Pañuelazo y noticias falsas

Miriam Cuenca

Ayer miércoles por la tarde hubo pañuelazo y marcha en Paraná en defensa del protocolo ILE – interrupción legal del embarazo. Hubo una gran movilización luego de la difusión de noticias falsas sobre una ILE en Concordia.

“Marchamos porque negar derechos es delito!” fue la consigna de la marcha que partió desde la plaza central de Paraná y terminó en Tribunales.

Frente al palacio de Justicia leyeron un documento que luego entregaron al presidente del Superior Tribunal de Justicia – STJ. También se cruzaron hasta la Casa Gris y entregaron una copia a la ministra de Salud, Sonia Velázquez.

Desde la organización escribieron en redes sociales: “¿Sabías que en Entre Ríos grupos antiderechos difundieron una noticia falsa sobre una ILE que se le realizó a una niña de 13?

Es grave por muchas razones: violaron la privacidad de la niña, el secreto profesional, difundieron información falsa”.

 

MINISTERIO

El Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos remarcó que se trató de una “noticia falsa”, una versión no fidedigna. “Es imposible” que en una ILE el feto sobreviva porque se realizan procedimientos en fetos “inviables fuera del útero”, remarcaron.

 

REDES: “Es importante desmentir las noticias falsas que difunden los antiderechos, por eso felicitamos el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos. Es momento de manejarse con la verdad, ¡basta de imponernos una doctrina de odio!”

CONCORDIA

En Concordia, un grupo de ciudadanos/as hizo circular una noticia falsa sobre una ILE realizada a una niña. El Ministerio de Salud de la provincia reafirmó la legislación.

 

DOCUMENTO

Negar derechos es delito

 

Las organizaciones abajo firmantes, manifestamos nuestro más enérgico repudio ante las falaces manifestaciones realizadas a raíz de una interrupción legal del embarazo llevada adelante días pasados, a una niña de 13 años embarazada producto de una violación, en el Hospital Masvernat de Concordia.
Respaldamos y brindamos todo nuestro apoyo a profesionales sanitarios y judiciales que garantizaron dicha práctica de forma segura, la cual se encuentra enmarcada legalmente como aborto no punible por causales en nuestro Código Penal Argentino desde el año 1921.
Repudiamos que, de manera intencional, grupos antiderechos una vez más, utilizan para confundir a la población, una situación enmarcada en el pleno de normativas vigentes en Argentina para realizar campañas basadas en falacias y distorsión de los hechos, para hostigar y amedrentar a quienes cumplieron con el Derecho llevando adelante un procedimiento médico. Estas situaciones no solo demuestran su menosprecio por la salud y Derechos de las niñas y mujeres sino sus mecanismos de apriete para imponer sus intereses, tal como lo han llevado adelante en otras oportunidades en Entre Ríos.
Denunciamos públicamente el accionar de legisladores, legisladoras, grupos fundamentalistas religiosos y la “Red de familias entrerrianas” que en absoluto desconocimiento del marco normativo vigente en nuestro país y en base a sus creencias personales intentaron someter a escrutinio judicial una prestación médica absolutamente legal.
Respaldamos el accionar judicial cuyos representantes han dejado aclarado que “ningún juez de esa ciudad otorgó autorización judicial para la interrupción del mencionado embarazo, dado que se trata de un caso no judiciable por existir normativa que regula el aborto no punible”, y que sólo se exhortó a los profesionales de la salud a cumplir con sus obligaciones en la prestación de la práctica legal.
Desde 1921, el Código Penal Argentino en su Artículo 86 Incisos l y ll permite el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente” y en particular sobre éste último inciso, la Corte Suprema de la Nación dictó sentencia en la Causa F.A.L s/Medida Autosatisfactiva sosteniendo que “(…) el aborto no es punible si el embarazo proviene de una violación sea la mujer incapaz o no” requiriendo sólo una declaración jurada en la que la mujer víctima manifieste que el embarazo es producto de dicho delito” desestimando la intervención del poder judicial. Asimismo la Corte exhortó al Estado Nacional y a las jurisdicciones provinciales a que sancionen protocolos hospitalarios del más alto nivel situación que la provincia de Entre Ríos subsanó en 2017 a partir de la adhesión del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación mediante Resolución 2883 y 3616/17 que clarifican a los profesionales de la salud el alcance legal del citado artículo 86 del Código Penal, pero fundamentalmente es una medida sanitaria Urgente y Necesaria para que los servicios de salud, garanticen los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada, frente a situaciones de embarazos que ponga en riesgo la vida o salud de la persona ó sea producto de una violación.
Instamos a nuestras legisladoras y legisladores a no manifestarse en contra del marco normativo vigente en nuestro país y demandamos que promuevan el respeto y la protección de la niña garantizado la privacidad y la no estigmatización mediática y social y eso incluye la no divulgación de datos sobre la menor que solo profundizan la grave situación que atraviesa la menor y su familia.
La vida y los derechos de las niñas y mujeres tienen valor y debe respetarse con la vigencia de las leyes en materia de salud pública.
Educación sexual para decidir.
Anticonceptivos para no abortar.
Aborto legal para no morir.

 

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Fuente: La Nota digital