Profesor hacía tareas de inteligencia durante la última dictadura militar

Una lista oficial dada a conocer por el Ministerio de Justicia de la Nación, dejó al descubierto a varios espías civiles entrerrianos, dependientes del tenebroso Batallón 601 del Ejército Argentino, con sede en Capital Federal y que prestaban servicio en Paraná, Concordia, Nogoyá o Federación. Entre ellos aparece el profesor Ricardo Andrili, docente de varios establecimientos católicos de la capital entrerriana, quien además encabezara la lista de candidatos a diputado nacional por el Partido Popular de la Reconstrucción (PPR), liderado por el carapintada Breide Obeid.

Consultados por Análisis, referentes de organismos de derechos humanos de Paraná indicaron que solicitarán a la Justicia Federal que sean citados a declarar, en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad en la provincia, para que den explicaciones en torno al rol que tenía cada uno durante el último gobierno militar.

Indica Daniel Enz que, para muchos, la presencia del profesor Ricardo Andrili, como servicio civil de inteligencia del Batallón 601, no fue novedad. Para otros, fue una “verdadera sorpresa”, porque siempre negó cualquier vinculación con el poder militar, en tiempos de oscuridad en la Argentina. Lo cierto es que, por primera vez, un organismo estatal reconoce públicamente que dicho docente recibía instrucciones desde ese lugar y percibía un sueldo para informar sobre los movimientos de dirigentes de Paraná. Andrili tenía como base la Facultad de Ciencias de la Educación, donde era profesor de Historia y uno de los preferidos de Carlos “Mono” Uzín, quien fuera decano de dicha casa de estudios durante buena parte de la dictadura. De hecho, la mencionada facultad fue una de las que más presos políticos sufrió en el período militar, evidentemente, después de tareas de inteligencia realizadas.

En esos tiempos, Andrili, además de dar clases, reclutaba jóvenes para enrolarlos en grupos católicos, de neto corte nacionalista y en oposición a ideas democráticas. Ya en democracia, el profesor siguió siempre dando clases en establecimientos secundarios, terciarios y universitarios de Paraná, con tendencia religiosa, aunque nunca se supo nada de su pasado como agente civil de inteligencia. Previo a las elecciones, Andrili fustigó con dureza al gobierno nacional, en su intento por lograr una banca en el Congreso de la Nación. “Un gobierno se legitima en la medida que promueve el bien común y este gobierno atenta contra el bien común. Con lo peor de la hipocresía porque dice estar en contra del FMI y paga la deuda; dice querer un país grande y entrega los recursos a la minería; quiere a los trabajadores pero están congelados los salarios”, afirmó el ex servicio del Batallón 601.

La lista comprende a 32 personas de Entre Ríos, de los cuales la gran mayoría tienen domicilio en Paraná, según un relevamiento de ANALISIS DIGITAL. También existen personajes con domicilio en Concordia, Nogoyá y Los Conquistadores (Departamento Federación). En la nómina aparecen Julián Rafael Andrés, que era “agente de seguridad” para el Batallón 601, pero, a su vez, dirigente del Partido Comunista en Entre Ríos. También figuran Juan José Scuderi –que fuera asesor del primer gobierno de Jorge Busti, hasta que fue denunciado públicamente y desplazado del cargo- y Albaro Roldán, ex jefe de la Policía de Entre Ríos de Enrique Tomás Cresto y confirmado por un tiempo por el gobierno del general Juan Carlos Trimarco. Roldán fue concejal de Paraná, por el PJ con el retorno de la democracia, en 1983 y falleció hace algunos años. Siempre fue considerado uno de los máximos responsables del secuestro, tortura y muerte violenta del dirigente de la JP, Ramón “Pichón” Sánchez. En la lista aparece también la señora Lidia A. Leiva de Quinodoz, proveniente de familia militar, con domicilio en Nogoyá.

La nómina completa –que fuera difundida por la revista Veintitrés-, incluye a:

-Andrés Julián, Rafael R.
-Andrili, Ricardo Ramón
-Arcoba, Ernesto
-Arias Guillermo Alfredo
-Arteaga, Florencio A.
-Avellaneda, Sergio A.
-Bello, Rubén Juan
-Berdera Molina, Rodolfo
-Berlo, Miguel Roberto
-Bonfils, Reinaldo Enrique
-Calabrese, Domingo César
-Clariá, Daniel Alberto
-Chiyah, Arturo Raúl
-Fontana, Víctor Eduardo
-Fusse, Carlos Rubén
-Godoy, José Luis
-Godoy, Mario Alberto
-Leites, Luis Rodolfo
-Leiva de Quinodoz, Lidia A.
-Martínez, Alberto Eusebio
-Meza, Juvenal Pascacio
-Michou, Pedro Edgardo
-Muller, Amtenor M.
-Robaina, Oscar Rafael
-Roldán, Albaro Hugo
-Savat, Enrique Eduardo
-Schiascia, Raúl Ernesto
-Scuderi, Juan José
-Tejada, José Carlos
-Terenzano, Víctor Luis
-Torres, Aníbal Raúl
-Vuconich. Daniel Osvaldo

De todos ellos, un total de 18 agentes civiles ex Batallón 601, estuvieron habilitados para votar en las últimas elecciones en Entre Ríos. La mayoría de ellos, en Paraná. Las excepciones fueron la mujer citada, oriunda de Nogoyá; Luis Leites, quien reside en Los Conquistadores y Juvenal Meza, que reside en Concordia.

En el informe oficial quedaron al descubierto, por primera vez desde el retorno de la democracia, nombres y responsabilidades específicas de oficiales, suboficiales y también civiles que prestaron servicios durante la dictadura en organismos de inteligencia del Ejército, como lo fue el Batallón 601. La información fue aportada durante el último año por el programa Verdad y Justicia, y por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que dependen del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El primero elaboró y entregó a magistrados de cada jurisdicción informes de los respectivos destacamentos y sus integrantes, con detalle de cursos realizados (interrogadores, entre otros) y tareas asignadas según categoría y cargo. El ANM le entregó al juez federal Ariel Lijo un listado con los nombres y categorías (producción de información, analista, asesor universitario, etcétera) en las que revistaban 1599 civiles del Batallón 601, otros 2353 repartidos en destacamentos y secciones de todo el país, más 345 oficiales del Ejército que prestaron servicios en un destino u otro.

“El 601 estaba integrado por representantes de todos los servicios de inteligencia importantes del país, al cual todos los organismos debían apoyar”, explicó en 1986 quien fuera su jefe en 1976 y 1977, general Alberto Valín, que murió impune. “Eran los especialistas en interrogatorios, los únicos que sabían hacerlo. Operaban en todo el país, con vestimentas de civil. Gracias a ellos se ganó la guerra”, destacó durante su declaración indagatoria el condenado general Santiago Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo.

“La desaparición es trabajo del 601”, asentaron oficiales de la embajada de los Estados Unidos en un memo de abril de 1980, luego de apuntar que los militantes montoneros capturados cuando reingresaban a la Argentina estaban secuestrados en “la prisión secreta de Campo de Mayo” y que serían “interrogados y desaparecidos permanentemente” (sic). Según ese documento desclasificado del Departamento de Estado, los norteamericanos llegaron a pensar que la junta era “prisionera” de las decisiones del batallón de Callao y Viamonte.

Los 18 civiles que cobraban un sueldo del Batallón 601, para informar lo que sucedía en Entre Ríos, serían citados por la Justicia Federal de Paraná, a partir de una petición concreta que se produciría desde organismos de derechos humanos, en los próximos días, puesto que se desconocía, oficialmente, la existencia de entrerrianos como dependientes del citado organismo de inteligencia, con sede en Capital Federal.

(La Nota digital)