela donde trabajaba, de las dificultades que había denunciado ni del territorio en el que intentaba enseñar. Allí se encuentran la propiedad concentrada, el trabajo rural y una institución pública que debe garantizar un derecho. Mientras discutimos cuántos dólares entran al país, también deberíamos preguntarnos cómo viven quienes producen esa riqueza. Un país no se mide solamente por lo que exporta, sino por las condiciones de vida de quienes lo hacen posible. La Argentina no cabe en el balance de sus grupos económicos. La Argentina habita profundamente en esa escuela, en sus alumnos y en una maestra cuya historia todavía exige Justicia.
J.Noriega
imagen. JN + IA
