Rechazaron pedido del represor Appiani

A poco de que se conozca la sentencia en la megacausa “Área Paraná”, el ex militar y abogado pidió la excarcelación. El juez Leandro Ríos rechazó el planteo. Enfrenta cargos por secuestros, torturas y desapariciones forzadas.

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Indica El Diario que el juez federal Leandro Ríos rechazó una vez más la excarcelación del exmilitar y abogado Jorge Humberto Appiani, a pocos días de dictar sentencia en la denominada megacausa Área Paraná, donde se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

El represor presentó la semana pasada un escrito con su firma donde le solicita al juez su “inmediata libertad” ante la inminencia de la sentencia e invocando el tiempo que lleva detenido sin condena. Appiani está detenido en la cárcel de Paraná desde el 4 de junio de 2009, un tiempo que excede largamente los dos años que fija la ley, y que podría prorrogarse por un año más considerando la complejidad de la investigación. No obstante, esta causa tiene algunas particularidades, como es el hecho de que ha sido el propio imputado Appiani quien ha promovido una infinidad de planteos para dilatar deliberadamente la tramitación del expediente y el dictado de la sentencia. Ese argumento expusieron, de hecho, los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti para oponerse a la excarcelación del represor. Y así lo entendió también el juez Ríos.

Appiani, de 62 años, está acusado como partícipe necesario de privaciones ilegítimas de libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales contra 8 víctimas; y como autor mediato de privaciones ilegítimas de libertad y tormentos contra 27 personas que se encontraban detenidas en los centros clandestinos. Entre sus víctimas se cuentan Victorio Coco Erbetta y Claudio Marcelo Fink, que permanecen desaparecidos. Por esos delitos, los querellantes pidieron que sea condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos; y la Fiscalía solicitó una pena de 25 años de cárcel. La sentencia se conocerá antes de fin de año.

Entre 1976 y 1977 Appiani tenía el grado de teniente primero y se desempeñó como auditor del Ejército y auxiliar del consejo de guerra estable que juzgó y condenó a decenas de presos políticos sin garantías de ningún tipo. En esas parodias de juicios era quien confeccionaba las declaraciones autoincriminatorias que luego les hacían firmar a las víctimas.

Esos datos aparecen en el alegato de los querellantes, donde señalaron que Appiani “estuvo a cargo de la articulación de las instrucciones militares clandestinas, disposición de los detenidos por razones políticas y de la confección de los antecedentes documentales y declaraciones falsificadas en la parodia de un juicio ante los tribunales militares labrados en la época de los hechos” y no dejaron de mencionar que “él mismo receptaba las declaraciones que autoincriminaban a las víctimas y a terceros bajo medios ilegales”, es decir, bajo tortura.

Los fiscales, por su parte, valoraron el “doble rol” de militar y abogado que ostenta Appiani para señalar que “durante su formación militar y universitaria le fue instruido que la dignidad humana debe ser respetada sin excepciones y que aquel concepto adquiere todo su sentido con las normas que construyen el sistema de derechos y garantías inalienables de todas y cada una de las personas”. De hecho, consideraron que tuvo un “intenso grado de involucramiento personal” con la represión ilegal, con una presencia activa en los lugares de detención ilegal, durante las farsas de juicio, en los lugares clandestinos donde las víctimas fueron sometidas a tormentos e incluso durante las sesiones de tortura, de acuerdo con los testimonios de las víctimas.

Además, señalaron “el componente ideológico del accionar” de Appiani, señalaron que tuvo un accionar “acentuadamente despreciativo de los derechos humanos”, que actuó “motivado por un profundo odio hacia las víctimas” y que durante la represión ilegal desplegó “actitudes llenas de crueldad individual”.

Sentencia en puerta

La megacausa Área Paraná concentra la mayoría de las denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, ya que se investigan secuestros y torturas contra 52 víctimas, de las cuales 5 permanecen desaparecidas: Victorio Erbetta, Carlos Fernández, Claudio Fink, Juan Alberto Osuna y Pedro Sobko.

El proceso tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, que prevé actuaciones escritas, pero ha insumido casi doce años de trámite judicial, desde que en diciembre de 2003 se pidió el desarchivo, por la sucesión de chicanas dilatorias y recursivas que impusieron las defensas (especialmente Appiani), que llegaron, incluso hasta denunciar a funcionarios judiciales ante el Consejo de la Magistratura.

Al final del juicio llegan siete represores: los ex militares Appiani, José Anselmo Appelhans, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; el ex policía federal Demonte; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano. En el camino quedaron otros catorce, fallecidos o que fueron separados por razones de salud.

(La Nota digital)