La apropiación de “Los Arenales” llega a la Suprema Corte

Se trata de un territorio del dominio público provincial sometido a la administración del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial, hoy apropiado por el empresario Lifschitz.

La apropiación de Los Arenales llega a la Suprema Corte

Abogados del foro local presentaron, en representación de ciudadanos de Paraná, un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia – STJ para que este cuerpo “declare la admisibilidad y junto con el expediente lo gire a la Suprema Corte de Justicia de la Nación – SCJ, para que evalúe y falle frente al vergonzoso caso de entrega del balneario de Los Arenales por vía de un decreto”, confirmó una de las letradas demandantes, Emma Bargagna.

El muro de Los Arenales, claro ejemplo de apropiación

En diálogo con Agencia AIM, Bargagna señaló que este viernes realizó la presentación junto con su colega, el abogado Santiago Reggiardo, ante la sala 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ de Entre Ríos.

Se trata de un territorio del dominio público provincial sometido a la administración del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial, que el gobierno reivindicaba de particular, y que, por vía de un decreto refrendado por el ex mandatario Jorge Busti y el entonces ministro de Gobierno y actual gobernador, Sergio Urribarri, con dictamen previo favorable aconsejando el desistimiento de quien ocupaba la fiscalía de Estado, Claudia Mónica Mizawak, “ordenó a la fiscal poner fin de modo irregular a un juicio de reivindicación y nulidad de títulos que estaba prácticamente ganado por los numerosos antecedentes de otros terrenos linderos”.

La abogada explicitó que en el texto, al que accedió AIM, solicitaron al STJ “que conceda y disponga elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la totalidad de la prueba documental que fue presentada con la demanda y el incidente de Beneficio de Litigar sin gastos concedido a las actoras por el juez de esta causa en resolución confirmada por la Alzada”.

Además señaló que peticionaron a la Suprema Corte “que se haga lugar al recurso extraordinario federal deducido contra la Sentencia Definitiva de la Sala 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ de Entre Ríos, dictada a fojas 411/417 de autos, que revoca el fallo del 19 de marzo de 2015, recurrido por los fundamentos explicitados”.

La letrada precisó que la orden de desistimiento del decreto 7560 también alcanzaba el incidente de medida cautelar, caratulado: ‘Gobierno de la provincia de Entre Ríos c/ Lifschitz, Sergio Gregorio y otra s/ medida cautelar de prohibición de innovar y contratar’ (Expte. 11.836/ 2003) en trámite ante el juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 4 de Paraná, secretaría 4. “Esta medida cautelar prohibía al particular beneficiado por el decreto ofrecer lotes en venta y realizar construcciones en el balneario público”, recordó.

Como es de público conocimiento, el desistimiento de la cautelar benefició a Lifschitz, quien, durante el transcurso del juicio de inconstitucionalidad cerró el balneario público con un muro de cuatro metros de alto por 321 metros de largo que llega hasta el pelo del río, colocó alambradas, y mantiene un servicio permanente de seguridad privada que imposibilita el legítimo ejercicio del derecho de las ciudadanas demandantes –y del público- al uso, disfrute, acceso, tránsito y permanencia en toda la extensión del espacio.

Como agravante, el particular beneficiado por el decreto realizó obras que modificaron la topografía de la playa pública. Construyó un canal y edificó sobre el techo del Túnel, (cuya traza atraviesa la playa y sigue por el lecho del río), en la zona de estricta prohibición de intervención, colocando en riesgo la obra pública interprovincial. “Todos estos hechos, además de constar en el expediente, son públicos y notorios y revisten gravedad institucional”, afirmó Bargagna.

También indicó que junto con Reggiardo, en representación de ‘Irma Barrientos y otra’ “solicitamos a la SCJ que trate el recurso extraordinario interpuesto, haga lugar al mismo, revoque la sentencia dictada el 19 de marzo pasado, y falle haciendo lugar a la demanda de inconstitucionalidad del decreto 7560/05 en todas sus partes”.

El dato

El 19 de marzo, el STJ ratificó en un fallo que el decreto, al que se atacó por inconstitucionalidad, “no exhibe vicios que justifiquen su declaración de nulidad o repugnancia a la Constitución”, y señaló que la determinación de desistir en el reclamo de un espacio público constituye una atribución del Poder Ejecutivo y que en esa decisión no se advierte una “afectación a intereses difusos o de incidencia colectiva”.

“El acto aquí atacado expresó las razones de su dictado –más allá de poder compartir o no las mismas– y se enmarcó en la situación procesal de las causas cuyo desistimiento dispuso, observando un pronóstico pesimista respecto del éxito de las pretensiones”, consignó el vocal Carlos Chiara Díaz en su voto, al que adhirió Susana Medina de Rizzo, mientras Daniel Carubia, se abstuvo de votar.

Con ese fallo, la justicia entrerriana habilitó a Lifschitz para avanzar en la edificación del barrio privado.

Fuente: AIM

(La Nota digital)