El vocal Smaldone, el defensor Benítez y numerosos magistrados de la provincia participan de la actividad en la Biblioteca Nacional. “Llegó la hora de mirar hacia adentro”, se expresó en el documento de la primera jornada.
Una numerosa comitiva compuesta por magistrados de Entre Ríos y académicos de universidades con sede en la provincia participa del encuentro nacional Justicia Legítima que comenzó ayer en la Biblioteca Nacional y culminará hoy.
Juan Ramón Smaldone, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ); Maximiliano Benítez, defensor general del cuerpo; y magistrados de distintos puntos de la provincia participaron ayer de la primera jornada, en la que se destacaron las disertaciones de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.
También estuvieron presentes el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Aníbal Sattler, acompañado por una nutrida comitiva de la casa de estudios, y docentes y académicos de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), entre otros participantes.
RECONFORTANTE
Consultado por El Diario anoche, al término de las actividades de la primera jornada, el defensor Benítez expresó: “La verdad es que se trata de una actividad realmente reconfortante, donde se están dando debates necesarios”.
El magistrado comentó que muchas de las cuestiones que se abordaron se vinculan a problemáticas que atraviesa esencialmente el Poder Judicial. “Hay cuestiones que no están presentes en Entre Ríos donde, por ejemplo, tenemos un Consejo de la Magistratura que funciona razonablemente bien y cuenta con participación popular. Otra cuestión que surgió es el ingreso por concurso de los empleados del Poder Judicial, cuestión que aquí también está resuelta”, señaló.
No obstante, hubo otros puntos en los que sí Entre Ríos está incluida. “La necesidad de realizar cambios estructurales en la Justicia nos abarca a los entrerrianos. La Justicia está estructurada para resolver conflictos patrimoniales y no se ha aggiornado para contemplar los tratados internacionales incorporados en la reforma constitucional de 1994, cuando se crearon un sinnúmero de derechos que requieren atención por parte del Poder Judicial”, expuso Benítez.
El defensor puso como ejemplo la existencia en Paraná de una decena de juzgados civiles y comerciales, más dos de quiebras, más nueve vocales civiles y comerciales distribuidos en tres salas, contra solamente dos juzgados de familia. “Son problemáticas tanto o más importantes, que deben ser atendidas por juzgados especializados”, observó el magistrado, al tiempo que señaló que el esquema se repite en todas las provincias argentinas.
También mencionó la necesidad de aumentar el número de defensorías, dado que “constituyen la posibilidad de acceso a la Justicia de la gente humilde, que es algo que hay que ampliar, sobre todo en las ciudades más grandes”.
INTERVENCIÓN
Si bien Benítez se anotó en la lista de oradores, fue tal el volumen de inscriptos que su participación fue reprogramada para hoy. A los temas que conversó con este medio anticipó que se referirá si la intervención se concreta.
Durante la jornada está previsto el trabajo en talleres temáticos sobre la redefinición del concepto de independencia judicial, los mecanismos de ingreso, promoción y disciplina en la Justicia, la democratización y participación ciudadana en el sistema de administración de justicia, y las políticas de transparencia, rendición de cuentas y presupuestos. También habrá un pronunciamiento que se plasmará en un documento final.
LLEGÓ LA HORA
A través de las redes sociales, anoche se dio a conocer un documento al término de la primera jornada. Se destacó allí que desde la recuperación de la democracia “rara vez y salvo honrosas excepciones” se reunió a un número tan importante de firmas de miembros del Poder Judicial para un cuestionamiento claro y enérgico como el expresado por Justicia Legítima.
“Se habilita el escenario de un debate público en el que aspiramos a sumar muchas voces y muy diferentes actores sociales. Es el primer paso de un largo camino que no se agota en la indignación y en el rechazo a una manera falaz e intencionada de invocar independencia para encubrir sumisión a grupos, intereses y poderes partidarios, económicos, mediáticos a cambio de ventajas y beneficios incompatibles con un servicio de justicia en un Estado de Derecho. Llegó la hora de mirar hacia adentro”, se exhortó en el documento.
Para revertir el desprestigio
El movimiento Justicia Legítima nació el 11 de diciembre del año pasado, con la aparición de un documento homónimo firmado por más de 200 doscientos magistrados y funcionarios judiciales, en respuesta al comunicado emitido por un grupo de organizaciones de jueces en el que se acusaba al Gobierno nacional de presionar a los magistrados. El texto, que se publicó en forma de solicitada, expresaba que los magistrados deben ser independientes no sólo de los otros poderes del Estado, sino también de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e -incluso- las organizaciones que los representan. “Nos mueve el propósito de reconciliar al sistema de administración de Justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento”, sostuvieron quienes hoy consiguieron reunir a más de 800 magistrados y académicos de todo el país para debatir el rol de la Justicia. Entre muchos otros, estuvieron en la Biblioteca Nacional el ex titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni; el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; la ex presidenta de la Camara de Casación, Ángela Ledesma; los jueces federales Carlos Rosanki, Mario Portela, Fernando Povina, Juan Carlos Reinaga, y los fiscales Mónica Cuñaro, Jorge Auat, Angel Osorio y Felix Crous, flamante titular de la Procuraduría contra el narcocrimen, así como el dirigente judicial Julio Piumato.
Terminar con los lobbys oscuros
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue ovacionada ayer al abrir el encuentro cuando, tras historiar la pérdida de derechos sociales, previsionales y laborales con la políticas neoliberales, se preguntó “dónde estaban las asociaciones de magistrados, el interés por la independencia de la justicia, dónde estaban la cautelares que son furor hoy”. La jefa de los fiscales denunció los mecanismos de designación irregular de subrogancias para perpetuar a los jueces burócratas “que reemplazaron a los aristócratas de otras épocas” y cargó también contra “el doble estándar en el control judicial del derecho de propiedad”. Hablaron también el juez de casación bonaerense Daniel Carral; Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal y Alicia Ruiz, del Tribunal Supremo de la Ciudad de Buenos Aires, quienes agregaron matices al reclamo común de “reconciliar la justicia con la ciudadanía”. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue invitada como símbolo del compromiso de la convocatoria de los derechos humanos y recordó las décadas de espera para encontrar justicia.
(La Nota digital)
