¿Por qué Kicillof?

La pregunta no nace de la simpatía política ni de la interna partidaria. Tampoco del cálculo electoral inmediato. Surge de observar cómo funciona la democracia formal argentina desde 2015. En ese período se consolidó un patrón repetido: presidentes elegidos con apoyos cercanos o superiores al 50 % —como ocurrió en 2015, 2019 y 2023— enfrentan dos años después elecciones legislativas donde pierden entre diez y quince puntos de respaldo. El electorado vota cambio con intensidad y luego introduce límites. Como si el sistema respirara. Expansión y corrección. Expectativa y control. Las legislativas dejaron de ser una instancia secundaria y pasaron a medir el humor social frente a la economía real: inflación, salarios, empleo y capacidad concreta de gobernar.

Ese comportamiento produjo un cambio estructural del sistema político. La Argentina dejó atrás la lógica de mayorías duraderas y entró en una democracia de competencia permanente. Desde 2015 ningún espacio logró sostener hegemonías prolongadas. Crecieron fuerzas intermedias con pisos electorales cercanos al 10-20 %, aumentó la fragmentación parlamentaria y el balotaje se volvió regla más que excepción. Gobernar dejó de significar administrar una mayoría estable para convertirse en una práctica continua de negociación. La legitimidad ya no se obtiene solo en la elección presidencial; debe reconstruirse en cada coyuntura económica y social. No alcanza con ganar. Hay que sostener gobernabilidad en una sociedad atravesada por fatiga económica prolongada.

En ese marco se comprenden las tensiones que enfrenta el gobierno libertario neoliberal de Javier Gerardo Milei. El triunfo electoral de 2023 expresó una demanda fuerte de ruptura con el orden previo, pero la experiencia reciente muestra que los apoyos iniciales tienden a moderarse cuando las políticas impactan en la vida cotidiana. Ajuste fiscal acelerado, caída del ingreso real y conflictividad social tensionan la relación entre representación electoral y aceptación diaria. Cuando la discusión pública queda reducida a la legitimidad de las urnas aparece una paradoja democrática: procedimientos formales pueden sostener decisiones que amplían desigualdades sociales. La democracia continúa funcionando, pero su contenido social se vuelve el verdadero terreno de disputa política.

Es allí donde comienza a leerse la figura de Axel Kicillof. Gobernar la provincia de Buenos Aires —que concentra cerca del 40 % del electorado nacional— implica administrar simultáneamente crisis social, producción industrial, seguridad urbana y demandas territoriales complejas. Después de ciclos políticos organizados alrededor de liderazgos disruptivos y promesas refundacionales, empieza a emerger otra expectativa social: ordenar sin dramatizar, estabilizar sin prometer soluciones instantáneas, reconstruir mediaciones estatales capaces de volver previsible la vida colectiva. La política argentina suele desplazarse entre dos momentos reconocibles: primero el impulso del cambio brusco; luego la necesidad de recomponer estabilidad.

Sin embargo, el escenario opositor no es homogéneo. Figuras como Myriam T. Bregman expresan una crítica estructural que no busca administrar el sistema sino señalar sus límites sociales y económicos. Allí aparece la pregunta final. Si la democracia argentina continúa emplazada en un conservadurismo sistémico —donde el objetivo principal sea estabilizar antes que transformar—, ¿podría Bregman ocupar un lugar clave como figura capaz de tensionar ese consenso desde afuera? Entonces la pregunta inicial cambia de sentido. ¿Por qué Kicillof? Porque encarna una posible transición hacia la estabilidad política. ¿Por qué no Bregman? Porque cuando la política se dirime solo en las urnas el capitalismo periférico es perpetuado. Entre ambas figuras empieza a ordenarse una escena conocida: la democracia compite, discute y se moviliza, pero lo hace dentro de un conservadurismo sistémico que administra la brecha sin romper realmente sus límites.

J. Noriega

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