En el marco de la presentación de firmas para que se derrumbe el muro del barrio Los Arenales deParaná, la Defensoría del Pueblo elevó una recomendación al Ejecutivo municipal. “A las 11 presentamos al intendente de Paraná, José Carlos Halle, y al presidente del Concejo Deliberante, Pablo Biaggini, la recomendación Nº 5”, manifestó el defensor del Pueblo, Luis Garay. El organismo declaró que la muralla es «ilegal». En este sentido, Garay argumentó que “con el muro se está violando la Ordenanza Nº 8563, del 2005, que regula los proyectos urbanísticos y dice que no pueden construirse este tipo de cercos”.
Indica Análisis que la recomendación de la Defensoría, declara que “el desarrollo verificado en el proyecto urbanístico, viola flagrantemente los principios y las normas del Código Urbano municipal, al igual que las atinentes a la preservación del medio ambiente”.
Además, en el texto se rememora que “el Artículo 125, inciso J de la Ordenanza 8563, establece como requisito ineludible, el cumplimiento a cargo del propietario o urbanizador de materializar el cerramiento perimetral, con alambre y seto vivo, desconociendo de esta forma cualquier otro tipo de material”.
Más abajo, la recomendación explica que “la producción social de este espacio se realiza en buena parte motivada por los miedos, estigmas, percepciones e imaginarios; y el componente simbólico –del paisaje urbano producido– son los muros que separan el aquí del allá, el nosotros del ellos”.
“Podemos decir que los muros son bordes –múltiples, móviles, porosos– que construyen soberanías con identidades territoriales excluyentes, propias de la xenofobia urbana, que segrega, divide y segmenta”, agrega.
Asimismo, desde la Defensoría se declaró que “no se puede desconocer que este tipo de emprendimientos –expresiones de la privatización del espacio público–, han servido para el desarrollo del negocio privado de la video vigilancia, guardianías y alarmas, entre otros; pero también para que el mercado inmobiliario recurra a la publicidad para vender un ideal de la seguridad en estos territorios, creando el estigma del ‘dime donde resides y te diré qué tan seguro vives’”.
Tras una apropiada fundamentación, el defensor del Pueblo, insta a “las reparticiones pertinentes para que procedan a la demolición del cerramiento del proyecto denominado Amarras del Sol”. Además, solicita que se “instruya a las oficinas técnicas pertinentes para que sustancien dentro de los términos previstos en la legislación adjetiva municipal rechazando cualquier petición que pretenda violar las normas vigentes previstas en el código urbano y las referidas a la preservación del medio ambiente”.
Es preciso destacar que, el muro fue levantado como límite perimetral de propiedad del complejo urbano residencial Amarras del Sol. La construcción privada, es lindante al barrio Los Arenales y se encuentra ubicada a la vera del río Paraná, a nombre de Sergio Lifschitz.
Tal como se adelantó en la edición del 14 de octubre del Semanario Análisis, el muro de aproximadamente cinco metros de alto y tres cuadras de extensión, separa, así, el barrio privado del caserío contiguo. Pero esta muralla, encierra una disputa por la propiedad de un valioso terreno. Porque sobre el predio donde se construyó el barrio privado, se encuentra pendiente una resolución judicial para determinar a quién corresponde su posesión, si a la provincia o al municipio. La definición sobre la potestad del terreno asimismo implica la legitimidad sobre el dominio que hoy posee el titular del emprendimiento inmobiliario.
(La Nota digital)
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