Greenpeace denunció que existe un fuerte “lobby empresario” detrás del proyecto de nueva ley de semillas, porque hay al menos 30 vínculos entre las compañías y funcionarios del Gobierno.

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La ONG internacional presentó una investigación en la que enumera a los funcionarios vinculados con las compañías debido a que hay empresarios del sector que directamente asumieron en cargos en el Estado.

Asimismo, Greenpeace afirma que el proyecto de ley impulsado por la administración de la alianza Cambiemos propicia “un modelo que concentra el control de las semillas y los alimentos en pocas manos”.

“Quién controla las semillas, controla la alimentación”, dice en su inicio el informe que dio a conocer la organización ambientalista fundada en 1971 en Vancouver, Canadá, que lucha contra los transgénicos.

En la ONG argumentan que existe un proyecto de ley que avanza en ese sentido y que fue gestado por grandes empresas de cultivos transgénicos y agrotóxicos y fundaciones financiadas por las mismas empresas.

Greenpeace alega que esta nueva ley, impulsada por el Gobierno Nacional, pretende limitar el uso libre de semillas para beneficio de las grandes empresas.

A su vez, el proyecto, enviado al Congreso en octubre de 2016, no contempló ninguna de las solicitudes de agricultores familiares, campesinos, indígenas, académicos y universidades, denuncia la ONG.

El informe señala que al menos 30 funcionarios tienen vínculos con él oligopolio de la industria química, encabezado por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, que controlan el 60% del mercado mundial de semillas y el 65% de las ventas mundiales de agrotóxicos.

“Una ley de semillas que da más poder a empresas agroquímicas solo puede traer más contaminación para los pueblos fumigados, más destrucción de bosques nativos y menos alimentos saludables accesibles para toda la población”, dijo Franco Segesso, miembro del área de campañas de Greenpeace.

En su denuncia, la ONG dice que el lobby empresario actúa en sectores diplomáticos, en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en amplios sectores del agro argentino.

Algunos de los funcionarios señalados son el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile; el Jefe de Gabinete de Agroindustria, Guillermo Bernaudo; y la Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable del mismo ministerio, Beatriz Giraudo.

Asimismo, el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el diputado nacional, Pablo Torello; el senador nacional, Alfredo De Angeli, entre otros.

La investigación presentada por Greenpeace destaca que “el lobby es ejercido hacia los funcionarios públicos que tienen vínculos con las empresas o por medio de asociaciones que las representan”.

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, conformada por más de 50 organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas, rechazó cualquier modificación a la Ley de Semillas vigente (n° 20247).

Y reclama esa multisectoral que los senadores y diputados detengan “las maniobras que benefician a los actores del agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación de los argentinos”.

Greenpeace recordó en un comunicado que un reciente informe de las Naciones Unidas alertó, también, que la industria agroquímica está dominada por este grupo reducido de empresas transnacionales que ejercen poder sobre la agenda regulatoria, las iniciativas legislativas y la investigación agroquímica a nivel mundial.

(La Nota digital)

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