Cuando parecía que el fallo de la Corte Suprema de Justicia solucionaba el conflicto, la Universidad Pública argentina vuelve a entrar en zona roja. La huelga docente no aparece esta vez como un episodio aislado de reclamo salarial, sino como el nuevo capítulo de una disputa que lleva meses y que enfrenta a los estudiantes y trabajadores universitarios con el gobierno de los hermanos Milei por el financiamiento de las casas de Altos Estudios.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) denunció que transcurrieron casi 300 días desde la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario sin que el Poder Ejecutivo concrete plenamente su aplicación. En ese escenario, la federación resolvió profundizar el plan de acción: convocó a una jornada de protesta y visibilización para este miércoles 12 de agosto, anunció un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto y relanzó las denominadas “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, previstas frente al Palacio Pizzurno entre el 18 y el 21 de agosto.
La medida vuelve a poner en el centro una discusión que excede el salario de las y los docentes. La ley contempla la recomposición de los haberes universitarios, pero también compromete recursos para el funcionamiento de las instituciones y programas destinados a estudiantes. Para las organizaciones gremiales, el deterioro presupuestario amenaza las condiciones materiales sobre las que funciona la educación superior pública.
El conflicto adquirió además una dimensión institucional cuando intervino la Justicia. El 25 de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. La resolución mantiene vigente la actualización de salarios docentes y nodocentes y la recomposición de determinados programas estudiantiles. La Corte rechazó el recurso presentado por el Ejecutivo al considerar que el expediente todavía no contaba con una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles de la controversia: no se trata técnicamente de una sentencia definitiva sobre toda la Ley de Financiamiento Universitario, sino de una medida cautelar que quedó firme. La propia documentación judicial señala que el litigio se originó a partir del amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y universidades nacionales contra el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a la determinación de una fuente específica de financiamiento.
Para CONADU, la señal política y jurídica es contundente: el Gobierno debe cumplir. El gremio sostiene que la resolución de la Corte terminó de cerrar las vías de apelación contra esa cautelar y reclama que la administración nacional ejecute efectivamente lo dispuesto.
Mientras tanto, las aulas vuelven a convertirse en escenario de una pulseada mayor. Del otro lado del paro están estudiantes, docentes y no-docentes que reclaman que la universidad pública no sea la variable de ajuste de las cuentas nacionales.
La huelga es también una pregunta sobre el Estado, el Congreso, la Justicia y el valor que una sociedad decide otorgarle a su Universidad Pública. Y, después de casi 300 días de espera, esa pregunta vuelve a ocupar las calles.
F. Castro
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