La escritora irlandesa Sally Rooney, autora de novelas reconocidas internacionalmente, dejará de publicar y distribuir sus obras en el Reino Unido por las restricciones legales derivadas de su apoyo a Palestine Action. El caso abre un debate sobre la libertad de expresión, la solidaridad con Palestina y los límites que el Estado puede imponer a la cultura.

Sally Rooney, nacida en 1991, alcanzó reconocimiento internacional con novelas como Gente normal (Normal People) y Conversaciones entre amigos (Conversations with Friends). Sus historias exploran las relaciones afectivas, las desigualdades sociales, la intimidad y las contradicciones de una generación. Pero su compromiso público la colocó ahora en el centro de una controversia política que excede el mundo literario.

La editorial Faber anunció que dejará de suministrar sus libros en el mercado británico. La razón, explicó, es que la legislación vigente impide transferirle a la autora los ingresos obtenidos por sus obras en determinadas circunstancias. Para la editorial, vender libros sin poder pagarle a quien los escribió constituye una situación inaceptable. La decisión fue acordada con Rooney, quien afirmó estar dispuesta a asumir las consecuencias de sus convicciones.

La palabra prohibida

El conflicto se origina en el apoyo de Rooney a Palestine Action, una organización de acción directa contra empresas vinculadas con la industria armamentística israelí. En julio de 2025, el Gobierno británico la incluyó entre las organizaciones proscritas bajo la legislación antiterrorista. Las autoridades justificaron la medida por sus acciones, que incluyeron daños a instalaciones y bienes; sus críticos cuestionaron que se aplicara esa legislación a un movimiento de protesta política.

Rooney manifestó su intención de destinar ingresos de sus obras a respaldar al grupo y presentó declaraciones ante la Justicia en apoyo de la impugnación de la proscripción. Según la autora, las restricciones podían impedirle publicar nuevos libros en el Reino Unido y afectar la disponibilidad de los ya editados.

¿Qué puede circular? ¿quién lo dice?

El caso plantea una contradicción difícil de ignorar: una escritora cuyas obras circulan por el mundo encuentra cerrado el mercado británico por las consecuencias legales de su compromiso político. No se trata de una prohibición general de sus libros por su contenido, sino de una decisión editorial motivada por los riesgos jurídicos asociados con el pago de sus regalías. La distinción importa, aunque no elimina el debate sobre sus efectos.

¿Puede una legislación destinada a combatir el «terrorismo» terminar restringiendo la circulación de obras literarias y desalentar la solidaridad política?

La discusión no exige compartir todas las acciones de Palestine Action ni desconocer los argumentos de seguridad del Gobierno británico. Exige, en cambio, examinar la proporcionalidad de las medidas y sus consecuencias para la libertad de expresión.

Los libros de Sally Rooney seguirán disponibles en otros mercados. Pero su salida de la distribución británica deja una advertencia: cuando las convicciones de una escritora se convierten en un obstáculo para publicar, la disputa ya no concierne solamente a una autora. También interpela a la sociedad que decide qué voces pueden circular y a qué precio.

F. Castro

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