Sorpresa: senadores quieren reducir a 100 metros distancia mínima para fumigar

En el marco del análisis de la ley de agroquímicos que se encuentra en el Senado, se reunió la comisión de Producción y los legisladores participantes decidieron incorporar una distancia mínima de 100 metros para fumigar. Fallos judiciales de Chaco, Salta, Córdoba, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires establecen límites de entre 800 y 1500 metros para las fumigaciones con agroquímicos.

mosquito fumigaciones

Para debatir el proyecto de ley de agroquímicos, esta mañana se reunió la comisión de Producción de la Cámara de Senadores provincial, desde donde informaron “se propone que las empresas dedicadas a la aplicación terrestre deberán estar debidamente habilitadas, registradas y verificadas”, y “podrán realizar las aplicaciones de rociado hasta una distancia mínima de 100 metros de la zona edificada de ciudades y pueblos, cursos de agua y establecimientos educacionales”.
En tanto, indicaron que habrá un nuevo encuentro la semana próxima y, tal como adelantó AIM, no descartaron tratar el tema en la sesión prevista para la semana del 17 de diciembre.

“Hemos incorporado gran parte de las propuestas que nos acercaron los colegios de profesionales, las universidades y asociaciones de productores”, comentó el presidente de la comisión, Oscar Arlettaz, quien destacó que “se buscó el mayor consenso posible en un tema en el que la coincidencia es que debe ser regulado”.

En el proyecto, se determina la prohibición de descargar efluentes conteniendo plaguicida o agroquímicos sin descontaminación previa, buscando con esto proteger todo lugar accesible a personas o animales, o donde pueda contaminar cultivos, campos de pastoreo, aguas superficiales o subterráneas o afectar cualquier recurso natural.

Los senadores proponen la creación de un Consejo Provincial Fitosanitario, constituido por representantes del Estado, de los colegios profesionales y de las universidades, por citar algunos actores. El organismo podría reunirse en plenario dos o tres veces al año, para hacer un seguimiento de la aplicación de la ley y proponer cambios en su contenido o reglamentación.

Además designará, de sus miembros, un órgano ejecutivo que se reuniría mensualmente, debiendo informar los resultados de cada encuentro a las comisiones de producción de ambas Cámaras. Estas instancias deberán poner a disposición de la comunidad entrerriana estos documentos.

Uno de los puntos que se considera “central” es el relacionado a la responsabilidad de quienes expiden la receta que habilita la fumigación. También se trabajó sobre el manejo que debe hacerse de los plaguicidas en depósitos y durante su traslado.

Se hizo hincapié en la necesidad de proteger los cursos de agua y en la importancia que tiene contar con un registro riguroso y actualizado de maquinarias y aplicadores autorizados, tanto terrestres como aéreos.

El senador Arlettaz distribuyó entre sus pares una copia del trabajo recientemente elaborado por el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Estado Nacional.
Dijo a sus pares de la Comisión que hace algunos días se conoció el documento que ha sido elaborado por expertos de entidades públicas y privadas. Se trata de “Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas”. En el mismo se establecen medidas a tener en cuenta para hacer uso de agroquímicos para fines productivos en cercanía de áreas urbanas.

“Su génesis tiene características similares a las del Senado entrerriano en relación al proyecto de ley que estamos trabajando”, acotó.

En el documento, trabajaron técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), del Servicio Nacional de Calidad y Seguridad Agroalimentaria (Senasa), de la Comisión Federal Fitosanitaria, Aacrea, Aapresid, Casafe, de la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (Cpia), de la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica, de la Federación Argentina de Cámaras Agro aéreas y de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba).

El documento intenta ser “clarificador” y busca dar un marco para que municipios, autoridades comunales y todos los que están involucrados por esta problemática del uso de agroquímicos, puedan tener una interpretación común en lo relacionado a distancias de protección y modo de las aplicaciones.

Arlettaz afirmó que “seguramente toda la legislación que se impulse en el futuro, o las modificaciones que se hagan de normas existentes, tendrán en cuenta lo que propone este documento”.

Polémica por las distancias

Fallos judiciales de Chaco, Salta, Córdoba, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires establecen límites de entre 800 y 1500 metros para las fumigaciones con agroquímicos. Médicos de pueblos fumigados, en base a estudios científicos, y organizaciones sociales impulsan leyes con distancias similares. En contraposición, el Ministerio de Agricultura de la Nación distribuyó entre productores un documento que propone fumigar a cien metros de las viviendas. El documento fue realizado junto a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe, espacio de las grandes compañías de agroquímicos), Aapresid (empresas de siembra directa) y la Federación de Cámaras Agroaéreas (dueños de aviones fumigadores).

“El documento llamado ‘Pautas sobre aplicaciones fitosanitarias en áreas periurbanas’ carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas”, afirmó desde la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) Raúl Montenegro, y destacó que “no es casual” que funcionarios y grandes productores omitan mencionar que en la Comunidad Europea está prohibida la fumigación aérea.

Horacio Brignone, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, calificó el documento de “burdo, es el trabajo de una voluntad sectorial corporativa”, y cuestionó que no se dio lugar a análisis interdisciplinarios y tampoco se tuvo en cuenta a las familias afectadas y organizaciones que trabajan la problemática y padecen las fumigaciones.

Claudio Lowy, desde la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), consideró que el documento “carece de legitimidad científica, política y jurídica”. Evaluó que es “una maniobra” para presionar a legisladores, aseguró que se omitieron estudios epidemiológicos y “ninguno de los datos sobre distancia que ponen como ejemplos tiene referencia bibliográfica, lo que le quita seriedad a todo el documento”.

Carlos Manessi, de Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza) y la Multisectorial, explicó que están trabajando en todo Santa Fe, señaló que se articulan acciones con otras provincias y con todos los sectores de la sociedad por un simple motivo: “El lobby sojero opera en la Legislatura, en los medios de comunicación, en las universidades. En todos lados encuentra socios, pero también resistencias”.

Fuente: AIM y Página 12

(La Nota digital)

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