Detuvieron a un instructor del Ejército y lo alojaron en la UP1

Por orden del juez Federal Leandro Ríos, quedó detenido en la Unidad Penal 1 de Paraná el represor Guillermo Jorge Francisco Quintana, investigado por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa Área Paraná II. Quintana es señalado como autor de privaciones ilegales de la libertad, torturas y apremios desde su rol de instructor del Ejército. En esa función se encargaba de hacer firmar declaraciones autoincriminatorias a víctimas del terrorismo de Estado, según la sospecha de la Fiscalía.

Uno de los casos por los cuales está acusado es el de María Eugenia Saint Girons, quien fuera detenida el 11 de febrero de 1977 en una de las salas de parto del hospital San Roque de Paraná, donde fue sometida a la tortura consistente en amenazarla con dar muerte a su hijo recién nacido. Luego fue sometida a tormentos en la Unidad Penal N°1. Saint Giron era pareja de Emilio Feresin, quien había sido secuestrado en Santa Fe el día anterior a ella y permanece desaparecido. Hacerle escuchar en cautiverio grabaciones de la voz debilitada de Feresín era otro de los métodos de tortura.

Al ser sometida al Consejo de Guerra, en dos oportunidades María Eugenia fue obligada a firmar, bajo amenazas, declaraciones autoincriminatorias ante el por entonces oficial instructor teniente Guillermo Jorge Quintana. El 9 de agosto de 1977 la mujer fue condenada a 12 años de reclusión y trasladada a la cárcel de mujeres.

Para la Fiscalía, Quintana habría intervenido de modo plenamente relevante en los hechos y sería autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada; imposición de vejaciones, severidades y/o apremios e imposición de tormentos.

El acusado fue designado como instructor por el ya fallecido Juan Carlos Ricardo Trimarco –comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada– el 4 de marzo de 1977. Además de su vinculación con el caso de Saint Girons, habría tenido a su cargo la función de organizar y llevar a cabo los interrogatorios, mediante la ratificación y ampliación de las llamadas “declaraciones espontáneas”, de al menos otras cuatro personas secuestradas y sometidas a torturas en centros clandestinos de detención, entre marzo y abril de 1977 en la sede del Escuadrón de Ingenieros Blindados II de Paraná.

Quintana, quien tiene domicilio en Buenos Aires, se presentó en el Juzgado el 30 de octubre, antes de que se concretara la detención solicitada por la Fiscalía, y dispuesta por el juez el 22 de octubre. Fue llevado a prestar declarción indagatoria y alojado en la UP 1. Su defensa fue asumida por la defensora oficial Silvana Davite.

Desde la agrupación HIJOS Regional Paraná, consultados por diario Uno, celebraron el avance de la Justicia sobre otro de los responables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos durante la última dictadura cívico-militar. La organización venía reclamando celeridad en las causas por violaciones a los derechos humanos; sobre todo en la causa Área Paraná I, de la cual el año que viene se cumplirán diez años de su reapertura y todavía no se dictó sentencia.

En Área Paraná II se investigan delitos cometidos en perjuicio de 22 víctimas, dentro del plan sistemático de represión ilegal que se montó en Argentina entre fines de 1975 y 1983. Entre las víctimas se encuentra el soldado Jorge Emilio Papetti.

Domiciliaria

Para este jueves a la mañana está prevista la realización de una audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná sobre la prisión domiciliaria otorgada en abril al médico represor Hugo Mario Moyano, en la causa Área Paraná I. Ante la oposición del Ministerio Público Fiscal, el tribunal recepcionará los memoriales de las partes –el expediente tramita por escrito– para luego resolver al respecto.

Moyano consiguió el beneficio luego de argumentar problemas de salud y, desde entonces, cumple prisión domiciliaria en calle Córdoba 439, torre I, departamento 6 “C” de la capital entrerriana.

El otorrinolaringólogo Moyano, exagente civil médico del Servicio Penitenciario de la Provincia, está acusado de actuar como partícipe necesario en los delitos de Tormentos y Vejaciones y apremios ilegales. Es señalado por las víctimas de violaciones a los derechos humanos por haber asistido a sesiones de tortura durante la última dictadura cívico-militar.

(La Nota digital)