Definen situación procesal de 4 activistas anti-fracking detenidos en Concordia

El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay tiene 10 días -desde la indagatoria que tuvo lugar el lunes pasado- para definir la situación procesal de los cuatro ambientalistas detenidos.

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Los ambientalistas fueron aprehendidos el sábado en Concordia al intentar impedir el paso al Uruguay de camiones vinculados con operaciones de extracción de fracking.

Lo informó uno de sus abogados defensores, Guillermo Grandi, quien consideró que hay que tener en cuenta que “no son delincuentes”, sino “cuatro militantes sociales que estaban intentando preservar derechos ambientales”.

Se refirió a ciertas irregularidades que podrían haber tenido lugar durante el proceso de detención.

Guillermo Grandi, quien junto a Carlos Acosta ejerce como abogado defensor de Bernardo Zalisñak, Horacio Miguel De Carli, Francisco Larocca y Facundo Scattone, brindó detalles de la causa que se inició el sábado pasado por la noche, cuando los cuatro ambientalistas fueron reprimidos y detenidos por Gendarmería en la ruta 015 de Concordia, cuando intentaban impedir el paso al Uruguay de camiones vinculados con operaciones de extracción de fracking.

Si bien aclaró que recién este jueves tendrá acceso al expediente de la causa, contó algunos pormenores de lo sucedido e hizo referencia a la estrategia que tiene como abogado defensor.

“A partir de la detención, estos cuatro ciudadanos quedaron incomunicados y fueron puestos a disposición del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Pablo Seró, por lo que más de 24 horas después de su detención fueron trasladados hasta el Juzgado y cerca del mediodía tuvo lugar la indagatoria”, indicó Grandi.

Teniendo en cuenta que el objetivo era “priorizar” su libertad y, por sugerencia de los letrados, los detenidos se abstuvieron de declarar. “Simultáneamente tramitamos el pedido de excarcelación, al que se le dio el visto bueno y finalmente se ordenó su libertad”, explicó.

A Zalisñak, De Carli, Larocca y Scattone “se les atribuye la obstaculización o entorpecimiento de servicio público (porque se los acusa de haber cortado la ruta) y atentado contra la autoridad. Así está caratulada la causa”, sintetizó Grandi.

En tal sentido, manifestó que “hay una discusión de orden técnico para discutir debido a que ellos no estaban sobre la ruta, sino a un costado. También hay otros aspectos vinculados a la modalidad de detención, al modo en el que se llevó a cabo el operativo y a lo que sucedió durante las más de 24 horas que estuvieron alojados en la sede de Gendarmería Concordia”.

Días pasados trascendió que Gendarmería habría actuado sin una orden judicial. Al respecto, Guillermo Grandi señaló: “Por lo que sabemos, lo que consta en el expediente es que la Secretaria Penal María Florencia Gómez Pinasco comunicó verbalmente la orden a Gendarmería y a partir de ahí se procedió”.

Para el letrado, esto es irregular y consideró que “además el Juzgado debería haber solicitado el traslado inmediato de los ciudadanos hacia Concepción del Uruguay, o bien, constituirse en el lugar”.

“Estuvieron más de 24 horas en la sede de Gendarmería, tirados en un pasillo sobre unos colchones y esposados”, cuestionó enseguida.

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La situación procesal

Más adelante, Guillermo Grandi explicó que “desde la indagatoria -que fue el lunes pasado- el Juez tiene 10 días corridos para resolver la situación procesal de los imputados”.

Y agregó: “Las posibilidades son tres: dictar el procesamiento, si es que considera que hay elementos suficientes para avanzar en la imputación; sobreseerlos, si se establece que no hay elementos suficientes de prueba; o dictar la falta de mérito, que es la situación intermedia, porque ni se los considera procesados ni tampoco sobreseídos, y en este caso la Justicia sigue trabajando para reunir más pruebas”.

“No son delincuentes”

Para Grandi, es necesario “tener en cuenta que se trata de cuatro militantes sociales que estaban llevando adelante una actividad que tenía como fin preservar y garantizar derechos ambientales”.

“Hay que darle a este tema la dimensión que se merece y enfocar el tema desde esa perspectiva”, sostuvo el abogado, que tiene un posgrado en Derecho Ambiental.

“No eran cuatro delincuentes internacionales que estaban por atentar contra la represa de Salto Grande”, enfatizó luego.

“Si no se le da la dimensión que corresponde al bien jurídico tutelado, que está garantizado en el articulo 41 de la Constitución de la Nación, y que es la preservación del medio ambiente; si no se entiende que la sociedad civil actúa en función de la preservación de ese medio ambiente; y si la Justicia no le da a este tipo de situaciones la consideración que merece, es muy difícil que podamos avanzar hacia una sociedad sustentable”, aseveró.

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¿Apremios ilegales?

Por último, fue consultado acerca de la situación de Bernardo Zalisñak, el detenido que aseguró haber sido víctima de la utilización de picana por parte de efectivos de Gendarmería.

En tal sentido, Grandi dijo: “A él lo revisó el médico de Gendarmería cuando fueron detenidos, y antes de que se lo excarcele pedimos que se lo revise de nuevo porque había lesiones que no las tenía al momento de su detención”.

“Este es un dato objetivo y comprobado por un facultativo de la propia Gendarmería, informó Guillermo Grandi.

“A partir de esta situación. Se harán las presentaciones y denuncias que correspondan. Y aunque haya un origen común, son denuncias autónomas que van por carriles distintos”, concluyó

Fuente: APF – Fotos: Archivo y FM Animal

(La Nota digital)