En la política argentina, algunas reglas electorales parecen técnicas hasta que se comprenden las relaciones de poder que organizan en cada coyuntura política. La discusión sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pertenece a ese terreno. El proyecto del gobierno de Javier Milei obtuvo dictamen en el Senado el 18 de noviembre y propone suspenderlas durante 2027. Aunque necesita aprobación legislativa, la iniciativa excede el calendario electoral: modificar las reglas de competencia interviene sobre las condiciones en que los partidos construyen su representación y reconocen sus diferencias.

Las PASO surgieron en un contexto preciso. Fueron creadas en 2009, después de la derrota del kirchnerismo en las legislativas del 28 de junio, cuando Néstor Kirchner perdió en Buenos Aires frente a Francisco de Narváez. La elección expuso las dificultades oficiales para contener al peronismo. El 29 de octubre, Cristina Fernández presentó el proyecto de Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, aprobado en diciembre como Ley 26.571. La reforma establecía un mecanismo abierto para seleccionar candidaturas, pero también expresaba la necesidad de reconstruir una representación capaz de contener diferencias que amenazaban con convertirse en rupturas. Néstor Kirchner fue central en aquella reorganización. Las primarias comenzaron a aplicarse en 2011, cuando Cristina Fernández obtuvo una victoria.

Para el peronismo, las PASO adquirieron una función que excedía la selección de candidatos. Permitían que sectores con interpretaciones del movimiento disputaran legitimidad en una estructura. La competencia no eliminaba las diferencias, les ofrecía un espacio de expresión. Su desaparición modifica esa relación: la negociación vuelve a concentrarse en las conducciones partidarias y los acuerdos entre dirigentes. Recuperar la lapicera no equivale a recuperar autoridad. Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y los gobernadores representan trayectorias e intereses diferentes. El problema no es quién ordena una lista, sino qué principio de legitimidad permite reconocer una conducción común.

La modificación afecta la relación entre partidos y ciudadanía. Las primarias permitían que los votantes intervinieran antes de la elección, cuando las diferencias internas podían expresarse. Sin ellas, la competencia se desplaza hacia las estructuras partidarias y los acuerdos entre dirigentes. La reforma incluye Ficha Limpia y reduce a la mitad los espacios de publicidad electoral. El oficialismo presenta estas medidas como una reorganización del sistema y una reducción de costos para el Estado. Pero los efectos no se agotan en los propósitos declarados. Las organizaciones cohesionadas pueden adaptarse de manera diferente de aquellas cuya identidad se construyó mediante corrientes heterogéneas. La misma regla puede significar orden para unas y pérdida de mediaciones para otras.

Aquí aparece el problema del antiperonismo. No se trata solamente de una tradición de rechazo al justicialismo, sino también de una disputa por las condiciones de su permanencia política. El peronismo construyó históricamente su identidad mediante sindicatos, dirigentes territoriales, organizaciones y liderazgos que no siempre comparten una orientación. Esa heterogeneidad es fuente de expansión y dificultad para su conducción. La eliminación de las PASO puede favorecer al oficialismo si esas diferencias se traducen en fragmentación electoral. Pero deja abierto otro interrogante: si el peronismo encontrará nuevas formas de expresar su diversidad sin perder aquello que le permitió constituirse como fuerza común. En 2009, la derrota de Néstor Kirchner mostró la necesidad de reorganizar esa convivencia. En 2027, la desaparición de aquel instrumento vuelve a poner en escena el problema, en otro contexto histórico.

Julián Noriega

imagen. JN + IA

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