La reciente carta publicada por la vicepresidenta Victoria Villarruel en torno al legado del Papa Francisco abrió un nuevo capítulo en el debate político argentino, donde la figura del pontífice vuelve a ser terreno de disputa simbólica. En su texto, Villarruel reivindica valores como la paz, el diálogo y la reconciliación, en sintonía con una lectura espiritual del mensaje papal. Sin embargo, hay una ausencia que resuena con fuerza: la memoria sobre el terrorismo de Estado.
La carta de Villarruel propone una reflexión sobre el legado de Francisco en clave de unidad y superación de conflictos. Esa apelación a la paz aparece desanclada de uno de los procesos más traumáticos de la historia argentina: la última dictadura cívico-militar (1976-1983), responsable de la desaparición de 30.000 personas.
El señalamiento no es menor. Villarruel ha sostenido en reiteradas ocasiones posiciones cercanas a la reivindicación de sectores vinculados a las Fuerzas Armadas de aquel período, lo que vuelve especialmente significativa la omisión en una carta que invoca valores cristianos. Porque si algo atraviesa el mensaje histórico de la Iglesia —y particularmente el de Francisco— es la defensa de la dignidad humana y la denuncia de toda forma de violencia estructural.
En ese marco, la ausencia de referencias a los crímenes de lesa humanidad genera una tensión evidente. ¿Puede hablarse de paz sin memoria? ¿Es posible construir reconciliación sin verdad? La historia argentina ofrece una respuesta contundente: los procesos de memoria, verdad y justicia no fueron un obstáculo para la convivencia democrática, sino su condición de posibilidad.
El contraste se vuelve aún más fuerte si se considera que la propia Iglesia argentina fue también víctima del terrorismo de Estado. Dos obispos fueron asesinados en ese período, en crímenes que durante años se intentaron encubrir como accidentes. En el caso del obispo Angelelli (la Rioja), su figura, reivindicada posteriormente como mártir, encarna precisamente ese cruce entre fe, compromiso social y persecución política.
En ese sentido, la carta de Villarruel parece quedar a mitad de camino. Invoca la paz, pero omite las condiciones históricas que la hacen posible. Reivindica valores cristianos, pero evita mencionar uno de los pecados más graves de la historia reciente: la desaparición forzada de personas, una práctica que no solo violó derechos humanos básicos, sino que atentó contra cualquier principio ético o religioso.
El debate que se abre no es solo político, sino también moral. En una sociedad que ha construido consensos amplios en torno a la memoria, el silencio también es una forma de posicionamiento. Y cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, ese silencio difícilmente pueda interpretarse como neutral.
La figura de Francisco, con su insistencia en una Iglesia “con los pobres y para los pobres”, invita a pensar la paz no como ausencia de conflicto (hagan lío), sino como resultado de la justicia. En esa clave, cualquier reflexión sobre su legado en Argentina parece incompleta si no incluye una mirada crítica sobre el pasado reciente.
Porque, en definitiva, no todo puede ser dicho en nombre de la reconciliación. Hay ausencias que hablan. Y en la Argentina, la memoria sigue siendo una de ellas.
F. Castro
imagen. archivo
LA NOTA digital 