La Fundación M´Biguá Ciudadanía y Justicia Ambiental, junto a la Asamblea Ciudadana de Concordia y otras organizaciones de la provincia, avanza en una acción legal frente a la falta de respuestas del Gobierno argentino. La ONG se moviliza ante la gran preocupación que genera la existencia de perforaciones, para exploración y explotación de combustibles fósiles no convencionales, en la cuenca del río Uruguay y a través del método fracking.

El 26 de mayo se dio a conocer la acción de solicitud de información ambiental elevada por M´Biguá y dirigida a la entonces canciller argentina Susana Malcorra, frente a la exposición pública de posibles perforaciones en la cuenca del río Uruguay, más precisamente en departamento Paysandú.

Organizaciones ambientalistas de la costa del Uruguay de la provincia de Ente Ríos venían advirtiendo sobre proyectos petroleros en la República Oriental del Uruguay y se había apuntado a una polémica iniciativa de la empresa Schuepbach Energy Uruguay SRL que incluía excavaciones con fines exploratorios.

Con el propósito de despejar toda duda en relación a los daños que estas acciones podrían producir en el entorno natural del río Uruguay, sus acuíferos y en la población de ambos países, es que M´Biguá elevó la solicitud de información, sin conseguir hasta el momento respuesta de ningún tipo.

Es por esa razón, explicó el abogado de la ONG Jorge Daneri, que junto a la Asamblea Ciudadana de Concordia y otras organizaciones de la provincia, “se está elaborando una acción de Amparo Ambiental Federal contra el Estado Argentino, dirigida a la Cancillería”.

El especialista de M´Biguá explicó que es la herramienta correspondiente frente “a la falta de información sobre la activación o no del proceso interno de la Comisión Administradora del Río Uruguay, conforme lo dispone el procedimiento del Estatuto que la regula, y en atención al proyecto en marcha liderado por el Gobierno de Uruguay, tendiente a la perforación por el método de fracking para la explotación de combustibles fósiles no convencionales dentro de la cuenca del río Uruguay y con potenciales y graves impactos en el Acuífero Guaraní”.

En ese marco, es que M´Biguá avanza en una acción legal “que tiende a lograr una resolución judicial que ordene al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina a entregar la información requerida por la Organización como también otros requerimientos de acceso a la información ambiental ya realizados por Asambleas Ciudadanas de la cuenca del río Uruguay, en particular de la ciudad de Concordia”, expresó la abogada Valeria Enderle, también miembro de M´Biguá.

Daneri: “Es determinante conocer si la CARU ha cumplido con su rol, si la R. O. del Uruguay informó al Estado Argentino por vía de sus miembros dentro del organismo bilateral y en consecuencia, si funcionó en debida forma el cumplimiento y aplicación del Estatuto, como saber el papel que hasta la fecha jugó en este caso los miembros de la representación Argentina”.

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(La Nota digital)

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