Fumigaciones: “Una ley nueva, si no hay control estricto no va a servir de nada”

En la provincia “el Estado provincial no ejerce ningún control y por ello es responsable indirecto de las consecuencias de no ejercer ese poder de policía que la ley vigente establece”.

Mosquito fumigaciones

El juez del Tribunal de Apelaciones de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado, se refirió a la aplicación de la ley de Agrotóxicos en la provincia, y evaluó que “no se cumple y que el Estado provincial no ejerce ningún control y por ello es responsable indirecto de las consecuencias de no ejercer ese poder de policía que la ley vigente establece”.

Cabe marcar que actualmente en el territorio entrerriano rige la Ley de Plaguicidas Nº 6.599 -que data de 1980-, y sus y sus decretos reglamentarios y normas complementarias. En ese marco, el juez analizó: “Ahora se quiere reformar esta ley, pero lo que hay que potenciar en realidad es el poder de policía del Poder Ejecutivo provincial. En todo el territorio de Entre Ríos hay solo dos inspectores para realizar los controles en materia de fumigaciones aéreas y terrestres, con esto ya queda todo dicho. Por lo tanto, tener una ley nueva si no hay control estricto no va a servir de nada”.

El magistrado explicó que en el caso de la ley de Agrotóxicos, forma parte “de la legislación preventiva que toda provincia debe tener y que ahora se encuentra en proceso de reforma. Lo que está actualmente vigente determina un perímetro de 200 metros alrededor de viviendas, escuelas o ríos y arroyos en el que está terminantemente prohibido hacer fumigaciones y además, para el caso que se tengan que realizar aplicaciones se debe avisar con dos días de anticipación y presentar la receta agronómica”.

Según García Jurado, “esta ley provincial vigente se aplica poco, ya que nadie notifica que va a fumigar con 48 horas de anticipación, tampoco se cumple con la presencia de un técnico en el momento de la fumigación. Es decir que, como toda norma de legislación social, la ley de agrotóxicos en Entre Ríos está visto que no se cumple”.

Asimismo, dijo a Radio Máxima que de su experiencia como instructor en algunas causas sobre esta temática: “En alguna ocasión si bien no pude determinar lesiones en las personas afectadas sí tenía elementos para acusar por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no aplicar el control a los responsables de concretarlo, pero en esa ocasión el Ministerio Público no me habilitó esa investigación”.

“Es incuestionable que el poder económico influye y mucho en esta materia para aplicar la ley vigente pero esto está tomando un color que no podemos aceptar los entrerrianos”, apuntó.

Respecto del caso de la Escuela 66 de Costa Uruguay sur, donde varias personas resultaron fumigadas incluida su directora a la que ya se le detecto contaminación en sangre, García Jurado dijo que “los responsables directos son la empresa fumigadora, quien la contrata y el propietario del establecimiento rural y en forma indirecta también es responsable el Estado provincial, por no cumplir con el poder de policía, por lo tanto estamos ante la posibilidad de una acción de daños y perjuicios cuantiosa”.

Foto: archivo

(La Nota digital)