Clarín y La Nación tapan un juicio por contaminación con agroquímicos

La prensa hegemónica apoya los lockout de la Mesa de Enlace mientras silencia un proceso que juzga a tres ruralistas por la fumigación en un pueblo de Córdoba. Además, la comisión que debía investigar y a la que acusan de estar inactiva.

El pasado 11 de junio comenzó el primer proceso judicial de la historia nacional contra productores sojeros y un fumigador acusados por contaminación ambiental. Pese a la importancia del hecho, los diarios Clarín y La Nación parecen no haberse enterado.
El relevamiento de sus páginas desde el día en que se inició el juicio es contundente. Al cierre de esta edición, en el periódico de Héctor Magnetto la noticia es inexistente. Ni una sola nota que informe sobre los reveladores testimonios que pasaron por los tribunales o las pericias realizadas por la justicia. En tanto, el matutino de Bartolomé Mitre apenas dedicó al tema un pequeño artículo de 659 caracteres, donde tímidamente dio cuenta del inicio del proceso. Desde allí en adelante, nada.
Sin embargo, no sucedió lo mismo cuando otro conflicto, también ligado al ámbito rural, se desató, semanas atrás. En este caso, los damnificados no pertenecían a la clase trabajadora, ni habían sufrido 200 casos de cáncer en una población de sólo 5000 habitantes, tal como sucedió en el barrio Ituzaingó Anexo, en la provincia de Córdoba, donde se está desarrollando el mencionado juicio por fumigaciones con glifosato. La noticia del campo que sí convocó el interés de los diarios hegemónicos fue el más reciente malestar de los representantes de la Mesa de Enlace, quienes rechazaron el revalúo del impuesto al inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires y lanzaron un nuevo lockout, a principios de mes. Clarín y La Nación llevaron el tema a tapa y acompañaron, visiblemente, el reclamo del sector.
Una amplia gama de fuentes consultadas por Tiempo Argentino –entre las que se encuentran médicos, ambientalistas y legisladores de diferente extracción política– coincidieron en señalar que el origen de esta disparidad informativa está vinculado a los fuertes intereses económicos que unen a los grupos mediáticos más grandes del país con las multinacionales del agronegocio.
Para Fernando “Pino” Solanas, diputado nacional por Proyecto Sur, “Clarín está muy ligado al modelo sojero y al agronegocio, igualmente el diario La Nación. Todo lo que tiene que ver con el tema de las fumigaciones, les es absolutamente ajeno”.
Idéntico análisis hizo el ex intendente de Córdoba y actual senador por el Frente Amplio Progresista (FAP) Luis Juez, quien aseguró: “Son grupos con mucho poder económico y mucho poder mediático. Son los más grandes auspiciantes que tienen los monopolios de la comunicación. Hay que leer las páginas de los domingos y te vas a dar cuenta.”
El argumento dado por Juez es fácilmente comprobable. Basta con una simple ojeada por las páginas de Clarín. Corporaciones vinculadas al comercio de agroquímicos y semillas transgénicas, como Monsanto, Syngenta, Nidera, Basf, Bayer, Don Mario, entre otras, destinan buena parte de sus ingresos para publicitar en el diario de Ernestina Herrera de Noble. Más precisamente, en el suplemento Rural, dirigido por el ingeniero Héctor Huergo, uno de los impulsores de la entrada de la soja transgénica y el glifosato a nuestro país.
En el libro El Mundo según Monsanto, la periodista francesa Marie-Monique Robin se refiere a Huergo como “el más firme defensor argentino” de los transgénicos. Robin consideró: “Este señor tiene un papel muy oscuro en esta historia. Me gustaría saber cómo vive, porque no me puedo imaginar que hizo esto sólo por ideología. Aquí hay intereses muy fuertes”.
Huergo dirigió el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) entre febrero y noviembre de 1994, designado por el entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá. “Durante el gobierno de Menem, Huergo convirtió el INTA en una agencia pública al servicio del agronegocio. Toda la información genética que se había desarrollado en 40 años de trabajo, fue transferida a empresas como Monsanto”, denunció el médico Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que acompaña a las madres cordobesas en el proceso contra dos productores, Francisco Parra y Jorge Gabrielli, y un aeroaplicador, Edgardo Pancello, acusados como presuntos instigadores y autores de contaminación dolosa agravada.
Sofía Gatica, una de las denunciantes y fundadora de la organización Madres de Ituzaingó Anexo, perdió a su hija una semana después del parto, producto de una malformación en los riñones del bebé. Gatica vincula aquel dolorosísimo episodio con las fumigaciones con glifosato y otros agroquímicos que se daban a diario por sobre los techos de su casa y las de sus vecinos.
Pese a que las primeras denuncias, allá por 2006, fueron reflejadas por el autodenominado “gran diario argentino”, hoy el tema parece estar prohibido en ese periódico. “No les permiten publicar nada. Hace unos días vino un chico de Clarín, que estuvo en el juicio y nos hizo entrevistas, pero nos dijo que no estaba permitiendo publicar nada acerca del tema”, relató Gatica. Lo mismo sostuvo el médico Ávila Vázquez: “Estuvo un chico de Clarín haciendo notas, pero nos dijo que probablemente no se publicará nada.”
Para el multimedios la cobertura del caso fue, exclusivamente, a nivel local. Según informaron las fuentes consultadas, las únicas empresas del grupo que cubrieron la lucha de los denunciantes fueron La Voz del Interior y Canal 12. Para la ex diputada cordobesa Cecilia Merchán, que presentó proyectos de ley para regular las fumigaciones, se trata de una estrategia de Clarín “para que el tema no se difunda a nivel nacional, de que sólo tome estado público a nivel local”.
Otro de los especialistas consultados fue el doctor Andrés Carrasco, docente, investigador de la UBA y ex presidente del CONICET, quien sufrió una virulenta campaña mediática de desprestigio en 2009, cuando publicó un trabajo que comprobó las nocivas consecuencias del glifosato en embriones, aun en dosis muy por debajo de las usadas en campos de soja.
“Si hasta el momento no publicaron nada, es porque tendrían que publicar a favor de los que están sentados en el banquillo de los acusados. Ambos diarios tienen enormes intereses en el agronegocio”, aseguró el científico.
La Nación, ligado históricamente a la Sociedad Rural Argentina y los sectores más conservadores del país, fue uno de los medios que encabezó la campaña de desprestigio contra lo investigado por Carrasco. En una nota del 24 de abril de 2009, titulada “No aparece un estudio crítico sobre el glifosato”, el diario se refirió al trabajo del investigador como “un estudio de supuesta validez científica”. Un día después, el artículo “Ante el riesgo de volver al pasado” advirtió sobre la “preocupación en el agro por la posibilidad de que se prohíba o suspenda el uso de glifosato, uno de los pilares sobre los que se apoya la producción nacional”, algo que traería “consecuencias muy graves”.
La acérrima defensa de la soja y el glifosato que hacen Clarín y La Nación puede resumirse en un simple pero millonario ejemplo: ambas empresas están asociadas en la organización de la megaferia Expoagro, donde cada año realizan jugosos negocios vinculados a la maquinaria, los productos transgénicos y los agroquímicos. <

Una comisión polémica

El 25 de enero pasado, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió una resolución en la que cuestionó el trabajo de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA), creada por la presidenta Cristina Fernández a comienzos de 2009, a raíz de la relación entre fumigaciones y enfermedades que denunciaron los vecinos del barrio Ituzaingó Anexo, de Córdoba.
Para la Defensoría, la CNIA “lejos está de cumplir de modo sostenido en el tiempo con la manda presidencial que la convocó para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten a la población con productos agroquímicos”. El organismo detectó, además, que la CNIA no cumple con la regularidad de funcionamiento impuesta, no mantiene actualizada su página web y no difunde actas ni informes.
“Creo que no están trabajando hoy en día. Si no, tendrían que haber hecho caso a sus propios objetivos, que era llevar a cabo estudios epidemiológicos”, consideró el doctor Andrés Carrasco. Su colega Medardo Avila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, agregó: “Esta comisión no se está juntando, no se reúne”.
Consultados por este diario, desde la CNIA contestaron que “la comisión se reúne con menos regularidad que antes, cada dos o tres meses, pero se está reuniendo”. Así lo explicó Jaime Lazovski, subsecretario de Relaciones Sanitarias e Investigación del Ministerio de Salud de la Nación. El mismo funcionario informó que la CNIA está integrada por diferentes organismos estatales y que, aunque no cuenta con un presupuesto específico, se están realizando distintos trabajos de investigación en todo el país. Sin embargo, muchos de ellos no fueron publicados debido a que “no están escritos en modo de informe”, se excusó Lazovski.
El documento más importante publicado por la CNIA, de mediados de 2009, contiene dos conclusiones básicas: que “bajo condiciones de uso responsable, el glifosato y sus formulados no implicarían riesgo para la salud humana o el ambiente”; y que “en la Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana”. Es decir, no define si el glifosato es inocuo o perjudicial e indica la necesidad de estudios.
Para Claudio Lowy, ingeniero forestal y especialista en desarrollo humano sustentable, “no es suficiente la información que ellos proveen. Faltan estudios epidemiológicos y un mecanismo que permita ejecutar lo que recomiendan”.
En la misma línea, el doctor Carrasco concluyó: “No van a decir nada que genere un problema político. Ellos se convirtieron en una especie de contrapunto de lo que nosotros denunciamos. No olvidemos que el agronegocio es un pilar fundamental de este modelo.”

Fuente: Tiempo Argentino

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(La Nota digital)

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