Novedades en la Causa «Contratos»

La causa “Contratos” de la Legislatura vuelve a manos del Procurador Casal.

Indica la Agencia APF que el expediente de la causa que investiga los presuntos desvíos de fondos de la Legislatura provincial volvió a la Procuración General para que Eduardo Casal emita dictamen sobre si debe juzgarse en la Justicia provincial o en la Federal. Hace unas semanas, la Cámara Nacional Electoral — CNE — definió que el caso constituiría una falta a la legislación electoral y por lo tanto debe ser juzgada en los Tribunales federales.

El pasado 5 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación remitió nuevamente al Procurador Casal el expediente de la causa “Contratos” a fin de que dictamine sobre la cuestión de competencia planteada. El caso llegó a la máxima instancia dado que tanto la jueza provincial de Garantías, Marina Barbagelata, como el juez electoral subrogante Daniel Alonso, consideran que tienen jurisdicción para tramitar la investigación.

Casal ya tuvo en su poder el expediente. Fue cuando la Corte solicitó por primera vez a la Procuración un dictamen sobre la cuestión. La respuesta del funcionario judicial fue, en ese momento, que habiendo una instancia pendiente de resolución en la Cámara Electoral, correspondía completar ese paso antes de avanzar.

La CNE tenía una apelación de la Fiscalía a la decisión de Alonso de arrogarse la potestad de tramitar la causa, pero finalmente rechazó el planteo fiscal y convalidó el criterio del Juez Federal: si hubo desvío de fondos de la Legislatura para financiar actividades proselitistas y partidarias, corresponde que el caso se juzgue en la Justicia Electoral Federal.

El criterio sostenido por Barbagelata, por el contrario, es que se está ante una malversación de fondos públicos y, en consecuencia, la jurisdicción es provincial.

Resuelto el incidente en la CNE, el legajo volvió a la Corte que, antes de expedirse, solicitó opinión Fiscal. Ahora Casal deberá definir si adhiere al razonamiento de Alonso y la Cámara Electoral o si, por el contrario, sostiene la posición de la jueza entrerriana.

Foto. APF