Una operación inmobiliaria en la ciudad entrerriana de La Paz puso en el centro de la escena pública al senador anarco capitalista Joaquín Benegas Lynch.
Fue luego de que trascendiera la adquisición de una propiedad sobre la barranca valuada en 500 mil dólares.
Según publicó el Portal MSN, se trata de una vivienda de estilo colonial ubicada en una de las zonas más cotizadas de la ciudad, sobre calle Dorrego al 900, con un amplio terreno que se extiende hacia la barranca del río Paraná. La propiedad pertenecía a una familia tradicional de la zona (García) y llevaba años en venta con un precio cercano al medio millón de dólares.
Aunque distintas fuentes señalan que la operación se habría concretado a comienzos de este año, no hay precisiones públicas sobre la fecha exacta ni el monto final abonado, que podría haber sido inferior al valor inicial. Sin embargo, el punto que genera mayor controversia es que el inmueble no figura en la declaración jurada presentada por el legislador en febrero ante la Oficina Anticorrupción.
Desde el entorno inmobiliario se ensaya una posible explicación técnica: la compra podría no haber sido escriturada al momento de la presentación. Pero incluso bajo esa hipótesis, persisten dudas sobre el origen de los fondos, ya que no existen registros públicos que permitan reconstruir con claridad la operación.
En paralelo, vecinos y fuentes locales (FM Vida) señalaron que durante los últimos meses se realizaron importantes obras de remodelación en la propiedad, con la presencia diaria de trabajadores y materiales de alta gama. Sin embargo, tras la difusión del caso por parte de la radio local, los trabajos se detuvieron de manera repentina y el inmueble quedó cerrado, lo que alimentó aún más las suspicacias.
En su última declaración jurada, el senador consignó la posesión de dos inmuebles —una casa en La Paz y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires— además de depósitos en pesos y dólares, participaciones societarias y deudas significativas. No obstante, esos datos no permiten explicar de manera directa la adquisición de una propiedad de este valor.
El episodio reaviva el debate sobre la transparencia patrimonial de las y los funcionarios públicos y los «mecanismos de control» sobre sus bienes. En un contexto donde la discusión sobre privilegios y ética en la función pública ocupa un lugar central, el caso encuentra paralelismos con otras situaciones recientes, como la de Manuel Adorni, también cuestionado por la adquisición de inmuebles de alto valor.
Más allá de las explicaciones que puedan surgir en los próximos días, el foco está puesto: no se trata solo de una compra inmobiliaria, sino de la necesidad de garantizar claridad en el origen y la evolución del patrimonio de quienes ejercen cargos públicos.
F. Castro
imagen. IA
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