Declararon 2 policías imputados en la causa por sedición

Luis Alberto Gómez y Esteban Cendra, dos de los 18 imputados en la causa por el amotinamiento de diciembre de 2013, declararon ante el Tribunal de Juicio.

En sus exposiciones, negaron los cargos en su contra, afirmaron no haber estado en el lugar de los hechos al momento de producirse la revuelta y cargaron contra la jerarquía policial por supuestas represalias que los pusieron en el banquillo de los acusados. Mientras que los 16 imputados restantes se abstuvieron de declarar. Este jueves será el turno de la visualización de la prueba audiovisual y de los testimonios del exjefe Departamental, Lucio Villalba, y de otros dos altas autoridades de la fuerza.

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Gómez y Cendra, ambos representados por el Dr. Emiliano Díaz Vélez, fueron los únicos imputados en la causa por sedición y otros delitos ocurridos durante diciembre de 2013, que optaron por declarar. Los restantes, patrocinados por los abogados Alejandro Giorgio (defensor oficial); Juan José Bukténica y César Bonato; Oscar Bacigalupe y Gonzalo Cantallops, hicieron uso de la facultad de no declarar, aunque los defensores anticiparon que muchos de ellos lo harán cuando el proceso esté más avanzado. Mientras los dos acusados expusieron ante el Tribunal, el presidente del cuerpo Jorge Barbagelata Xavier, hizo trasladar a los demás policías a un lugar contiguo para que no exista “concierto de voluntades” en los dichos.

Cabe consignar que, a diferencia de los testigos, los imputados al hablar ante el Tribunal no tienen obligación de decir la verdad, por lo tanto sus dichos están circunscriptos a la estrategia defensiva y no a la descripción imparcial de lo ocurrido en los hechos que se les endilgan.

Tanto Gómez, que declaró primero, como Cendra, que lo hizo luego, centraron sus exposiciones en tres ejes: negar las acusaciones, ubicarse en otros espacios físicos distintos al escenario principal del conflicto (la Jefatura) al menos al momento en que se produjeron los incidentes más graves y cargar contra las jerarquías policiales por supuestas venganzas o revanchas que tomaron contra ellos por episodios anteriores; casualmente, los apuntados son testigos de Fiscalía. Ambos también coincidieron en catalogar lo sucedido como “un reclamo salarial”.

Megáfono en mano

Gómez consignó que el domingo desde las 19 hasta las 22.30 aproximadamente, estuvo en la costanera con su familia, siguiendo las alternativas de los sorteos que un canal local realiza anualmente.

Se enteró de lo que estaba ocurriendo por mensajes de texto que, dijo, comenzaron a llegarle insistentemente a partir de las 21.30, hora en que la acusación de Fiscalía data el inicio de la toma de la sede policial. Su primera intención de sumarse fue descartada luego de que su mujer le dijera “para qué vas a ir, si ya sabés de qué se trata”; pese a esto, ante una de las preguntas que luego le hiciera la fiscal general adjunta Cecilia Goyeneche, Gómez dijo que la invitación, de la cual responsabilizó a otro uniformado, Miguel Zabala, era para una “reunión familiar en la plaza”, como las que se habían sucedido en días anteriores, y que no conocía el motivo concreto del cónclave.

Además, mostró contradicciones al momento de referir las horas en la que recibió los primeros mensajes de lo que ocurría en la plaza y los comentarios que hizo en la costanera con otros uniformados, entre ellos su hermano.

Gómez detalló que estuvo en Jefatura durante toda la noche y confesó que estuvo con un redoblante y un megáfono arengando. Asimismo, manifestó que padeció una descompensación por la mañana, por lo que fue trasladado al Hospital Felipe Heras, donde se le realizaron estudios. Pese a que, según sostuvo, perdió el habla momentáneamente, volvió a la Jefatura de donde partió finalmente recién a las 18, cuando su hermano lo trasladó hasta su casa.

Un dato para destacar es que Gómez aseguró que durante los dos días que duró la crisis no utilizó el uniforme: estuvo, según sus dichos, de pantalón corto blanco, remera azul y alpargatas y “no portaba armas”. Con este dato, que busca restringir la acusación en su contra por la acción coactiva que representa una protesta pública de personal armado, abrió sin embargo el camino de cuestionamiento a su práctica profesional, ya que la ley 5654, Reglamento General de Policía, establece que los integrantes de la fuerza mantienen el “estado policial”, es decir sus derechos y deberes, en forma permanente lo que los obliga a la portación de armas “en todo momento y lugar”, como señala el artículo 15°.

A renglón seguido, describió una serie de hechos y vicisitudes que tuvo con jefes de la fuerza de distinto rango, los que estableció como causa real de estar imputado en esta investigación. En rigor, aseguró que su imputación respondía a una suerte de revancha o venganza en su contra por parte de los jerarcas policiales por viejas rencillas.

Consultado por la Fiscalía, negó haber bajado del cuello a Villalba desde su oficina en el primer piso hasta la planta baja. “Lo abracé y bajé con él para que no lo empujen, le peguen y se caiga, porque la escalera es angosta”, puntualizó. Aseguró a su vez que, en la Jefatura, los jefes se movían con total libertad. También descartó haber golpeado a otros jefes durante la noche del 8.

En la fiesta del arándano

Cendra, en tanto, aseguró que el viernes estuvo trabajando como adicional desde las 19 hasta la madrugada en la Fiesta del Arándano, donde concurrió llevado por el oficial Andrés Godoy, con quien permaneció hasta las 2.30 en La Criolla, donde se realizaba el evento. Luego de algunos trámites ligados al festejo hecho en esa localidad, retornó con Godoy y otros dos uniformados. El oficial estaba al tanto de lo que ocurría en la ciudad, porque se lo avisaron en dos oportunidades mediante sendos llamados telefónicos. Sin embargo, decidió, según el relato de Cendra, llevar a los demás a sus domicilios y citar al imputado al otro día en Jefatura, descartando incluso la moción que hicieron los demás para ir a reforzar la seguridad en el hipermercado.

Cendra, que realiza tareas de mantenimiento y maestranza en la sede policial y en otros lugares de la fuerza, llegó al día siguiente al mediodía y, según expresó, encontró normalidad en la Jefatura. Incluso consultado por el abogado defensor César Bonato, describió que el asiento de la fuerza policial “no estaba tomado” y que el movimiento era “normal”. Como Godoy no le dio directivas, estuvo dando vueltas en varios lugares de la central; además, comentó que esa tarde debía cumplir con un arresto, por lo que pidió al agente de la guardia que registre su ingreso.

En su declaración, también apuntó a que está involucrado en la causa por problemas preexistentes con jefes, a quienes había advertido de situaciones delictivas y anómalas, sin que se tomaran, a su entender, medidas para evitarlas.

Además, precisó que durante el domingo 8 por la mañana, al menos doce horas antes de los sucesos, los jefes de secciones y de comisarías mantuvieron un cónclave en la Jefatura por la inquietud policial, pero afirmó no tener conocimiento cabal de qué se habló entonces.

Antes de finalizar la audiencia, a pedido de la Fiscalía, se incorporaron como prueba las declaraciones indagatorias tomadas durante la investigación penal preparatoria a Carlos Zaragoza; Juan Manuel Rosas; Romeo Valdez; Omar Paredes; Federico Diferding; Luis Carlino; José Orlando Troncoso y Horacio Imaz. Además, las defensas informaron que la madre de José María Biderbos y la esposa de Valdez renunciaban como testigos, a fin de poder presenciar el debate, ya que está vedado a quienes tengan que testimoniar seguir las instancias del juicio como público.

Tercera jornada

Este jueves el Tribunal desdoblará en dos turnos la audiencia. Por la mañana, luego de un acuerdo entre las defensas y la Fiscalía, se proyectarán los videos y fotografías de aquellos días. Esto insumirá hasta el mediodía. Por la tarde, está previsto que Villalba, Ariel Silva, el ex jefe de Logística y el comisario Humberto Salvador presten declaración testimonial, según publica APF.

(La Nota digital)