El municipio paceño puede tener razón en que el saneamiento requiere una solución «técnica y regional», pero eso no invalida el reclamo de los vecinos de Barrio Fátima y Ejido Este, ni explica suficientemente qué ocurre con los fondos disponibles. La Justicia, además, reconoció la existencia del problema ambiental aunque revocó la orden de traslado y saneamiento dictada en primera instancia.
En La Paz, el conflicto por el basural de la Chacra 96 excedió la discusión ambiental, sumando ahora la discusión sobre prioridades de la gestión pública. Las vecinas y vecinos de barrio Fátima reclaman que se actúe sobre un problema que consideran sanitario y ambiental «urgente»; el municipio responde que la solución no puede improvisarse y requiere planificación, infraestructura y una estrategia regional (tiempo y espacio).
DINERO VIL METAL
Los vecinos denuncian que la Municipalidad mantiene unos $1.180 millones en plazos fijos en el Banco Nación y BERSA, cuyos intereses superarían los $24 millones mensuales, y sostienen que esos recursos deberían destinarse al saneamiento ambiental.
El municipio rechazó que exista una simple ecuación de “hay plata y no se usa”. El secretario de Obras y Servicios Públicos, Nicolás Merlo, explicó que la magnitud de la obra necesaria excede ampliamente los recursos disponibles y que el primer problema es conseguir un terreno adecuado para construir un «relleno sanitario». La gestión asegura trabajar además en una planta de transferencia y reciclaje, compostaje y recuperación de residuos, mientras busca una solución «regional».
El problema existe
El juez de primera instancia había considerado probado un daño ambiental real y grave y había ordenado el cierre programado, el traslado del volcadero y medidas para detener las quemas. El Superior Tribunal de Justicia revocó luego esa decisión al considerar que el municipio ya había iniciado actuaciones administrativas y técnicas para enfrentar la situación.
RAZONES Y EMOCIONES
En lo esencial, los vecinos tienen razón al exigir una respuesta concreta y verificable. El propio municipio admite que el vertedero está abierto y que la problemática que denuncian “es real”. También reconoce que todavía no existe el relleno sanitario que necesita la ciudad.
La Municipalidad puede tener razón al advertir que un relleno sanitario no se construye de un día para otro. Pero eso no alcanza como respuesta frente a un daño ambiental reconocido judicialmente.
RESIDUOS
¿Cuánto tiempo más deberán convivir los vecinos con el problema? Y, mientras tanto, ¿qué destino tendrán los fondos públicos que podrían contribuir a acelerar una solución?
La discusión ya no pasa solamente por dónde llevar los residuos. Pasa también por qué prioridades tiene el Estado municipal cuando la emergencia ambiental golpea a quienes viven al lado del «basural».
F. C.
imagen. archivo
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