Los concejales Zuiani y González pretenden “desmembrar” el Parque Nuevo

En el año 2007 una Ordenanza declaró Área Natural Protegida a las 92 hectáreas del Parque Nuevo de Paraná. Ahora, dos concejales impulsan una “regresión de derechos en materia ambiental”.

CARTA ABIERTA

“La desafectación de la calidad de Área Natural Protegida de parte de las 92 hectáreas del Parque Nuevo significa una regresión de derechos en materia ambiental que daría lugar a la tacha de inconstitucional de cualquier ordenanza que se dicte en este contexto. La tutela del medio ambiente mediante el principio de progresividad implica que el esfuerzo hecho por el Estado en cuanto a la protección del ambiente no puede disminuir, sino que debe ser cada vez mayor; sobre todo a partir de las reglas derivadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río.

El principio de NO regresión es un Principio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; Art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces.

Dicho principio fue aplicado en nuestro país por parte de los estrados judiciales en casos similares al que podría dar lugar la protección de nuestro Parque. Así en los autos; “PICORELLI JORGE OMAR Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ INCONST. ORD. Nº 21.296 se sostuvo: “Desentenderse de los efectos que sobre la población pueda provocar la iniciativa de reformas normativas como la aquí analizada, se exhibe, al menos en esta instancia inicial, reñido con el principio de progresividad vigente en la materia (conf. art. 4, ley 25.675; CSJN, Fallos 329:2316; esta Corte causa I. 71.446, “Fundación Biosfera”, res. cit.) que, al tiempo que procura la mejora gradual de los bienes ambientales supone que los estándares de protección vigentes o actualmente logrados, no sean sustituidos por otros, inferiores u ostensiblemente ineficaces.

También al momento en que la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica “18 de Octubre” promueve demanda originaria a efectos que se declare la inconstitucionalidad de la ley 14.516, que desafectaba cinco parcelas de la “Reserva Natural Laguna de Rocha”, ubicada en el partido de Esteban Echeverría, declarada tal por ley 14.488. El fallo suspende cautelarmente la aplicación de la ley cuestionada, por entender que “De este modo, se advierte que el principio de progresividad que rige la materia ambiental -y el de no regresividad al que contiene- resultaría afectado por la mentada desafectación, instrumentada por la ley cuestionada en autos.” Este principio sostiene el avance gradual, en etapas, de la concreción de la protección y regulación ambiental. Y lleva implícita (doble dimensión) la obligación de sostener los avances alcanzados, no disminuirlos, no retroceder en los progresos obtenidos, esto se conoce como principio de “no regresión”. A través de estos pilares (progresividad y no regresión), los derechos conquistados no deberían ser puestos en riesgo, ni siquiera reavivarse su debate, salvo que un interés superior lo justifique, claramente como excepción. Cualquier norma o decisión administrativa que implique retroceso, en el sentido de menoscabo, de un derecho o situación jurídica estarían vulnerando este principio fundamental de la gestión y política ambiental de nuestro país.

Así doctrinariamente en nuestro país se entiende que “la prohibición de REGRESIVIDAD constituye un nuevo criterio al control de razonabilidad de las leyes y reglamentos cuando se examina judicialmente la adopción de normas que reglamentan derechos económicos, sociales y culturales.” Esto sería aplicable a cualquier norma impugnada menos favorable para el titular del derecho que la sustituida.

Y para el caso resulta más que oportuno mencionar una sentencia española 538/2012 del 10 de julio del 2012, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo Español, Sección Quinta, en la cual se resuelve el recurso de casación contra la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector nº 3, El Castillo, en Villanueva de la Cañada. ….. en la que se expresó: “la superficie de zona verde en un municipio se configura como un mínimo sin retorno, a modo de cláusula stand still propia del derecho comunitario, que debe respetar la Administración. Sólo es dable minorar dicha superficie cuando existe un interés público especialmente prevalente, acreditado y general; no cabe cuando dicho interés es particular o privado, por gran relevancia social que tenga”.

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(La Nota digital)

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