“El profesional que cobra plus no podrá trabajar con ninguna obra social”

“Si las obras sociales reciben una denuncia por el cobro de plus, ese profesional no podrá seguir trabajando con ninguna de las obras sociales de por vida”, aseguró el titular del IOSPER. Agudizarán los controles a través de AFIP y la ATER.

El presidente del IOSPER, Fernando Cañete, enfatizó que Gualeguaychú y Paraná son las ciudades donde más se cobra plus. Se trabaja en un proyecto de ley en conjunto con todas las obras sociales, para que en caso que se pruebe el cobro de plus, se elimine de por vida al prestador de servicio como tal dentro de la provincia de Entre Ríos. Se hacen gestiones para que los funcionarios del Poder Judicial también sean parte del sistema de salud. “Me parece que quienes dictan justicia no pueden estar en contra del cumplimiento de una ley”, resaltó.

El lunes 28 de julio pasado, el representante de los Activos de los Poderes Legislativo y Judicial Fernando Cañete, fue electo presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) tras una reñida elección. Al cumplirse hoy noventa días de su gestión, Cañete, realizó un balance de sus primeros tres meses de gestión al frente de la obra social de los empleados estatales. “Lo que se cumplió fueron todas las prácticas ambulatorias de baja complejidad, nosotros íbamos a retirar la auditoría, para eso íbamos a establecer los cupos. Se estableció un sistema de informatización en toda la provincia y unificamos los criterios, cosa que eso nos generaba cierta demora en cuanto a los trámites e intentamos seguir perfeccionando el sistema”, manifestó Cañete al programa Fuera de Juego (Canal 4 Gualeguayhú). “Aún nos queda pendiente para aquellos tratamientos de uso prolongado, poder establecer que el afiliado tenga que ir una sola vez para poder solicitar la autorización del medicamento y que con una sola auditoría sirva para llevar adelante su tratamiento”.

Y agregó: “Tenemos que seguir evolucionando con los cursos de capacitación que pretendemos dar a los empleados para mejorar la atención al público, que son cuestiones que no se han dado en el IOSPER y creemos que es necesario comenzar a trabajarlo, para trata de tener una mayor fluidez con nuestros afiliados”.

En cuanto a los pedidos del personal, que tras prestar servicio por largo tiempo, está solicitando que se regularice su situación laboral y pasen a formar parte de la planta laboral, Cañete dijo que: “Nosotros ya elevamos el presupuesto que corresponde al IOSPER, hacia el Poder Ejecutivo, para que se priorice el proyecto de ley, y es ahora la Legislatura la que nos habilita a nosotros a través de la sanción del presupuesto. Solicitamos cien cargos, que no son nuevos, sino que ya están dentro de la planta, pero hay que cubrirlos”.

Al ser consultado por el cobro de “plus” en las prestaciones médicas a los afiliados, el director del Iosper, se refirió a que es una situación que sigue siendo “complicada”. “Siguen existiendo esas situaciones que no son deseadas por ninguna obra social. Pudimos avanzar con obras sociales hermanas, como el PAMI, OSECAC, UOCRA, Televisión, Osplad, varias obras sociales que nos juntamos para poder unificar políticas activas, con el objetivo de poder contrarrestar el cobro de plus. Nosotros entendemos que el plus se produce por un abuso del prestador, pero para que esto ocurra está la necesidad del afiliado que independientemente de esta circunstancia, y tanto el Instituto como cualquier obra social, se siente a pactar con el prestador y se establezcan derechos y obligaciones. Dentro de esas obligaciones el prestador no debe cobrar ningún tipo de arancel. Surge cuando hay esta relación interpersonal entre el prestador y el afiliado, en la que encontramos una situación de debilidad por parte del afiliado, y de abuso por parte del prestador. Entendemos nosotros que en esa situación de desigualdad, es donde tiene que aparecer el Estado y para eso estamos trabajando en un proyecto de ley en la que si algunas de las obras sociales recibe algún tipo de denuncia sobre el cobro de plus ese profesional no va a poder seguir trabajando con ninguna de las obras sociales de por vida por lo menos en Entre Ríos. Las obras sociales haremos causa común, para que se respete lo que se firme con los representantes de distintas instituciones”.

En cuanto a la falta de compromiso del afiliado para denunciar estas malas prácticas, Cañete dijo que: “Creo que muchas veces tiene que ver con la confianza que tiene el afiliado con el prestador y por eso a veces no hace la debida denuncia. En aquellos casos en el que se han hecho denuncias se han instrumentados todos los mecanismos con control de seguimiento, a través de las instituciones prestadoras de servicio y las obras sociales, pero es difícil llegar a concretar una sanción. Yo como gerente prestacional di de baja a varios prestadores luego de la denuncia de los afiliados, pero es cierto que tenemos mucha debilidad en cuanto a la prueba.
Lo que estamos pidiendo ahora es establecer dentro del marco de inspectores, la realización de estas autorías en el terreno para poder determinar esa mala práctica. Vamos a convocar al profesional para que haga su descargo y si no lo quiere hacer directamente las obras sociales vamos a tomar algún tipo de sanción”.

En tanto, dejó en claro que: “Es el IOSPER es el que impone las reglas, los prestadores trabajan y aceptan en función de lo que el Instituto determina, y eso es el que no se cobre ningún arancel ni ambulatorio, ni en consultorio, ni en internación”. El 60 por ciento de la facturación de un médico es del Iosper y “estamos hablando de prestaciones ambulatorias de 15 a 20 mil pesos por mes”, agregó y adelantó que: “Se firmará un convenio con la AFIP y la ATER, para agudizar los controles”.

Sobre esta misma línea manifestó: “Tenemos profesionales que han pedido disculpas y le hemos hecho firmar actas de compromiso y hasta el momento no han reincidido. Nadie quiere aplicar sanciones, lo que si digo es que tiene que haber racionalidad en cuanto a la prestación de servicio”.

Reconoció en este aspecto que los departamentos más problemático en cuanto al cobro de plus, son Gualeguaychú y Paraná, por la gran cantidad de denuncias lo que hace suponer “que es una práctica institucionalizada”, al tiempo que resaltó, “buscamos de todas las maneras de remediarlo. Hemos querido ir a las clínicas a colocar un cartel que diga que no se puede cobrar plus, pero no nos dejan colocarlo”.

En cuanto a los medicamentes, Cañete adelantó que: “Estoy tratando de impulsar en Entre Ríos que se respete la ley de medicamento genérico y que se prescriba en función de la mono droga, porque lo que cura realmente es la mono droga y no la marca. Para el IOSPER, la cuestión de los medicamentos la estamos analizando minuciosamente, porque tenemos un consumo muy excesivo que nos produce un desequilibrio financiero si no lo controlamos. Estamos gastando entre 28 a 30 millones de pesos mensuales en medicamentos, cuando arrancamos el año con 21 millones de pesos”.

Al ser consultado por si debido a la inflación hay cada vez más afiliados que se van a atender al sistema de salud pública, debido a que con su sueldo no llega a fin de mes, respondió que: “El afiliado que tiene fondo voluntario, ingresa a un sanatorio y no paga absolutamente nada, afiliado que no tiene el fondo voluntario, tiene un coseguro del 30 por ciento, ese es el que puede conducirse al sistema público de salud, pero nosotros le damos la posibilidad del pago del crédito asistencial. Nosotros estamos teniendo facturaciones en los hospitales que no superan los 400 mil pesos mensuales, comparado con los gastos sanatoriales que superan los 13 millones de pesos mensuales en facturación”.

Al preguntársele por si se puede llegar a recuperar a los vocales del Poder Judicial disidentes del sistema de salud del Instituto, el director dijo que: “De a poco se van a reincorporando, estamos hablando de magistrados, funcionarios y empleados, calculamos un poco más de cien personas las que están trabajando por fuera del sistema de la obra social, lo que nos perdemos de recaudar entre 800 a un millón de pesos mensuales. Hemos hablado con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak y ella nos abrió las puertas y ella está dentro del sistema de salud del Iosper. Me parece que quienes dictan justicia no pueden estar en contra del cumplimiento de una ley, es por eso que quiero avanzar en este aspecto tanto con el Supremo Tribunal de Justicia como la Asociación de Magistrados”, publicó Análisis.

(La Nota digital)

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