Albornoz votó contra la Ley de Narcomenudeo

Intervención legislativa del diputado Provincial Juan José Albornoz (FPV) argumenta su rechazo a la desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes. También votaron por la negativa los diputados Enrique Fontanetto (Encuentro Amplio) y Lisandro Viale (PS).

“Señor Presidente.
Consideramos en esta instancia la voluntad del Poder Ejecutivo Provincial, expresada en el proyecto de ley que tratamos, venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se promueve la operatividad de la adhesión a la ley nacional 26.052, de des federalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes.
En rigor, Señor Presidente, de lo que se trata es de hacer operativa esta adhesión, que la Provincia de Entre Ríos ya había consagrado en el año 2007, a través de la Ley Número 9.783, y cuyos efectos suspendió el por entonces Gobernador Jorge Busti mediante Decreto Nro. 4783, “hasta tanto se obtengan los créditos que permitan implementar la infraestructura edilicia y la disposición presupuestaria permita contar con móviles y equipamiento tecnológico para tal fin”, de acuerdos a sus considerandos.-
Por entonces el Superior Tribunal de Justicia, en concordancia con otras expresiones de organismos representativos de tribunales provinciales y magistrados, expresaban su rechazo a esta iniciativa, por distintos motivos.-
Hemos debatido en esta instancia, o hemos intentado debatir poniendo en consideración las argumentaciones conocidas, de algún modo dotadas de una entidad funcional o jurisdiccional considerable, como ha sido el caso de miembros de fuerzas de seguridad provinciales que trabajan y conocen la trama del delito vinculado a las drogas, miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público y demás. Una reflexión fundamental a la hora de valorar la conveniencia y la eficacia que pudiera tener una decisión de estas características.-
No pudimos, lamentablemente, darnos un tiempo para escuchar voces autorizadas que expresamente señalan la inconveniencia de habilitar un proceso de fragmentación de la competencia penal, porque los resultados o consecuencias procesales observados en otras jurisdicciones, como la Provincia de Buenos Aires por ejemplo, lo que muestran es una concentración del esfuerzo estatal en la persecución del delito menor, interfiriendo, obstaculizando si se quiere, en definitiva, la sustanciación de causas que persigan el narcotráfico, el tráfico, el almacenamiento o acopio, o el transporte en mayor escala, de drogas.
Sin pretensión de extenderme demasiado, señor presidente, ya que estas posiciones e informes que de algún modo constituyen la estructura argumental de mi rechazo a esta ley, son documentos oficiales, públicos y disponibles para su lectura y conocimiento por parte de todos, como el informe preliminar de la PROCUNAR, Procuraduría de Narcocriminalidad, a cargo del Dr. Felix Pablo Crous, que es parte del Ministerio Publico Fiscal, dependiente de la Procuración General de la Nación, a cargo de la Dra. Alejandra GilsCarbo.-
Algunas consideraciones acerca de los interrogantes o dudas que plantea avanzar en este camino tienen que ver, básicamente, con la criminalización y estigmatización del consumo, por un lado.
La Procuraduría de Narcocriminalidad detectó un crecimiento enorme de las causas por posesión desde que se desfederalizó el tema y un paralelo desplome de las grandes causas, las que van al negocio de base. Y más allá de que el narcotráfico no pueda ser soslayado por nadie al momento de discutir agenda pública, las estadísticas muestran que solo un exiguo tres por ciento de las causas judiciales sobre drogas investigan el contrabando propiamente dicho. Lo muestra ese estudio preliminar, donde aparece el sistema judicial ocupando la mayor parte de su trabajo y sus recursos en infracciones a la ley de estupefacientes en comparación con otros delitos, siempre sobre los eslabones más débiles, sobre quienes poseen cantidades menores para consumo personal. En la provincia de Buenos Aires llegaron a aumentar un 200 por ciento las causas por tenencia de droga para autoconsumo. Es una de las consecuencias, según interpreta el documento, de la vigencia de la ley que “desfederalizó” los casos de menor cuantía, y que concentró las pesquisas en manos de los jueces, fiscales y policías locales. Pero lo más impactante es que a la vez cayeron en picada las investigaciones más complejas destinadas a desbaratar el crimen organizado (y con él todas sus devastadoras consecuencias sociales) a pesar de que nunca estuvo en duda de que debían tramitar en la Justicia federal.-
Se desprende mirando esos números, que un 38 por ciento de las causas de drogas apuntan a perseguir la tenencia para consumo personal; le sigue el comercio de drogas, con un 35 por ciento, y luego otros delitos relacionados como transporte y almacenamiento; y último de la lista está el contrabando. En algunas jurisdicciones hay más fanatismo por las investigaciones de este rubro si se compara con otros delitos: en Rosario son el 68 por ciento de las causas, el 66 por ciento en Córdoba, 64 por ciento en Mendoza y 61 por ciento en Resistencia. Excepto “la Chicago argentina”, las otras tres jurisdicciones lideran también el ranking de pesca de pequeños consumidores, junto con la Ciudad de Buenos Aires, donde este rubro abarca el 41 por ciento de las causas de drogas. De por sí en Capital está el número más alto de causas por droga en relación con la población: hay 271 cada 100 mil habitantes. Estas cifras están tomadas de registros de causas del año 2012. Pero el informe también incluye un análisis comparativo que comienza antes, en 2005.
Suele afirmarse, los especialistas asilo hacen, que el consumo personal está despenalizado de hecho en la Argentina, a partir del conocido fallo por el que se pronunció en tal sentido la Corte en Agosto de 2009 en el fallo Arriola, declarando inconstitucional el castigo. Sin embargo, la policía sigue realizando detenciones por la simple tenencia (dando por hecho que existe la duda de para qué va a usar la droga), y se abre un expediente judicial que implica todo un proceso burocrático, hasta que finalmente un juez dicta el sobreseimiento invocando el fallo supremo. De este modo, el sistema dedica la mayor parte de sus esfuerzos y recursos a perseguir gente que terminará absuelta. Uno de los datos que aporta la Procunar es que la mayoría de las investigaciones las inician las fuerzas de seguridad. El número duro indica que es así en el 67 por ciento de los casos pero el propio informe aclara que la cifra real sería del 80 por ciento.
Esto significa que en la mayoría de los casos es la policía u otra fuerza la que selecciona a quien busca, atrapa y denuncia para iniciarle una causa de drogas. El sistema judicial se convierte así en una segunda etapa de selección. Para ese entonces, la persona detenida habrá sido subida a un patrullero, demorada o encarcelada y, por ende, posiblemente estigmatizada. La Procunar aún no terminó de analizar el impacto a nivel penitenciario pero es sabido que, especialmente en territorio bonaerense, ha habido un incremento ostensible de la población carcelaria vinculada a este fenómeno. Es común que se den excarcelaciones para mostrar resultados. En el caso de las mujeres, por ejemplo, desde la Asociación Intercambios han estimado un 80 por ciento de aumento.
Entonces, podríamos afirmar que esta tendencia, en una Provincia que acaba de poner en marcha un nuevo código procesal penal tendiente a descongestionar y acelerar la resolución de los conflictos sociales judicializados, deberá absorber las causas por los delitos que hasta ahora perseguía y juzgaba la Justicia Federal, pero sin contar con una preparación y un plan previo que garantice una adecuada administración de los mismos. Tampoco la fuerza policial tendrá esa mayor capacidad operativa que evidentemente necesitará para poder cumplir con la finalidad de asistir a la Justicia en la faz investigativa preliminar. Y tendremos nuevamente congestión judicial, más una ostensible distracción del esfuerzo estatal, concentrado en la persecución y represión del último eslabón de la cadena, allí donde el consumidor toma contacto con la droga. Porque si de algo se trata la ley es de criminalizar el comercio minorista, la venta final, o como lo llaman o se ha divulgado eufemísticamente, el narcomenudeo. He leído también la denominación de “microtráfico”, para referirse a este tipo de estrategias. Obsérvese que en esa composición lingüística ya se ha quitado la referencia a la droga, toda referencia. De hecho, hay muchas opiniones que plantea que detrás de la consigna de “combatir el narcomenudeo” habría una posible y fáctica deserción en el combate contra “el narcotráfico”. Es decir, dejar de perseguir lo grueso del negocio ilegal de drogas o la narcocriminalidad para poner el acento en el consumo y el menudeo.
Hay lugares donde, más allá de la tendencia, hay más investigaciones por comercio que por tenencia para consumo. En Corrientes, por ejemplo, son el 85 por ciento de las causas del rubro. Los expertos lo atribuyen, en este caso, a una mayor presencia de fuerzas de seguridad, como la Gendarmería, dedicada al tema. En Mar del Plata, son el 68 por ciento de las causas; en San Martín, una zona de concentración narcocriminal, 64 por ciento; en Bahía Blanca son el 61 por ciento de las causas.
Las dos jurisdicciones donde más se persigue el contrabando de estupefacientes son Posadas, cercana a una frontera caliente, con un ocho por ciento de causas penales focalizadas en este delito, y la Ciudad de Buenos Aires, con el 14 por ciento. Llama la atención en ciertas ciudades la escasa cantidad de causas por contrabando: en Bahía Blanca, que tiene puerto (lo que la hace un punto vulnerable) no tiene ninguna causa por contrabando de drogas; en Rosario hay dos y en San Martín hay cuatro.
En números totales, la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez es una de las ciudades con mayor densidad de población, concentra la mayor cantidad de causas de droga en general de todo el país (23.473) según los datos de 2012. Le siguen otras ciudades fuertes: Mendoza (3203 causas), Córdoba (2860 causas) y Rosario (2283).
La primera iniciativa para desfederalizar la Ley de Estupefacientes fue fruto de un proyecto del ex gobernador bonaerense Felipe Solá, aprobado en diciembre de 2005 y vigente en la actualidad. Fue presentado como una gran oportunidad para que la Justicia provincial investigara a quienes venden, por ejemplo, marihuana o bochitas de cocaína en escuelas, barrios, clubes y boliches y que la Justicia federal se dedicara a la narcocriminalidad. Pero no fue así.Según la Procunar, ya en los debates parlamentarios se vislumbraba el fracaso. No sólo porque se apuntarían los cañones a los más débiles, sino porque se avecinaban dudas o disputas por la competencia para investigar. Cuando se comercializan estupefacientes en dosis fraccionadas para llevar al consumidor, se abre un “abanico de zonas grises”. ¿A quién se ataca allí? ¿A la organización, a los dealers, a los consumidores? La ley, además, no prevé mecanismos de interacción entre la Justicia provincial y la federal nacional. Si hubiera para investigar algo más grande detrás de un kiosquito de drogas tal vez la Justicia federal ni se entera. Y en este contexto, evalúan en la Procunar, se da un enorme poder a las policías provinciales para decidir hasta cuestiones de competencia.
La desfederalización causó que en la provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2008 se redujeran abruptamente los expedientes penales por violación a la Ley de Estupefacientes que entraban a la Justicia federal allí afincada. Eran 10.044 las causas iniciadas justo antes de la aprobación de esa reforma, y quedaron 631 tres años después. Este resultado era esperable. En 2005, la Justicia federal bonaerense concentraba el 40 por ciento de todas las causas de drogas, mientras que la ciudad de Buenos Aires, el 35 por ciento, y el resto del país, 25 por ciento. Para 2008, la relación era: tres por ciento en la provincia, 49 por ciento, Capital Federal, 48 por ciento, el resto.
Lo que sorprendería después fue que aquella “merma implicaría que más del 30 por ciento de las causas iniciadas por estupefacientes en todo el país saliera de la Justicia federal”, según la Procunar. Es decir que el fenómeno bonaerense repercutía por todos lados.
Pero incluso dentro de la provincia de Buenos Aires lo que sucedió en el ámbito de la Justicia federal fue que no sólo disminuyeron las causas motivadas por delitos desfederalizados, sino todos los demás vinculados a grandes o aceitados grupos criminales, lo que incluye delitos en los que jamás estuvo en discusión que la competencia no era provincial sino nacional.
Las cifras del período 2005-2008 sobre la investigación de delitos federales son elocuentes:
– La tenencia con fines de comercialización tuvo una merma del 88 por ciento (de 2315 se pasó a 270).
– El comercio simple cayó un 89 por ciento (de 1181 a 126 causas).
– El comercio agravado por la intervención de tres o más personas descendió de 25 causas a siete.
– El almacenamiento simple, de 23 causas a cuatro.
– La organización y financiamiento de tráfico pasó de 23 causas a cinco.
– Y el transporte agravado (por intervención de algún funcionario) bajó de una causa a ninguna.
La Procunar advierte que el gran problema que estas cifras revelan es que “la posibilidad de acceder al conocimiento de ilícitos más complejos se ha reducido significativamente”.
¿Qué ocurrió con los delitos de drogas que quedaron a cargo de la Justicia provincial? Acorde con la tendencia, todo se focalizó en los consumidores y hubo un crecimiento exponencial de las cifras. Mientras en el resto del país las causas para tenencia para consumo personal aumentaron un 61 por ciento entre 2005 y 2008, en el ámbito de las fiscalías federales de la provincia de Buenos Aires saltarían de ser 2500 a 7484: el incremento fue casi de 200 por ciento. El informe agrega que se observa que algunos hechos que en el ámbito federal son tomados como figuras penales menores en la provincia se computan como tenencia con fines de comercialización.
La Procunar ha intentado desalentar la desfederalización en provincias que intentan aplicarla y entregará su informe a diputados y senadores para que aprecien que, según estas estadísticas que ellos manejan en base simplemente a los registros de causas penales, dejan en claro que las investigaciones judiciales, muchas de ellas manejadas directamente por los jueces, no están apuntando al narcotráfico, por el que la Corte Suprema y la Iglesia han manifestado enorme preocupación.
En este contexto, tampoco ha disminuido el consumo de drogas (ver aparte). La procuraduría afirma que “la reducción del conjunto de problemáticas asociadas a los estupefacientes a definiciones sectorizadas, ancladas en una visión anacrónica de la seguridad, desarticuladas del resto de las agencias estatales y de la sociedad civil, han derivado en propuestas que han fracasado sistemáticamente en el intento de reducir el consumo; a la vez –como en el caso de la ley de desfederalización– han promovido un entramado institucional complejo que a nuestro entender impide construir una política criminal uniforme sobre la materia”.
Nosotros adherimos a esta perspectiva Señor Presidente.
Sostenemos además que es falso hablar acerca de una ley contra el narcomenudeo, o que ahora nadie podrá hacerse el distraído, o que aparece una nueva voluntad estatal para perseguir el delito asociado a las drogas, porque siempre estuvieron las leyes y los recursos operativos para perseguir y prevenir ese tipo de delitos.
Lo que hay es un cambio de competencia, de hecho así se denomina técnicamente la ley nacional a la que se pretende adherir: LEY DE DESFEDERALIZACION PARCIAL DE LA COMPETENCIA PENAL EN MATERIA DE ESTUPEFACIENTES (26052).-
Ahora se va a atacar y antes no se hacía? Si es así, porque esperamos tanto tiempo para hacerlo. Imaginemos que el mismo Ministro de Gobierno que promueve la ley en 2014 es el mismo Ministro que firmó en 2007 el decreto suspendiendo la aplicación de esta misma ley. Entonces no había voluntad de perseguir este tipo de delitos antes?
No. No es así. Siempre hubo intención de perseguir el delito y preocupación por el crecimiento y la visible extensión de la narcocriminalidad y la generalización del consumo. Lo que hay ahora es la decisión de que intervengan nuevos actores en la investigación, persecución y castigo de los delitos de menor cuantía, de aquel tramo que excepcionalmente la ley 26052 habilita para las justicias provinciales.
La pregunta es: si consideramos los resultados, las consecuencias de la aplicación de la ley en otros distritos. Porque definimos modificar la ecuación ahora, y darle intervención a la justicia provincial y la fuerza de seguridad local, distrayéndolas hacia la persecución del comercio minorista de drogas?
En contra de lo que se anuncia desde numerosos sectores, entiendo que provincializar un segmento de la ley de estupefacientes, o mejor dicho la competencia penal para perseguir la comercialización en su etapa final, no implica sumarse a “combatir el narcotráfico”, sino asumir la criminalización del narcomenudeo, que no es lo mismo.-
Esta provincialización de la persecución del narcomenudeo que es lo que habilita la ley de desfederalización, implica un abordaje de la problemática relacionada con las drogas desde la represión penal, que los hechos ha demostrado, sobradamente, que se trata de una causa perdida de antemano. Los resultados de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires, tras ocho años de experiencia, constituyen una prueba irrefutable del fracaso de una política de esta naturaleza, por citar el ejemplo más notorio.-
No puede omitirse que la provincialización de este segmento de la persecución penal a ciertos comercios de drogas implica la creación de nuevas burocracias (jueces, fiscales, defensores y funcionarios) dilapidando los escasos recursos que deberían ser orientados a la promoción de la comunidad y, fundamentalmente, de aquellas personas que tienen serios conflictos con el consumo de estupefacientes.
“La mayor cantidad de causas que tramitan en el país sobre violación a la denominada Ley de Estupefacientes (23737) es por la figura de tenencia para consumo personal, en un 38%, seguidas por comercio de drogas, en un 35%. Pero en sólo en el 3% de ese universo se investiga el delito de contrabando de estupefacientes, una de las más graves conductas reprimidas por esa ley.
La opinión negativa a la desfederalización de los estupefacientes no implica ignorar o minimizar la problemática que entraña el narcomenudeo: kiosquitos de drogas, punteros y comercios que, muchas veces, se encuentran relacionados con las economías familiares o la atención de las propias adicciones. Sin embargo, nos permitimos insistir en que la alternativa del derecho penal para abordar estas problemáticas no se ha mostrado idónea en los hechos, y es preciso que la actividad estatal se oriente a una intervención relacionada con la recuperación de las personas afectadas y la disminución de daños.
En nuestro criterio, con esta ley, Se abandona el criterio de abordaje del tema desde la salud pública, para quedarse solo en la utilización del carácter punitivo, limitándolo al aspecto represivo.
Los funcionarios judiciales que escuchamos en el debate en la Comisión no avalan el texto tal como viene del senado, razón por la cual se le introdujeron modificaciones. Han sostenido que hay pocos juzgados y que se estarían haciéndose cargo de algo que no es de su competencia. Se harían cargo de “desactivar” el comercio. No los convence, pero algo hay que hacer, dijeron. Ponen reparos en cuanto al control, a no darle poder ilimitado a la fuerza de seguridad. Piden que se asegure el control interno de la policía, generándose ámbitos de inteligencia policial democrática, porque si no se cierra un kiosco y se abre otro al lado. Con esta ley no se soluciona el problema, solo se puede desactivar en actividades pequeñas. Se refirió al proyecto de ley: “esto es una prueba” y por ello postulan la creación de un observatorio para ver cómo evoluciona la aplicación de esta ley. Asimismo hizo referencia a que las drogas llegaron a las capas más bajas de la sociedad, que allí la mercadería es pésima, que no se tiene contención.
No hay casi sugerencias acerca de políticas públicas para contener a este sector social que son tóxicos-dependientes, de cómo el Estado puede crear políticas para contar con tratamientos especializados de recuperación, rehabilitación y la reinserción de las personas con problemas de adicción. No hay en el expediente expresiones de los organismos específicos del gobierno provincial en la materia. Esto esun déficit notorio en el debate. El Dr. Eugenio Zaffaroni, Juez de la Corte, caracteriza a la legislación “anti – droga” como meras reiteraciones de fenómenos de deterioro y destrucción del derecho penal liberal, en donde se crea o se magnifica un peligro social existente, se lo extrae del contexto Y SE LO HACE PENAL. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado: la salud, la libertad, los intereses fiscales, la seguridad colectiva, los intereses económicos, la integración social? Lo que si queda claro es que se utiliza el concepto de bien jurídico salud pública, para legitimar la actividad punitiva, que además de castigar al adicto, crea previamente la selectividad del sujeto a encarcelar, a partir de estereotipos criminales.
Contrariando el pronóstico según el cual a partir de la desfederalización las fuerzas de seguridad y policías provinciales sumarían su colaboración en la persecución de los ilícitos previstos en la Ley de Estupefacientes, ocupándose del delito de menor cuantía y la Justicia Federal al delito en su fase compleja, la evolución de las cantidades de causas iniciadas, ya sea por comercialización agravada, transporte, almacenamiento y otras figuras no comprendidas en la Ley 26.052, permiten demostrar que, desde la perspectiva de la competencia federal, la posibilidad de acceder al conocimiento de ilícitos más complejos ha disminuido considerablemente”. Más precisamente que, con el desarrollo de la investigación en la justicia provincial, atentan contra la investigación de los hechos más relevantes.
Estas consideraciones, que hacen a la configuración de una convicción personal en torno a la inconveniencia de esta norma, por las consecuencias que habrá de traer en el futuro, respaldan Señor Presidente mi voto rechazándola. El hecho de que se produzca un retroceso en orden a la estigmatización y criminalización del consumo, con la consiguiente vulneración de espacios propios de la esfera de los derechos y libertades individuales e incluso contradiciendo el umbral de justificación o legalización de hecho que constituye el fallo de la Corte en el caso Arriola, por un lado; la distracción de la capacidad persecutoria y punitiva del Estado para con el delito asociado a las drogas en su aspecto principal, esto es el narcotráfico, el tráfico, la producción, el ingreso a nuestra Provincia, el transporte, el acopio o almacenamiento de drogas, como se ha demostrado en otras jurisdicciones, para poner todo ese esfuerzo en las causas menores y en los consumidores y, finalmente, la desmembración o fragmentación de la competencia o intervención en la persecución de los delitos complejos, debido a una disputa de competencias, de atribuciones o de “poder” en torno a una realidad que corrompe y fragmenta todo lo que toca.
No rechazamos esta ley tanto por las certezas, que de hecho aquí se han expuesto varias, sino por las enormes dudas acerca de los perjuicios sobrevinientes, en materia de derechos subjetivos y colectivos, que podrían verse afectados a partir de dejar en manos de la Justicia Provincial y la fuerza de seguridad policial local la decisión acerca de la persecución, investigación y juzgamiento de los delitos en materia de estupefacientes, en su escala final de comercialización, sin un esquema de control democrático ni mecanismos institucionales de observación acerca del comportamiento procesal y la incidencia social de esta transferencia de competencia”.

Fuente: Movimiento Evita Entre Ríos

(La Nota digital)