Allá vamos

Christian Ojeda

Los diez cargos que podrían voltear al Fiscal General Jorge “Coqui” García; fueron presentados por el Dr. Carlos Reggiardo al Jurado de Enjuiciamiento y ya corren los plazos constitucionales.

1-

Falta de idoneidad: “Accede a su primer cargo jerárquico en la Administración de Justicia como Secretario en el año 1979, en pleno proceso militar, en los años calientes de las violaciones de los DDHH y obviamente jurando y coincidiendo con el Proceso Militar”.

“No había otra forma de ingresar al estado en sus poderes, sin antes superar las coincidencias que el proceso instrumentaba” (…) “Ello de por si es suficiente para determinar la destitución del acusado, por la falta de idoneidad que regla la Constitución Provincial”.

2-

Incumplimiento del deber de acusar: “No haber acusado al Juez Carlos Rossi, quien fue sometido al Jurado de Enjuiciamiento, luego de haber liberado a un reo, haciendo caso omiso a dos informes negativos, y quien en libertado cometió el crimen más aberrante que se recuerde en los últimos años, asesinando a Micaela García”.

“Este quizás es el cargo más grave ya que hay un manifiesto, claro y evidente incumplimiento del procedimiento de la Ley de enjuiciamiento”.

“El incumplimiento de la ley, que García alegremente funda en que la ley es anterior a Constitución de 2008, y hace un retorcido análisis para concluir que esa manda legal a él no lo obliga, es una muestra más del Procurador de creerse que está por encima de la ley, que incluso es el intérprete final de la constitución, y que está exento de cumplir mandas legales, lo cual demuestra el grado de prepotencia con el que se maneja”.

3-

Reiterada violación de la Norma Legal N° 9.424 de Registro de deudores alimentarios: “García es casado en primeras nupcias en Concepción del Uruguay con Ana Presas, con quien tuvo tres hijas y posteriormente aconteció la separación. Ante reiterados incumplimientos de cuota alimentaría, la Dra. Presas promovió acción por ante los Tribunales de Concepción del Uruguay, con el patrocinio letrado de la Dra. Daniela Neyra, que valientemente asumió la defensa, ante la deserción por temor de la casi totalidad del foro, que recibía amenazas del demandado García”.

“Los autos PRESAS Ana c/ GARCIA Jorge Amílcar, archivados en los tribunales de Concepción del Uruguay, a los cuales es imposible acceder por nuestra parte, se sospecha, fueron archivados ante la designación en el Poder Judicial (Colón) a la doctora Presas, y en la actualidad como fiscal de Familia en Concepción del Uruguay, lo que también, además de la incorrección, revelaría incompatibilidad funcional”.

“Este incumplimiento legal adquiere mucha mayor gravedad por cuanto una de sus hijas habidas con Ana Presas, posee una grave discapacidad, por lo que su negativa de aportar la asistencia familiar debida revela una carencia de sensibilidad e idoneidad para ser funcionario y más aún judicial”.

4-

Denegatoria al acceso del derecho constitucional a la información pública: “Un claro y evidente atropello con el que el Procurador se maneja en el ejercicio del poder de sus funciones”.

“El Jefe de los fiscales entregó 72 resoluciones donde dispuso designaciones. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) le ordenó brindar información pública al procurador general de la provincia, Jorge García, a quien obligó además a hacerse cargo de las costas (cuestión que deriva en el quinto cargo que se denuncia). Las medidas fueron adoptadas tras hacer lugar a un recurso de amparo promovido por la Sección Paraná del Colegio de Abogados”.

“El fallo del alto cuerpo no sólo marcó un precedente jurisprudencial, sino que también adquirió trascendencia institucional ya que significó un reproche para el funcionario que debe garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos de Entre Ríos”.

“A García se le solicitó la nómina de magistrados y funcionarios interinos o subrogantes, con detalle de los criterios para decidir esas designaciones. Y una idéntica petición se formuló a Maximiliano Benítez, defensor general del STJ, quien respondió en tiempo y forma. Su actitud fue diferente a la de García, quien prefirió el silencio ante las mismas preguntas formuladas en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, consagrado por el artículo 13º de la Constitución de Entre Ríos. Frente a su reticencia se le presentó un pronto despacho, que también pasó por alto, lo que no dejó otra alternativa que formular el amparo”.

“De la lectura de la sentencia del amparo, que se propone como prueba, se puede advertir el totalitarismo con que se maneja García, una vez más creyendo que su poder está por encima, incluso, de las mandas constitucionales”.

5-

Pago de honorarios con dineros públicos: “Ìntimamente relacionado con el cuarto cargo, ya que la sentencia de amparo ordenó no solo que en 24 horas brinde la información requerida por amparistas, sino que condenó en costas a Jorge Amílcar Luciano García, no a la procuración como institución”.

“Lo grave es que ante su negativa de pago y el pedido de embargo de sus cuentas, la Tesorería General del Poder Judicial de Entre Ríos efectuó un depósito judicial por 18.900 pesos y así impidió que prosperara el embargo de las cuentas bancarias del procurador general del Poder Judicial, Jorge García”.

“El reclamo por los honorarios fue formulado en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Paraná, a cargo del Dr. Juan Carlos Coglionesse. Y fue la procuradora general adjunta, Rosa Alvez Pinheiro, quien aconsejó ‘efectuar el depósito del monto regulado en el proceso de referencia’. La funcionaria consideró al depósito judicial como una alternativa ‘a fin de no generar un mayor dispendio jurisdiccional’, dejando entrever que para hacer frente a la resolución del STJ debía apelarse a las partidas de la Procuración General.

“Así, la Procuración General trasladó a la ciudadanía una obligación que pesaba sobre el patrimonio particular de un funcionario público. En este accionar queda también evidenciado la impunidad con que García se maneja, y demostrando una vez más su omnipotencia, asimilando su persona al propio estado cuasi como un rey o emperador”.

6-

Designación de los fiscales auxiliares sin proceso de concurso previo de oposición y antecedentes: “El Procurador General Dr. García efectuó los nombramientos sin concursos previos de oposición y antecedentes y ello fue judicializado mediante una acción de inconstitucionalidad que realizó el ex convencional Dr. Juan Carlos Arralde, en representación de una abogada de la matricula provincial”.

“La Procuración como un ejército a cargo del procurador, cometiendo innumerables irregularidades bajo el manto de protección del ‘Súper Procurador’ quien designa y remueve fiscales sin siquiera observar lo reseñado por el STJ”.

7-
Tráfico y abuso de influencias: “El denunciado Jorge Amílcar García nombró en el Juzgado de Concepción del Uruguay en forma irregular como Psicólogo al Lic. Rafael Chappuis, casado con su hija Ana Laura García Presas, violentando no solo las incompatibilidades funcionales, sino especialmente sorteando las exigencias concursales que se debían cumplir”.

8-

Omisión e incumplimiento de la orden judicial de investigar responsabilidades conexas con la de los funcionarios condenados por sedición ocurrida en Concordia los días 8 y 9 de diciembre de 2013: “Este cargo es concurrente con una denuncia penal formulada por los funcionarios policiales que participaron de los actos sediciosos acaecidos en concordia durante los días 8 y 9 de diciembre de 2013 en la ciudad de Concordia”.

“De la prueba ofrecida surge de manera clara y evidente que García no solo apeló la sentencia y consiguió en Casación una sentencia más gravosa -que fue dejada sin efecto por la sala penal del STJ-, sino que se negó a investigar a los jerarcas, una vez más demostrando su impunidad y fortaleza con los débiles y connivencia con los poderosos”.

9-

Presunta vinculación con los medios de comunicación-operaciones de prensa: “El Procurador ha propiciado y ejecutado a través de los medios de comunicación amigos actos de publicidad de las causas judiciales de mayor trascendencia en la vida religiosa y política de nuestra provincia a los albores de la IPP, filtrando a través de sus operadores judiciales información sensible en aras de ir creando una conciencia errónea, de culpabilidad y condenatoria contra los sujetos sometidos a proceso judicial”.

“Es de altísima gravedad la conducta desplegada por el Sr. Procurador puesto que no ha cuidado y preservado el honor de las personas, sino que más bien lo ha destruido en campañas mediáticas orquestadas y dirigidas por él mismo”.

“Es el único artífice y responsable de las operaciones de prensa en perjuicio de ciudadanos e inclusive de funcionarios del poder judicial, creando así un clima de temor entre los empleados y funcionariado del poder judicial”.

10-

Influencia confesa en la Cámara de Apelación y hoy Casación Penal: “La fuerte influencia que el Procurador mantenía y aun hoy mantiene sobre las Camaristas Marcela Davite de Acuña y Marcela Badano”.

Fuente: La Nota digital

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