El calendario académico se vuelve rehén de un conflicto que ya lleva mucho tiempo. Este martes 18 de agosto comenzó un nuevo paro universitario nacional, que en el caso de CONADU Histórica se extenderá hasta el sábado 22. El reclamo vuelve al mismo eje: que el gobierno de los hermanos Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
Ya no se habla solamente de una disputa salarial. El reclamo tiene como centro una ley sancionada por el Congreso Nacional que lleva 300 días sin ser aplicada integralmente. CONADU sostiene que el conflicto continúa porque el Ejecutivo no ejecuta las partidas previstas por la Ley 27.795 y reclama recomposición salarial y recursos para el funcionamiento de las universidades.
El dato de los 300 días tiene una carga política particular. No se trata, para las y los trabajadores, de una negociación entre partes sino del cumplimiento de una norma aprobada por el Poder Legislativo. Allí aparece una de las discusiones centrales del conflicto: ¿puede un gobierno decidir qué leyes cumplir y cuáles no?
Mientras tanto, la protesta se multiplica. Durante esta semana se instalaron nuevamente las “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, junto con actividades de visibilización impulsadas por organizaciones docentes, no docentes y estudiantiles. Y el plan de lucha no termina el 22: CONADU ya anunció otro paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.
La Universidad Pública vuelve así a convertirse en escenario de una disputa mucho mayor. De un lado, un Gobierno que sostiene ciegamente su política de ajuste y disciplina fiscal. Del otro, la Comunidad universitaria que reclama salarios, presupuesto y el cumplimiento de una ley.
Trescientos días después, ¿cuánto puede durar una democracia moderna cuando una ley aprobada por el Congreso espera, durante meses, que el Poder Ejecutivo decida cumplirla?
F. Castro
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