Durante las últimas semanas, distintas ciudades de Entre Ríos —especialmente Paraná, La Paz y Gualeguaychú— comenzaron a vivir una escena inesperada pero cada vez más familiar: patrulleros frente a escuelas, directivos revisando mensajes virales, familias retirando estudiantes antes del horario habitual y docentes intentando continuar clases bajo un clima de incertidumbre. No hubo disparos ni ataques reales, pero algo sí cambió. La escuela dejó de ser únicamente un espacio pedagógico para convertirse también en un territorio de prevención, y la educación empezó a convivir con la lógica de la seguridad. La amenaza circuló primero como rumor digital y luego como experiencia institucional concreta. En ese pasaje se revela una transformación del presente: el miedo ya no espera acontecimientos extraordinarios, se instala anticipadamente y reorganiza la vida cotidiana incluso cuando nada sucede.
Las amenazas circularon como capturas de pantalla, audios reenviados y publicaciones anónimas entre estudiantes. Bastó esa circulación para activar protocolos, suspender actividades y desplegar presencia policial preventiva. El fenómeno muestra una característica central de la época: la violencia no necesita concretarse para producir efectos reales. La amenaza funciona como acontecimiento político autónomo. Genera ansiedad colectiva, modifica decisiones familiares y obliga a las instituciones a actuar bajo incertidumbre permanente. La escuela aparece así atravesada por una temporalidad nueva: no responde a hechos consumados sino a riesgos posibles, y lo simbólico adquiere una potencia material inmediata que convierte la gestión del miedo en parte de la administración escolar cotidiana.
El Protocolo Sintetizado de Actuación ante Amenazas de Violencia Extrema, elaborado por el Consejo General de Educación y distribuido por Supervisión Escolar, se vuelve en este contexto algo más que un instrumento administrativo. Opera como un dispositivo de securitización institucional: define cómo ingresar al edificio, cómo circular, cómo comunicar y cómo reaccionar ante una amenaza. No sólo organiza respuestas, modela percepciones. La seguridad deja de ubicarse afuera y se instala dentro del aula como principio organizador. La escuela comienza a pensarse desde la anticipación del daño. El objetivo es proteger, pero el efecto secundario es profundo: la pedagogía empieza a convivir con prácticas propias del control preventivo.
Lo decisivo es la escala en la que ocurre este proceso. No se trata de debates abstractos sobre seguridad nacional sino de una securitización corporal y cotidiana que se despliega en pasillos, recreos y aulas. El cuerpo estudiantil se vuelve el primer territorio donde se administra la incertidumbre social. Además, varios episodios revelaron que las amenazas surgieron desde la propia comunidad educativa: el peligro ya no se percibe exclusivamente como externo, aparece como posibilidad interna, nacida dentro del mismo entramado social que la escuela intenta sostener. La institución pasa entonces de proteger frente a amenazas externas a gestionar desconfianzas internas.
La presencia policial y los protocolos ofrecen tranquilidad inmediata y resultan necesarios frente al temor social. Sin embargo, dejan abierta una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la escuela comienza a organizarse más desde la seguridad que desde la convivencia pedagógica? Entre Ríos no enfrenta solamente episodios aislados, sino una transición cultural donde la escuela absorbe ansiedades más amplias: incertidumbre económica, circulación digital del miedo y fragilidad de los vínculos colectivos. Cuando la seguridad entra al aula no sólo se intenta evitar una tragedia. También se redefine qué significa educar, convivir y confiar. Y allí aparece el riesgo mayor: que el miedo termine enseñando más que la propia escuela.
J. Noriega
imagen. IA
LA NOTA digital 