Las quemas ilegales en el Delta

Políticas de Estado y coyuntura.

Desde siempre los pueblos han usado al fuego para vivir en los pastizales e incluso es una de las cuestiones a manejar, y no a excluir, en el manejo de la biodiversidad. Así lo dice la ciencia y las organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza aunque, para los ecosistemas del Delta del Paraná, no haya pleno acuerdo sobre cuál debería ser el régimen de fuego “natural” o sustentable. O sea, la cuestión técnica es: ¿Cuándo, cómo y dónde es admisible el fuego de campo? En ese contexto, las quemas de campo son una práctica común de los ganaderos de las islas y ocupan uno de los planos de confrontación con la sanidad urbana y la visión ecologista. Si bien las consideraciones ecológicas y sanitarias están en el centro de las quemas descontroladas en el Delta, la cuestión cala en la estructura del poder real y la política.

Nos ocuparemos de dar nuestra perspectiva sobre la compleja situación en este año 2020 en que, además de la aguda crisis económica generada durante la gestión Cambiemos y la pandemia de COVID-19, se suman las quemas ilegales en el Delta.

Las quemas del 2008

Recordemos las quemas del 2008 en el marco del conflicto con las entidades agropecuarias y su impacto, ya no sólo en Rosario sino en el mismo AMBA ¿Qué factor común encontramos con los que ocurre en el 2020? ¿Hay algún fenómeno ecológico o climático que distingue a estos dos años del resto del período de 12 años que los separa? ¿Cuánto de factor político hay en las causas de las quemas? Claro, para ambos niveles de análisis hay evidentes consecuencias ambientales y políticas.

Veamos primero las causas. Tanto en 2008 como en el 2020, encontramos condiciones ecológicas y climáticas especialmente propicias para la propagación del fuego. En 2008 hubo una sequía excepcional. En 2020 además de algo de sequía se dio una gran bajante del río Paraná, que asola desde el verano y persiste hasta estos días. En esta larga bajante, los pastizales crecieron donde normalmente hay agua y, con esa continuidad del combustible, el fuego se propaga cuando normalmente debería detenerse. Además, el combustible vegetal es muy abundante porque el rodeo ganadero disminuyó muchísimo en las islas del delta, según refieren varias fuentes.

Esta disminución en el número del ganado en las islas se debería a que los productores medios y chicos no pudieron reponer el ganado liquidado ante la tremenda pérdida del poder adquisitivo en los últimos 2 años; en un contexto en que Argentina vuelve a tener una declinación del stock ganadero. Esta es una gran diferencia con el 2008 cuando el desplazamiento de la ganadería pampeana, hacia las áreas marginales como las islas, llevó a una altísima concentración de ganado. En ese año el rodeo en el delta alcanzó cerca de millón de cabezas, cuando en 2020 sólo quedaría sólo un 10% de esa cifra. Menos ganado, más vegetación combustible y más riesgo de incendios.

Así las cosas, las causales ecológicas y el manejo ganadero, con su práctica de quemar para la mejora forrajera, explicarían casi completamente la situación. Sin embargo, hay dos aspectos que pueden justificar una pregunta. En primer lugar, la época de quema normalmente comienza en agosto, mientras que en el 2008 comenzaron en abril y en el 2020 en marzo. En las movilizaciones de productores realizadas el 1 de agosto, los referentes pusieron de relieve que la época en que se vienen realizando estas quemas de ninguna manera responden a su necesidad, por lo que no son ellos los que deben ser inculpados. Su argumento de defensa suena fuerte: ¿Cómo nosotros vamos a quemar antes de la época si esto nos deja sin pasto aunque esté seco? Por otro lado, en los doce años entre 2008 y 2020, hubo sequías de fin de invierno y primavera como en el año 2011/12 y en 2017/18, pero las quemas en las islas no trajeron mayores problemas. Entonces ¿Hay otros factores además del ecológico y agropecuario?

Más allá de las causas agropecuarias

En las causas políticas, podríamos encontrar cierta similitud entre el 2008 y 2020, en el azuce a la conflictividad con el sector que se autoproclama “el Campo”. Se habló mucho en 2008 de la incidencia de la confrontación del Gobierno Nacional con la Mesa de Enlace. Sin embargo, no hay claridad por el momento aunque muchos califican a las quemas como “intencionales”, aludiendo a otros móviles que no responden a los productores.

En el plano de las consecuencias de las quemas, hay mucha información disponible sobre la cuestión del Delta y en su vínculo con el problema de las quemas sólo basta acceder a Wikipedia. La falta de integración de las políticas provinciales y nacionales está en la base del problema y a partir de allí, daños e inequidades de toda índole que son moneda corriente en la realidad social y ecológica que se exponen en estas quemazones de grandes magnitudes. Es más, los escenarios del Cambio Climático dan cuenta que no sólo se repetirían estos eventos sino que aumentarían su frecuencia.

Como consecuencias de las quemas del 2008, surgen intentos de políticas de Estado entre los gobiernos de las tres provincias involucradas y la Nación. El PIECAS, un plan integral para todo el Delta, surge como un acuerdo de las partes. No era fácil su avance pero entre  2011 y 2014 se plasman documentos de relevancia. Luego, entre 2016 al 2020 se perdió toda continuidad. De manera similar se da el Proyecto Delta Sustentable para la Provincia de Entre Ríos, con intervención del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el BID. En 2016 se contaba con el proyecto desarrollado con base de participación ciudadana, institucional y académica muy importante, pero se esfumó toda intención y capacidad de instrumentación. Haremos una pregunta ingenua ¿Es sólo incapacidad para instrumentar políticas de Estado? ¿Es el problema de un federalismo amañado?

El 82% de la superficie del Delta es jurisdicción de Entre Ríos. Por eso, importa detenernos en los procesos en esta provincia. Luego del 2008, Entre Ríos con apoyo de la Nación lanza una serie de acciones de remediación. Una de ellas fue la Ley provincial del Fuego (Nº 9868) y se organizó el Plan Provincial de Manejo del Fuego con asignación de personal y especialización de un sector de la policía. Esta norma obliga a los terratenientes a tramitar autorizaciones para realizar quemas. Para ello se instrumentaron vuelos de aviones hidrantes y de inspección, junto con el Plan de Manejo del Fuego de la Nación, así como severas multas a los propietarios. Hubo resultados superadores pero, en los últimos años, esas operatorias declinaron y se dejaron de solicitar las autorizaciones para realizar las quemas.

Se puede ver con claridad que el Estado Nacional se retrajo en los últimos 4 años en la gestión del Delta, lo que implicó un desmembramiento de la articulación entre las administraciones provinciales al punto que se dejaron de hacer controles básicos. Esto no sólo ha tenido consecuencias en el tema de las quemas, sino en el avance de los grandes emprendimientos capitalistas con proyectos de “pampeanización”. O sea de conversión de los ecosistemas y de la ganadería extensiva, en agroecosistemas con intensificación de la ganadería y agricultura de altos insumos y forestación (soja, maíz, etc.). Casi siempre esa conversión conlleva el endicamiento o polder, un talud alto que protege el interior de la isla de la inundación. Lo mismo es aplicable a los barrios cerrados. En todos estos casos se requiere de grandes inversiones y los únicos que juegan son los grandes inversionistas.

Este proceso es especialmente fuerte en el Delta Bonaerense, y se observa discrecionalidad y desplazamiento de pobladores. Como expresa el grupo de investigación de Patricia Kandús, Natalia Morandeira y Priscilla Minotti,  de la Universidad Nacional de San Martín, “el problema entonces no es la ganadería en sí misma. No es el uso del fuego en sí mismo el factor a combatir, sino el modo en que se desarrollan las actividades y la forma discrecional en que puede utilizarse este disturbio como herramienta de manejo, particularmente sin poner en consideración al resto de los actores involucrados de la sociedad, con la sola percepción del interés de mercado y sin atención del ambiente”. No sólo desde la academia se plantea que el problema es político con su combinación con el “poder real”, en la misma línea los productores, los habitantes de las ciudades ribereñas, las oficinas de los estados y las organizaciones ambientales expresan la necesidad de “democratizar al delta”. Sólo el dato de que los gastos operativos (sin sueldos) de las administraciones del Estado suman unos 10 millones por día en tiempo de crisis económica, hambre y pandemia de COVID, nos pone en la cuenta de quién paga los platos rotos.

Discusiones de fondo

¿Cuáles son las salidas a estos problemas que abarcan a uno de los ambientes más ricos en biodiversidad de Argentina en el mismo epicentro de la urbanización y el desarrollo de la Argentina? Al calor del fuego se mezclan las discusiones de coyuntura con las de fondo. Así, en Entre Ríos el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes es la voz cantante y, esta última semana, es quien ha presentado un proyecto de ley, a través del Senado entrerriano, sobre la protección de las islas a modo de salvavidas. Esto irrita mucho a las organizaciones ambientalistas porque es un planteo más de pantalla, o “venta de humo” como suele decirse, que una propuesta seria. Además que este mismo funcionario, fue el autor de la Ley provincial Nº 10.092, también conocida como Ley Rodríguez Signes, que fue derogada a sólo dos meses de ser sancionada por la resistencia generalizada en tanto lanzaba la privatización de las 111.000 hectáreas que todavía son fiscales en Entre Ríos. Iniciativa concordante con las expectativas de los grandes capitales que tienen proyectos de pampeanización del Delta. En cierta manera, parecería que la pampeanización del delta se presenta como una salida a las quemas porque se erradicará al ecosistema natural y a sus pobladores.

Ya llegando al Día de la Pachamama, al humo se suma a un batifondo de denuncias institucionales y cientos de presentaciones de personas particulares con problemas de salud en Rosario, Victoria y ahora otras ciudades como Paraná. El hilo parece cortarse por lo más delgado y han comenzado a imputar a los ganaderos, aunque en el tono del Fiscal de Estado de Entre Ríos, parece que hay contemplación dadas las condiciones ecológicas propicias a la propagación del fuego. Al respecto, tanto funcionarios como brigadistas no ven que se pueda hacer mucho para parar los incendios, que si bien comenzaron como quemas (de ninguna manera son naturales) ya están a la buena de Dios y las responsabilidades vuelven a diluirse. Esperemos que llueva bastante, porque a la gruesa capa de suelo ardiendo no lo apaga una lluvia cualquiera.

En el fondo de la cuestión se combina el bajo cumplimiento e incierto de las normativas vigentes, la intermitente intervención y planificación de las instancias estatales, la falta de reglamentación de las leyes y su consiguiente falta de instrumentación. En la búsqueda de retomar una iniciativa política efectiva, las organizaciones ambientalistas proponen que se sancione la Ley de Humedales, la que tiene 5 proyectos alternativos, la mayoría presentado en este 2020. Una de las maneras de encarar la cuestión viene siendo la creación áreas protegidas. Se han presentado en presentado propuestas provinciales y también nacionales.

En este concierto, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, viene haciendo varios intentos de hacer pie con alguna de sus propuestas y ha gestionado la asignación de recursos para afrontar el incendio y una salida con un horizonte de mediano y largo plazo. Los planteos del Ministerio de Ambiente de la Nación apuntan a un desarrollo de la compatibilización de la producción diversificada, o uso múltiple, con la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Una de las iniciativas que desarrolló la Administración de Parques Nacionales, a pedido del Ministro Cabandié, son “los faros de conservación” que apuntan a la radiación de las acciones que se han recomendado en el PIECAS y otros planes desarrollados para el Delta.

En todo caso, las demandas de participación de la ciudadanía a través de las movilizaciones las movilizaciones y presentaciones, señalan un cómo volver a retomar la cuestión de fondo. Es hora que los productores, las organizaciones ambientales y las instancias estatales vuelvan a encontrarse en acuerdos efectivos e instrumentables. Por eso bregamos.

Área Ambiental – Fundación Germán Abdala