“Viven del narcotráfico”

La frase aparece antes que cualquier dato. Circula en conversaciones cotidianas, titulares rápidos y diagnósticos apresurados. Ordena el juicio social sin necesidad de explicación: si alguien vende drogas, entonces eligió el delito y prospera gracias a él. El problema queda moralmente resuelto antes de ser comprendido. Sin embargo, cuando se observan las cifras reales y las experiencias concretas, la imagen empieza a resquebrajarse. También en Paraná, donde el crecimiento urbano desigual, la precarización laboral y la fragmentación territorial configuran escenarios más complejos que cualquier consigna simplificadora.

El narcomenudeo no es el narcotráfico. Es su periferia económica. El último eslabón de una cadena global donde las ganancias verdaderas se concentran lejos del barrio y lejos del vendedor minorista. Según el World Drug Report 2023 de la UNODC, la mayor parte del valor económico del mercado ilegal se acumula en producción, transporte internacional y distribución mayorista, mientras los vendedores de escala barrial reciben ingresos inestables, atravesados por violencia territorial, riesgo penal permanente y reemplazo constante. No hay acumulación sostenida ni riqueza rápida: hay economías de supervivencia insertas en territorios donde el empleo formal dejó de garantizar estabilidad.

En Paraná, esa realidad se vuelve visible en barrios marcados por urbanización incompleta, transporte irregular y mercados de trabajo fragmentados. El narcomenudeo no aparece como fenómeno aislado sino como parte de una economía informal más amplia: la changa, la feria barrial, el trabajo temporario, el rebusque. Muchas familias combinan múltiples fuentes de ingreso para sostener la vida cotidiana. El kiosco-narco no reemplaza al trabajo formal; ocupa el vacío que dejó su debilitamiento. Por eso la frase «viven del narcotráfico» resulta engañosa: describe una fantasía de prosperidad donde predominan, en realidad, ingresos inestables y exposición permanente al riesgo.

Una de las consecuencias más profundas se hace visible en las escuelas. Docentes y equipos directivos reconocen trayectorias atravesadas por discontinuidades biográficas: ausencias repentinas, mudanzas dentro de la misma trama urbana, interrupciones vinculadas a intervenciones policiales en el hogar. Para niñas, niños y adolescentes, esas experiencias no son anécdotas al margen de la vida escolar: son su condición de fondo. Lo que se interpreta como desinterés o falta de compromiso expresa, casi siempre, estrés acumulado que ninguna planificación pedagógica puede absorber sola. La escuela paranaense recibe a diario lo que el barrio no puede contener.

A la inestabilidad material se suma el estigma. Muchos estudiantes aprenden temprano a administrar el silencio sobre su vida familiar para evitar ser etiquetados. El aula se vuelve simultáneamente refugio y espacio de exposición posible. Allí aparece una paradoja que Paraná comparte con otras ciudades: mientras la institución educativa representa cuidado, alimentación y acompañamiento, otras presencias del Estado ingresan a los hogares bajo lógicas punitivas. Enseñar ciudadanía democrática en ese contexto implica reconstruir confianza institucional allí donde la experiencia previa estuvo asociada al control antes que al cuidado.

El hallazgo central es tan simple como inquietante: el principal problema educativo no es la reproducción automática del delito, sino la erosión del futuro imaginable. Cuando la vida cotidiana se organiza alrededor de la incertidumbre permanente, estudiar deja de prometer algo concreto. La escuela puede entonces confirmar el prejuicio o suspenderlo, sosteniendo vínculos capaces de abrir horizontes distintos. Porque tal vez el problema nunca fue quién vende drogas, sino quiénes decidieron que millones vivieran sin futuro.

J. Noriega

imagen. IA