24 de marzo: “Democracia o corporaciones”

La Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos le puso esta vez una consigna a la marcha del 24 de marzo: “Democracia o corporaciones”. Hubo 2 actos.

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Como en los últimos años, el documento de la Multisectorial de Derechos Humanos para la marcha de esta noche sigue sin disonancias el mensaje oficial.

“Democracia o corporaciones” es la consigna este 24 de marzo y el texto único al que se dará lectura en Plaza Alvear llama “a los argentinos a defender y profundizar las conquistas sociales de estos últimos años, las cuales hoy se ven amenazadas por los operadores políticos de las corporaciones”.

Allí, se señala a los “grupos mediáticos y económicos”, al “Partido Judicial” y a sus “operadores políticos” como amenazas para conquistas “para el bienestar del pueblo” como “las paritarias, el crecimiento del empleo formal y registrado, la asignación universal, la moratoria jubilatoria y cientos de medidas tendientes a inclinar la puja distributiva a favor de los humildes”.

El texto también menciona “lo que falta” como “la aplicación efectiva de la ley de tierras, la derogación de la ley de Entidades Financieras y su reemplazo por una nueva regulación concebida desde el interés público y que promueva el desarrollo económico y social”. Se alude también a la necesidad de avanzar en la inclusión del trabajador no formal y se insiste “en la democratización del Poder Judicial”.

“Instamos a sostener el juicio y castigo a los genocidas, reivindicando la decisión política de Néstor Kirchner de tomar a los derechos humanos como política de estado. Exigimos y defenderemos la continuidad de esta política”, expresa la Multisectorial que integran los organismos de Derechos Humanos, áreas del Estado nacional y provincial como el INADI; la Universidad Autónoma de Entre Ríos; el Ministerio de Cultura y Comunicación; la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos; la Municipalidad de Paraná; el Registro Único de la Verdad.

Lo firman también las conducciones sindicales más afines al gobierno como la CTA Entre Ríos, ATE, Agmer, Sadop, dos secretarias de la CTA Paraná y la Federación Universitaria de Entre Ríos.

A nivel partidario, como sucede en los últimos años ya no lo firman otros partidos y agrupaciones más que los aliados al justicialismo gobernante: Partido Justicialista, Kolina, Partido Comunista, Partido Comunista Congreso Extraordinario, Descamisados, La Cámpora, Artigas Vuelve, Arturo Jauretche, Movimiento por Todos, Ola Naranja, Movimiento Evita, agrupaciones universitarias como La Colectiva y Frente Universitario Popular y la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito Entre Ríos que logró incluir sus banderas por los derechos sexuales y reproductivos y en contra de la violencia de género.

Hay en el documento espacio también para las observaciones al proceso político de los últimos años. Se impugna que César Milani siga al frente del Ejército, se objetan acciones represivas de las fuerzas de seguridad y particularmente en el caso de la Policía de Entre Ríos se alude por primera vez al caso de torturas sucedido en Rosario del Tala en 2012. También se cuestiona la represión en el violento desalojo de familias en calle Churruarín y la actuación de Gendarmería contra los militantes de la Asamblea Contra el Fracking.

La Justicia en el blanco

Tal como se ha planteado, desde el caso Nisman a la fecha, el Poder Judicial ocupa un lugar protagónico señalado como “partido” y como corporación que busca “un golpe blando” en la Argentina.

“Como parte de los tres poderes del Estado, comienza a dar la cara y la batalla respaldado con claros intereses de los poderes fácticos que siempre han bregado por un país para pocos en donde sus privilegios se mantengan”, denuncia el documento que añade que “los funcionarios del Poder Judicial son los únicos del Estado que no se someten a elecciones populares, y que mantienen privilegios no sólo impositivos sino también simbólicos que rozan términos monárquicos y arcaicos. Lejos de aceptar la democratización de la justicia, un sector de este poder se abroquela en un intento por convertirse en fuerza opositora en defensa de estos intereses”, acusa el documento.

Yendo más al corazón de la disputa planteada tras la muerte del fiscal, se afirma que mientras la Justicia cumple el rol denunciado “las víctimas y familiares siguen esperando”. “Los atentados terroristas a la AMIA y la Embajada de Israel son dos heridas abiertas que no cicatrizarán con funcionarios judiciales embarcados en conspiraciones y encubrimientos, asociados a servicios de inteligencia que es necesario continuar reformulando para que, efectivamente, estén al servicio de la Nación”, se afirma.

También se apunta a la Justicia Federal por la dilación en la Causa Área Paraná y se exige “al juez Leandro Ríos que avance en la investigación” de la desaparición del Melli, el hijo de Raquel Negro, e “impute al médico Miguel Alberto Torrealday, dictando su consecuente prisión preventiva”.

Se critica también a la Justicia provincial por “la inacción en el caso del intento de amedrentamiento a la abogada querellante en la causa Área Paraná, la compañera Florencia Amore”. “Exigimos el inmediato esclarecimiento del robo ocurrido en su casa días después de que pidiera la imputación de un ex policía federal por falso testimonio, y la identificación de los responsables materiales e intelectuales del hecho”, se añade sobre el caso.

Como ha sucedido en los últimos años, los partidos de oposición y el sindicalismo crítico han convocado a marchar y realizar un acto propio frente a la Casa de Gobierno, hacia el final del recorrido.

Otros sectores sociales marcharon por los derechos humanos de hoy y siempre

En una marcada disidencia con la movilización convocada por la Multisectorial por los Derechos Humanos integrada por sectores allegados al oficialismo, Agmer Paraná partió desde Plaza Sáenz Peña pero antes de llegar al lugar donde concentrarían los actos oficiales, desviaron hacia Casa de Gobierno y allí leyeron otro documento.

Al respecto, Yanina Franco, secretaria de Derechos Humanos de Agmer Paraná, indicó a Elonce TV: “Todas las organizaciones de Derechos Humanos venimos reclamando a lo largo y ancho del país por la memoria, la verdad y la justicia por todos los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura genocida del ´76. Pero sin olvidar los derechos humanos por los que peleaban aquellos 30 mil desaparecidos, que son los mismos por los que hoy estamos luchando, muchos relacionados con mejores condiciones laborales, salariales y demás”.
En la oportunidad, la sindicalista agregó: “Sumamos el reclamo para no criminalizar la protesta social como estos gobiernos nacional y provincial vienen haciendo desde varios años”.

En tanto, y en el medio de ambas marchas con intereses políticos opuestos, se ubicaron allegados a instituciones intermedias, como el Centro Comunitario Casa Solidaria. “En este día de la Memoria también es necesario recordar a los desaparecidos sociales, aquellos ciudadanos invisibilizados por su condición social, económica o familiar. Hoy por hoy, si nos mantenemos con la bandera de la Memoria en alto junto a la de los Derechos Humanos, podemos hacernos visibles y pasar de esta situación marginal a, al menos, poder nombrarnos”, sintetizó Julián Jarupkin, en representación de la entidad.

Fuente: Página Política y El Once

(La Nota digital)

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