El represor Appiani pretende interrogar a sus víctimas

Jorge Humberto Appiani, ex militar y abogado, concurrió este lunes a la audiencia que se realizó en los tribunales federales para que las partes del juicio por la causa Área Paraná formulen requerimientos ante el juez Leandro Ríos, antes del inicio de las testimoniales.

Durante el cónclave, las querellas se opusieron a que el imputado por delitos de lesa humanidad, que se defiende a sí mismo, pueda realizar preguntas a quienes fueron sus víctimas durante la dictadura cuando declaren como testigos. También solicitaron que las audiencias testimoniales sean públicas.

La causa Área Paraná se inició con el retorno de la democracia, pero luego fue archivada por la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Hace diez años fue reabierta y aún no se dictó sentencia. Este retraso se debe a que el expediente tramita por escrito –por aplicación del antiguo Código de Procedimiento en Materia Penal– y por las reiteradas maniobras dilatorias ejecutadas por los represores Appiani y Cosme Demonte, 2 de los acusados.

En la causa se investigan delitos de lesa humanidad como desapariciones, secuestros y torturas, cometidos contra 52 víctimas en Paraná y Diamante. Luego de disponer a principios de agosto la apertura de la causa a prueba por 30 días, el juez Leandro Ríos respondió afirmativamente a una solicitud de las querellas y convocó a las partes –incluido Appiani– a una audiencia que se realizó este lunes por la mañana.

El objetivo fue que se realizaran requerimientos referidos a la modalidad en que se desarrollará esta instancia procesal, luego de la cual se realizarán los alegatos y finalmente se dictará la sentencia. La abogada Florencia Amore, representante de la querella de la agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná, explicó a diario Uno que solicitaron que se disponga la sala de la Cámara Federal de Apelaciones para la realización de las audiencias testimoniales y que éstas sean orales y públicas, con acceso permitido para los medios de comunicación.

El cónclave de este lunes, que fue extraprocesal, fue a puertas cerradas y no se le permitió el acceso a la prensa. También la fiscalía, que estuvo representada por los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti, solicitó que las audiencias sean orales y públicas, de modo que puedan ser presenciadas no solo por la prensa sino también por cualquier ciudadano interesado. Uno de los planteos de la querella fue que se impida a Appiani formular preguntas a los testigos, muchos de los cuales fueron sus víctimas, a fin de no revictimizarlos. El imputado se opuso a este pedido y el juez debe resolver al respecto.

“Hemos pedido que no pueda interrogar él directamente, sino que se designe un codefensor, que sea quien formule las preguntas a sus víctimas. Recordemos que él no es cualquier imputado, es justamente quien hacía los interrogatorios (a los presos políticos) y los obligaba a firmar declaraciones falsas. Les tomaba declaración vendados, a las mujeres a veces sin ropa, golpeadas y después de aplicarle picana”, remarcó Amore. “Asimismo requerimos la participación estricta de los organismos de protección y de acompañamiento a las víctimas de los delitos de lesa humanidad, sobre todo teniendo en cuenta que quien tiene la voz, por ser autodefendido, es aquel acusado de cometer los delitos más aberrantes contra la condición de ser humano de las víctimas”, añadió.

Sobre los testimonios

Durante la audiencia, el juez Ríos pidió a las partes que limiten la cantidad de prueba ofrecida y que precisen por qué se propone que vuelvan a declarar algunos de los testigos-víctimas –ahora en forma oral y pública– y sobre qué puntos se pretende que profundicen. Lo hizo, aunque sin decirlo directamente, en alusión a la gran cantidad de testimonios que propuso Appiani: alrededor de 120.

En cambio, todas las querellas solicitaron unas 25 en total y la fiscalía, 16. Para la querellante Amore, se trata de otra maniobra del represor tendiente a dilatar la causa. “En la causa obra un alto cúmulo de prueba, es importante que en esta instancia se produzca aquella prueba elemental para lograr la sentencia o la defensa en su caso y que no se utilice como una instancia dilatoria más”, expresó. “Appiani claramente está utilizando esta instancia para aletargar aún más el dictado de la sentencia y de ninguna manera nosotros lo vamos a permitir”, subrayó. Finalmente, los querellantes pidieron que se tenga en cuenta la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, la cual fijó reglas y recomendaciones para dar celeridad a las causas complejas como las de lesa humanidad.

(La Nota digital)

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