“El problema de la seguridad es político, por eso es necesario apuntar a la cabeza, al poder del Estado”, por lo que la solución “pasa por desarmar legal y materialmente al aparato de ‘seguridad’ podrido que data de la dictadura militar”.

La acción contra el delito “debe tener como sentido cuidar la vida y la propiedad de los trabajadores, y para eso es necesario que el personal a cargo de la seguridad ciudadana sea designado y controlado por las organizaciones obreras y populares (juntas vecinales, asambleas, organismos de derechos humanos, sindicatos). Los libros de guardias y precintos de las comisarías deben estar abiertos al control de los vecinos de las barriadas donde están asentadas, y no ser propiedad privada de los funcionarios policiales como en la actualidad. Los funcionarios policiales y jueces deben ser elegidos mediante el voto popular, con posibilidad de revocatoria por la misma vía. La fuerza de vigilancia debe rendir periódicamente cuenta de su actividad ante asambleas de vecinos, y sus integrantes deben vivir en el barrio donde desarrollan su actividad”.

Asimismo, unieron el planteo a otras reivindicaciones populares de plena vigencia en la actualidad, “como la prohibición de despidos y suspensiones, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, un aumento de emergencia de 3.000 pesos para activos y jubilados, un salario mínimo igual a la canasta familiar, planes de vivienda y obras públicas bajo control de los trabajadores. Es decir, a una salida que arranque a los trabajadores de la miseria social que los convierte en rehenes de un delito que, en su cúpula, organizan los grupos capitalistas, los narcolavadores y sus cómplices judiciales y policiales”.

“La solución a la inseguridad ciudadana no vendrá de quienes la apañan y garantizan, sino que será el resultado de la organización de los trabajadores y vecinos en los barrios. El fin del crimen organizado y la impunidad que le garantiza todo el aparato del Estado, en mano de los partidos patronales, exigen el desarrollo de una alternativa política propia de los trabajadores y el resto de los explotados entrerrianos”, que la impulsa el PO, que integra el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

Fuente: FIT Entre Ríos

(La Nota digital)

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