La prisión preventiva, una coartada para la sin razón

Raúl Barrandeguy

“La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos”.

(Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789)

Por motivos desquiciados que indiscutiblemente se vinculan a la lucha política, hemos venido viendo en la Argentina de este tiempo, un abuso del uso de la prisión preventiva, que disponen los jueces y celebran algunos sectores de la sociedad, tal como si se tratara de un merecido anticipo de condena penal. El mecanismo propone con firmeza el silogismo. Si se acusa al ciudadano de un delito vinculado con aquello que se conoce como la “criminalidad de los gobernantes” y se le dicta la prisión preventiva, es porque el mismo es culpable. Y si es culpable debe ser castigado con una severidad inusitada que no reconoce límites ni controles. Cualquier suplicio, cuanto más humillante mejor, que recaiga también -si es posible- sobre la familia del “procesado”, se considerará un acto republicano de justicia independiente. Una suerte de Ley de Lynch, inexplicable en los tiempos que corren para la condición humana en la Argentina.

Afortunadamente esta Vulgata punitiva es rechazada en forma categórica por el núcleo duro de las nobles ideas que sostienen el concepto de Estado de Derecho, de por sí incompatible con cualquier poder público ilimitado y descontrolado. Sobre todo cuando se trata -nada menos- que del poder de encarcelar a las personas. E incluso morosamente, en este campo de Agramante en que la disputa política ha transformado a la Justicia, se han escuchado voces de alerta, insospechadas de complicidad con los ex funcionarios imputados, que han advertido “disfunciones” en la aplicación de la prisión preventiva. En tal sentido se han pronunciado, el Ministro de Justicia del actual gobierno nacional, el presidente del bloque oficialista de la HCDN y uno de los asesores más conspicuos del Poder Ejecutivo Nacional, quienes no han ocultado sus reparos al encerramiento de personas sospechadas de criminalidad, que deben ser tratadas como inocentes hasta su condena en firme, según la clara directiva humanitaria de nuestra Constitución Nacional.

En nuestra provincia hoy, la situación no es diferente. La cantidad de presos encausados que alojan los siete establecimientos penitenciarios entrerrianos es pavorosa y supera largamente los índices más ominosos conocidos de presos sin condena. Más del 25% de los internos son personas que todavía no han sido juzgadas; e incluso existen quienes están privados de su libertad, pero por una simple razón estadística debe entenderse que seguramente no serán condenados. Suponiendo entonces que la mitad de los encausados vayan a ser absueltos resultará que hoy se encuentran privados de su libertad en Entre Ríos, más de doscientos ciudadanos inocentes!

Toda esta situación perturbadora se inserta en un cuadro de vastísimas carencias que dificulta a las autoridades cumplir cotidianamente el mandato constitucional de que las cárceles en el país “serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo” de los internos alojados en ellas, según lo imponen, el art. 18 de la CN y el 66 de la Constitución de la provincia reformada en 2008. Para asumir la dimensión de tan angustiante situación bastará destacar que en los espacios donde hace alrededor de cuatro años se alojaban cerca de mil reclusos, ahora se hacinan más de dos mil trescientos!

En general la profusión de prisiones preventivas dispuestas en Entre Ríos en los últimos años, se ha alejado de los standards constitucionales, haciéndose las cárceles cada día más inhabitables, sin que se asuma que este estado de cosas indebido, prontamente debe cambiar. Y es en esa dirección que se deberán revisar los criterios con que se rechazan las excarcelaciones, así como también habrá que adecuar pabellones especiales para procesados, siguiendo las claras líneas fijadas por la Excma. Corte Suprema en el tan conocido, pero siempre incumplido fallo “VERBITSKY”, que dictó el más Alto Tribunal de la Nación el 3 de mayo de 2005.

Es verdad que la carencia de recursos económicos puede erigirse en una dificultad atendible para el cumplimiento de la manda constitucional. Pero en todo caso ha de recordarse que, como dijo la Corte Suprema en el fallo referido: “Las carencias presupuestarias aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones de este tipo. Privilegiarlas sería tanto como subvertir el estado de derecho” (Par. 28).

Sin embargo, no todo es negativo para el Estado de Derecho en la provincia. También suceden circunstancias auspiciosas para la vigencia efectiva de la Constitución que se deben destacar. Circunstancias que confirman que la Ley Fundamental está vigente y que debe aplicarse sin atender, ni a la filiación política de los interesados, ni tampoco a los reclamos agonales de los medios. .

Así ocurrió cuando la Sala Penal del STJER, confirmando sus más apreciados precedentes y asumiendo con firmeza su condición de guardián de la Constitución, revocó un fallo de un Juez de Alzada que había denegado por revisión, un hábeas corpus. El caso, con aristas y matices como para justificar algún otro comentario, se planteó cuando la Sra. Jueza de Garantías impuso la preventiva a un conocido ex funcionario político del H. Poder Legislativo, a cumplir en ámbito separado al de los reclusos condenados, tal como lo disponen los arts. 54 de la Const. Prov., 10º, 2 a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5º, 4, del Pacto de San José de Costa Rica, 20, 4º de las Reglas de Mallorca (ONU) y 364 del CPPER.

Es el caso que la autoridad penitenciaria no encontró la forma de atender la manda judicial y así se lo hizo saber a la proveyente, comunicándole que la segregación ordenada, no era posible. El imputado entonces, reclamando por lo que era su derecho, dedujo una acción de hábeas corpus que no fue acogida en las instancias de origen. Apelada la denegación ante la Sala Penal del STJER esta, haciendo lugar al reclamo, dictó una sentencia que en mi opinión se debe considerar ejemplar.

Es verdad que existe un activismo punitivo, generalmente clausurado a posiciones reflexivas, que desde los lugares donde se forma la opinión pública denosta apasionadamente, con lacerante mordacidad, a quienes opinamos que los imputados tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos y que la sospecha en su contra es razón para investigarlos, no para supliciarlos. Pero también es cierto que nada de esto preocupa demasiado cuando se tienen jueces dignos, que sin estridencias mediáticas y sin debilidades de carácter, aplican con firmeza la Constitución.

Así ha ocurrido en Entre Ríos con el fallo comentado. Sus jueces superiores, los vocales de la Sala Penal, no han vacilado a la hora de restablecer la vigencia de la Constitución, en hacer lugar al recurso y esto concreta una auspiciosa forma de recibir el Año Nuevo. ¡Enhorabuena!

Fuente: La Nota digital

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