Después de meses de tensión entre el gobierno de los hermanos MIlei y el sistema universitario, la Corte Suprema de Justicia le propinó un duro revés al gobierno Nacional. El máximo tribunal judicial rechazó el planteo del Estado nacional y dejó firme la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, garantizando la actualización de los salarios docentes y no docentes, además de otros mecanismos previstos para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.
El fallo representa mucho más que una derrota judicial para la Casa Rosada. En los hechos, constituye un respaldo institucional a una norma aprobada por el Congreso que el Gobierno liberal intentó desactivar por distintas vías, primero mediante el veto presidencial y luego recurriendo a la Justicia para frenar su aplicación. Con esta decisión, la Corte dejó en claro que la discusión sobre la conveniencia política de una ley no habilita al Poder Ejecutivo a desconocer su cumplimiento.
El conflicto universitario se convirtió durante el último año en uno de los principales focos de resistencia a la política de ajuste impulsada por el oficialismo. Las multitudinarias marchas federales, las clases públicas, las huelgas docentes y las movilizaciones de estudiantes y rectores instalaron en la agenda pública el deterioro salarial de miles de trabajadores universitarios y las dificultades presupuestarias que atravesaban las casas de estudio.
La disputa llegó a los tribunales cuando distintas universidades y el Consejo Interuniversitario Nacional — CIN — promovieron acciones judiciales para exigir el cumplimiento efectivo de la ley. En una primera instancia, la Justicia dictó medidas cautelares favorables a las universidades. El Gobierno respondió con recursos y recusaciones contra los magistrados intervinientes, pero esas estrategias fueron rechazadas sucesivamente hasta desembocar en el fallo definitivo de la Corte Suprema.
La decisión judicial obliga ahora al Estado nacional a comenzar la recomposición de los salarios docentes y no docentes conforme a lo establecido por la legislación vigente, además de avanzar con otras partidas destinadas al sostenimiento del sistema universitario. Para las autoridades académicas y los gremios, el fallo representa un reconocimiento al reclamo que sostuvieron durante meses en las calles y en los tribunales.
El impacto político también es significativo. El gobierno de los hermanos Milei había convertido el conflicto universitario en una de las banderas de su programa de ajuste, argumentando la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. La Corte, sin pronunciarse sobre la política económica, recordó un principio básico del funcionamiento republicano: las leyes vigentes deben cumplirse mientras mantengan su validez constitucional.
En un país donde la universidad pública forma parte de la identidad social y constituye uno de los principales mecanismos de movilidad e inclusión, el fallo fue recibido como una victoria institucional por amplios sectores de la comunidad educativa. Más allá de las diferencias políticas, la resolución marca un límite al avance del Poder Ejecutivo sobre decisiones ya adoptadas por el Congreso y devuelve protagonismo al equilibrio entre los poderes del Estado.
La disputa, sin embargo, difícilmente termine aquí. El debate sobre el financiamiento universitario seguirá ocupando un lugar central en la agenda política. Pero, al menos por ahora, la Justicia dejó un mensaje inequívoco: la educación pública no puede quedar suspendida por decisión unilateral del Gobierno.
F. Castro
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