M. Leiva

Este lunes 18 de septiembre comienza el juicio por la causa de una escuela rural fumigada en Colonia Santa Anita, Entre Ríos.

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Es un caso emblemático sobre las situaciones de las instituciones educativas rurales que han debido unirse en una lucha contra la irresponsabilidad y la ausencia de control frente a las fumigaciones en la provincia de Entre Rios y en todo el país.
Es el caso de la Escuela Nº 44 “República Argentina” de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay donde el 4 de diciembre de 2014 una avioneta fumigó un campo cercano al edificio, afectando gravemente la salud de docentes, alumnos y directivos. La lucha del gremio AGMER en el marco de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, que derivó en una denuncia y posterior actuación de la Justicia tuvo como resultado que tres personas -productor, presidente de la empresa de aviación y piloto de la nave- fuera imputados y procesados por “lesiones culposas leves” y “contaminación ambiental”.
El resultado de este juicio puede sentar precedente, tanto para muchas escuelas rurales que se encuentran en situaciones similares a lo largo y ancho del país, como para todos aquellos docentes que sufren de estos mismos abusos de la ley, para que se animen a denunciar y luchar por sus derechos.
La salud de los trabajares y los estudiantes está en peligro como lo demuestran distintos estudios científicos de nuestro país y el mundo debido a estas prácticas inherentes al modelo productivo. Estas situaciones atentan contra el trabajo de los docentes y los derechos humanos de las comunidades educativas rurales.
Esperamos que los resultados de este juicio estén a la altura de la situación, velando por los derechos de todos los Argentinos, como dice el artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.

REDES

 

(La Nota digital)

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