La ATER recuperó 15 millones de pesos por “compensaciones truchas”

A un año de que se hiciera público el escándalo por de compensaciones fiscales “truchas”, el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, dijo que ya se ha recuperado el 90 por ciento de los montos entregados por esas operaciones fraudulentas que corresponden a la primera denuncia, lo que corresponde a un total de 15 millones de pesos. Las maniobras abarcan tres períodos de gestión diferentes y se hicieron las presentaciones correspondientes. Fue desde el propio ente recaudador que se denunciaron las artimañas espurias para ejecutar compensaciones que circularon por canales paralelos del ente recaudador. En estas operaciones delictivas están comprometidas más de 140 empresas por un monto que en total superarían los 45 millones de pesos.

En su momento, Casaretto advirtió que se habían iniciado acciones intimidatorias para que estas firmas realicen los pagos correspondientes que fueron cancelados por vía irregular.

De este modo, de los 17 millones de pesos comprometidos en la primera de las denuncias –que incluye desde el nacimiento de la ATER en diciembre de 2011 hasta junio de 2014– se habrían recuperado 15 millones. El primer paso de la medida incluyó la imputación en las cuentas corrientes, llegando en algunos casos a verse triplicadas por intereses, compensaciones y gastos de los apremios.

Procedimientos

El caso del fraude efectuado a ATER, parece ir encontrando cierto equilibrio conforme la Justicia avanza en sus plazos y el ente recaudador recupera el dinero.

Sobre el mes de julio del año pasado el ente dio a conocer el caso de una empresa rural de Gualeguaychú donde se evidenciaba el procedimiento operativo para lograr el pago en concepto de compensaciones apócrifas.

Luego de haber realizado el sumario correspondiente y haber aportado la documental para el avance de las causas judiciales, la Administradora salió a la caza de los impuestos eludidos a través del mecanismo de imputar en la cuenta corriente de los contribuyentes que “trucharon” la compensación.

A estas cifras se le debe sumar un interés punitorio de 1,9 por ciento mensual (22.8 por ciento anual), más la multa correspondiente a cada tributo. Monto que se sumará a cada año transcurrido desde el momento de cometido ilícito, lo que llevó en algunos casos a que la deuda histórica se triplicara. De allí la diferencia entre los valores denunciados inicialmente y lo que la ATER terminó finalmente recuperando en algunos casos.

El nivel de la multa depende del impuesto y en algunos casos puede llegar hasta el 100 por ciento del capital. Vale recordar que con este mecanismo se evadieron impuestos como el inmobiliario o el automotor, pero por ejemplo el impuesto a los sellos es que el tiene la multa más alta, así como ingresos brutos o el convenio multilateral, según precisaron desde el ente a mediados del año pasado.

Según Casaretto se aspiraba a cobrar la totalidad de la deuda de las denuncias realizadas en los tres tramos. “Hicimos el sumario administrativo y la denuncia penal en pos de la cobranza de los impuestos. Se anularon las compensaciones truchas y se las cargamos a las cuentas corrientes de los contribuyentes, con el cálculo de intereses y multas. Una vez en la cuenta corriente lo intimamos a pagar a través del jefe de nuestra oficina en su departamento. Si lo hace tiene la facilidad de 12 pagos; ya que di la orden de que se lo trate como a cualquier contribuyente, pero al que no responde se lo manda a apremio judicial y deberán imputarse los honorarios profesionales, por cuánto más se demore más deberá pagar”.

“Allí cada juez consciente la pretensión fiscal y, a instancias del procurador, pide intervenir las cuentas o bienes, hasta cobrarse la totalidad de la deuda, como pasó en el caso de Gualeguaychú”, había dicho el funcionario oportunamente a El Diario.

Metodología

El funcionario al frente de la ATER se mostró optimista de ir paulatinamente cobrando todo el monto. “Generamos la acción de cobro y recuperamos la plata que es de los entrerrianos, y no lo hicimos dando a conocer públicamente los listados sino utilizando los mecanismos institucionales que tenemos a nuestra disposición. Trabajamos con las 65 empresas por distintas vías, ya que más allá de la acción penal, existía también una acción judicial”, expresó.

Casaretto dijo que se les fue tomando declaración a casi todas las personas físicas implicados con sus apoderados. “Y mientras esto comenzó en la primera semana de junio del año pasado nosotros ya recuperamos casi la totalidad de la deuda generada mientras que la justicia aún no ha concluido de tomar las testimoniales de la acción procesal de las personas jurídicas, y pero ni siquiera se ha resuelto la acción procesal”, se jactó el responsable del ente recaudador.

(La Nota digital)

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